Ley de Etiquetado Frontal: el Gobierno impulsa su derogación
La administración Milei busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros en alimentos y bebidas
El Gobierno nacional inició un proceso para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, lo que reavivó el debate sobre el uso de los octógonos negros en los productos alimenticios. Estos sellos advierten sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, y su eliminación busca implementar un nuevo sistema de información para los consumidores.
El debate en el Congreso
La propuesta ya se discute en el Congreso y generó opiniones divididas. Mientras la industria alimenticia, representada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), apoya la derogación, las organizaciones de salud pública y defensa del consumidor expresan preocupación por la posible pérdida de herramientas de información nutricional.
Carla Martín, presidenta de COPAL, argumenta que el sistema actual no permite diferenciar adecuadamente entre productos con distintos perfiles nutricionales dentro de la misma categoría. Según Martín, dos alimentos con diferencias significativas en grasas saturadas pueden tener el mismo sello de advertencia, lo que confunde al consumidor.
Críticas de la industria al etiquetado frontal
Martín también cuestiona la eficacia del etiquetado frontal para cambiar hábitos de consumo. Señala que muchos consumidores priorizan el precio y la educación alimentaria por sobre los octógonos. La industria, afirma, ya trabajaba en reducir nutrientes críticos y en autorregular la publicidad antes de la ley.
Otro punto del debate es la armonización de normas dentro del Mercosur. COPAL impulsa un sistema común de etiquetado que evite diferencias regulatorias y reduzca costos. Se menciona el modelo brasileño como una alternativa más flexible, aunque no hay consenso internacional sobre el sistema más efectivo.
Qué busca reemplazar la norma vigente
El desafío ahora es definir un esquema de transición que permita reemplazar la normativa vigente sin dejar un vacío regulatorio, asegurando que los consumidores sigan recibiendo información clara sobre la composición nutricional de los alimentos.