La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, empresa que estuvo vinculada a su familia.
La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a partir de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.
Los legisladores Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre a Alonso por haber dictado la resolución 2018-24 "cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades" a Macri, al exministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, según argumentaron.
En ese dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionario cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.
Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino -una empresa que estuvo vinculada a la familia Macri- tiene con el Estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.
El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda, pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda, ya que no se le aplicaban intereses, y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública.
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La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.
Los legisladores Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre a Alonso por haber dictado la resolución 2018-24 "cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades" a Macri, al exministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, según argumentaron.
En ese dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionario cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.
Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino -una empresa que estuvo vinculada a la familia Macri- tiene con el Estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.
El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda, pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda, ya que no se le aplicaban intereses, y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública.