Llaryora promulgó la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos para reforzar la lucha contra el delito
La nueva normativa habilita la intervención de inmuebles utilizados para actividades ilícitas y destina bienes decomisados al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y programas de prevención
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una normativa que establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles utilizados como búnkeres, aguantaderos o vinculados a distintas actividades delictivas.
La ley, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención y recuperación de propiedades que funcionen como soporte para el delito o que, debido a su abandono y deterioro, representen un riesgo para la comunidad.
La norma aclara que el simple estado de abandono de un inmueble no será suficiente para justificar una intervención estatal, sino que deberá existir un riesgo concreto para la seguridad o evidencias de su utilización con fines ilícitos.
Medidas preventivas y participación judicial
Entre las acciones previstas se encuentran el tapiado, la clausura provisoria, el bloqueo de accesos, el cerramiento y la custodia preventiva de los inmuebles intervenidos. Estas medidas tendrán carácter temporal, con un plazo inicial de hasta seis meses, aunque podrán prorrogarse si persisten las condiciones que motivaron la intervención.
La legislación también determina que los casos donde exista ocupación efectiva de las propiedades, conflictos sobre la posesión o medidas de mayor alcance deberán resolverse por la vía judicial.
Además, incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067, permitiendo que los fiscales especializados soliciten a la Justicia la clausura de búnkeres utilizados para el narcomenudeo, la exclusión de personas vinculadas a las actividades ilícitas y, en situaciones excepcionales, la demolición total o parcial de las estructuras empleadas para la comercialización de drogas, siempre mediante una resolución judicial debidamente fundada.
Fondos para combatir el narcotráfico
La nueva legislación también crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales.
Otro de los ejes centrales de la norma establece el destino de los bienes decomisados en causas de narcotráfico. El 60% de los recursos obtenidos por su venta será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la FPA, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención, asistencia a víctimas y políticas públicas orientadas al abordaje de los consumos problemáticos.
Asimismo, la ley prevé que vehículos y otros bienes secuestrados puedan ser asignados judicialmente a la Fuerza Policial Antinarcotráfico y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para reforzar sus tareas operativas.