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Sanciones económicas de EE.UU. a Venezuela por la reelección de Maduro

El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los ciudadanos norteamericanos comprar acciones de la empresa PDVSA, la empresa petrolera estatal que está en crisis.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió ayer una primera andanada de sanciones económicas de Estados Unidos y el rechazo internacional tras su cuestionada reelección en comicios desconocidos por la oposición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a los ciudadanos de su país comprar obligaciones de deuda venezolana, incluida de la estatal PDVSA, en momentos en que el país petrolero está asfixiado por una profunda crisis económica.

Washington, que tilda de "dictador" a Maduro, había prometido más temprano "rápidas medidas económicas y diplomáticas", tras tildar de "farsa" la votación del domingo.

"Estas medidas van a estrangular a la economía venezolana y en particular al régimen", aseguró el internacionalista Carlos Romero.

Para el politólogo Luis Salamanca el "círculo se está estrechando".

El Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos) llamó a consultas a sus embajadores en Caracas, acordó "reducir el nivel de las relaciones diplomáticas" y actuar para bloquear fondos internacionales a Venezuela.

"No nos importa lo que opinen estos" países, precisó el jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, al denunciar una "agresión orquestada por Estados Unidos y la "derecha venezolana" para desestabilizar al presidente.

Ese bloque, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) habían adelantado que desconocerían los resultados apoyando a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que boicoteó los comicios por considerarlos una "farsa" para perpetuar a Maduro en el poder.

En contraste, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, sumándose a sus aliados Bolivia, Cuba, China y El Salvador, que pidieron respetar los resultados.

Maduro, de 55 años, tuvo 68% de sufragios contra 21% del exchavista Henri Falcón, quien consideró el proceso "ilegítimo" y pidió repetir la votación, acusando al Gobierno de "compra de votos" y de "chantaje" con los programas sociales.

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