Macron cuestionó a dirigentes internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, a quienes acusó de intentar obtener rédito político de los disturbios y saqueos registrados el sábado pasado durante manifestaciones en Francia. Además, advirtió que las autoridades impedirán el paso de quienes busquen provocar incidentes en las próximas convocatorias.
En paralelo, el primer ministro Sébastien Lecornu se reunió con representantes sindicales para intentar descomprimir el conflicto. Sin embargo, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, consideró insuficientes los resultados del encuentro y reclamó intensificar las medidas de fuerza.
“Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo”, sostuvo Binet. La dirigente señaló que el gobierno no presentó medidas concretas para atender las demandas de trabajadores y estudiantes y respaldó el paro convocado para el 5 de noviembre.
Por su parte, Cyril Chabanier, referente del sindicato CFTC, afirmó que Lecornu abrió la posibilidad de discutir el salario mínimo. También advirtió que el gobierno necesita adoptar medidas para reducir el malestar social.
Los Chalecos Amarillos buscan reactivar una campaña iniciada en 2018 contra el encarecimiento de la vida y la pérdida de poder adquisitivo. En esta nueva etapa, el aumento de los combustibles, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio, vuelve a ocupar un lugar central entre las preocupaciones de la población.
La crisis también plantea dificultades económicas para el Ejecutivo. Con una posición minoritaria en el Parlamento, el gobierno pretende avanzar con un ajuste fiscal en 2027 para sanear las cuentas públicas y transmitir confianza a los mercados, una estrategia que podría chocar con los reclamos de mayor gasto en servicios esenciales.
A seis meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Macron, la respuesta del gobierno a las demandas sociales se convierte en un desafío político central.
