La crisis llegó a Córdoba y se manifestó en el transporte. También Llamosas tuvo sus propias complicaciones con el servicio de recolección. La lectura política de una protesta inoportuna. Por: Marcos Jure.
El 12 de mayo hubo dos hechos; uno político, el otro geográfico. Aquel domingo, Juan Schiaretti obtuvo su reelección con el 57,37 por ciento, una cifra nunca alcanzada desde la vuelta de la democracia. Ese mismo día, cuando terminaron de contarse los votos, Córdoba dejó de ser una isla. Se integró al territorio y empezaron a afectarle los mismos males que al resto del país.
El primer síntoma externo del contagio se produjo hace horas, con la crisis del transporte; la Provincia, aquejada por una retracción de los ingresos por la crisis económica general, no alcanzó a cubrir el 100 por ciento de los fondos que destina cada mes a las empresas urbanas e interurbanas y los pasajeros se encontraron, en el umbral de un fin de semana largo y del inicio de las vacaciones de invierno, con un paro de choferes, que decidieron cortar el servicio cuando vieron que en sus cuentas sólo había ingresado una porción de sus salarios.
Del conflicto se salió temporariamente con una conciliación obligatoria pero quedó la constatación de que el sistema de transporte, así como funciona, es endeble, inestable y dependiente al extremo de la caja del Estado.
En lo político, volvió a introducir un elemento proveniente del kirchnerismo y que, según el discurso que venía sosteniendo el gobierno provincial, parecía ajeno al macrismo: la discriminación a Córdoba. El gobierno nacional, interesado como está en ser reelecto, acaba de destinar 4.000 millones de pesos para subsidiar el transporte en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40 por ciento de los votos, y definió dejar al resto del país a la intemperie.
El desplante agarró a Schiaretti en plena neutralidad para las presidenciales y en su intento por imponer la lista corta de diputados. La concentración de fondos para el transporte le causó daño al desatar el conflicto del transporte pero, a la vez, le restituyó la posibilidad de utilizar el argumento de que Córdoba necesita sus propios diputados para ir al Congreso a pelear por lo suyo.
En Río Cuarto, el gobierno municipal guardó un estricto silencio ante el paro del transporte, que afectó también al servicio urbano. La gestión de Juan Manuel Llamosas está actuando en consonancia con el Ejecutivo provincial y ha alineado su política de transporte a la que fijó el Panal y que venía preanunciando un conflicto que mostró su primer capítulo pero que está lejos del final.
Llamosas tuvo sus propias complicaciones. Había preparado un esquema de inauguraciones y festejos por sus tres años de gestión. Pero el día señalado, 2 de julio, se desayunó con que los empleados de Cotreco no estaban recolectando la basura normalmente porque el gremio reclamaba la incorporación de 12 trabajadores que habían cubierto vacaciones y sin los cuales, argumentaba, no podía prestar el servicio con eficiencia.
Si hay una imagen que es incompatible con un festejo es la de la basura en las calles. En el Palacio no se tuvieron en cuenta las complicaciones en la recolección como un evento fortuito. Nadie consideró que por azar hayan coincidido la protesta y el aniversario. Se dispararon las interpretaciones políticas y las sospechas.
Algunos concluyeron que se trató de una presión del gremio para obtener lo que suele conseguir cada vez que termina un período de vacaciones: hace medidas de fuerza para que quienes hicieron los reemplazos sean incorporados a la planta permanente. Pero esta vez, en plena crisis y con las cuentas al rojo vivo, el sindicato se encontró con una respuesta inusual: la empresa, a instancias del gobierno municipal, respondió que no. “Es la primera vez, nunca había pasado. Siempre se aceptaban los planteos del gremio”, se sinceró un allegado.
El jueves, con la intervención del Ministerio de Trabajo, volverá a haber una reunión en Córdoba para definir la situación en Río Cuarto. La empresa, en convocatoria de acreedores, no descartó que ingresen algunos empleados nuevos, aunque Horario Busso, CEO de Cotreco, aclaró que no deberá ser a través de la extorsión.
Esa declaración se topa con una definición de Llamosas: no quiere ni un empleado más. Río Cuarto ya paga cerca de 50 millones de pesos por mes por la higiene urbana y el intendente le esquiva a seguir sumando sueldos. Una salida en otra dirección implicaría que le torcieron el brazo.
Aunque hay también lecturas menos vinculadas con el servicio y la planta de personal. El Surrbac, manejado por el clan Saillén, es un gremio que actúa políticamente y que, a pesar de los tironeos y quejas, terminó integrando la lista del kirchnerismo con Franco, actual legislador e hijo del mandamás Mauricio, como candidato a diputado nacional.
Llamosas viene acompañando al pie de la letra la posición política que Schiaretti ha establecido para la pelea presidencial: el intendente no se inclina por uno ni por otro. Sólo acompaña la lista corta. En el gabinete creen que la protesta del Surrbac podría tratarse de un apriete para que se defina: de un aviso del kirchnerismo de lo que puede causar la neutralidad.
Por estos días, Llamosas se encuentra con presiones cruzadas. Hay sectores que le reclaman que haga como Martín Gill, intendente de Villa María, que impulsa la lista corta pero que no oculta su preferencia por los Fernández. Amenazan, incluso, con una represalia si sigue prescindente: unos hablan de una interna; otros postulan que, el año próximo, irán por fuera, con candidato propio. Este segundo grupo se topa con una limitación: el kirchnerismo no sólo es múltiple y caótico en Río Cuarto; además, carece de candidatos. Por eso, hay quienes blanden el nombre de Alberto Cantero como posible candidato por fuera.
Llamosas se ata a su equidistancia. Argumenta que su caso es diferente al de Gill porque el villamariense ya fue reelecto y tiene lazos históricos con el kirchnerismo. El intendente riocuartense señala que depende política y financieramente de Schiaretti y, además, que el electorado local no vería con simpatía un apoyo explícito a la fórmula kirchnerista.
De ahí que se refugie en la lista corta: prefiere la posibilidad de una interna a contrariar al riocuartense medio y a contradecir las disposiciones del gobernador.
Al llamosismo hay otro factor que le despierta preocupación: cómo el intendente ha ido quedando paulatinamente huérfano de dirigentes propios, leales a su conducción: el Tribunal de Cuentas está en manos de La Militante, así como el bloque de concejales y el Emos. La presidencia del Concejo Deliberante es conducida por el schiarettismo y el bloque se encamina, con la ida de Andrea Petrone a la Legislatura, a quedarse sin exponentes del llamosismo. Ahora, se suma la llegada ya confirmada de Marcos Farina, delasotista y también con vínculos con Adriana Nazario, al Ejecutivo como secretario de Políticas Sociales, un área que también supo conducir el ala más cercana al intendente.
Ven que se estrecha el ejercicio del poder, que Llamosas está resignando caudal propio para hacerse más vulnerable ante el resto de las líneas internas de un peronismo como el riocuartense.
Pero, después de que su esquema inicial quedara menguado, Llamosas parece haber abandonado una concepción grupal de la política y haberla reemplazado por una más personal, que combina confiar en su imagen ante la gente con un alineamiento absoluto con las disposiciones del gobierno provincial.
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