La incertidumbre genera ansiedad. Y la ansiedad precipita las acciones y apura los tiempos. Por eso la política cordobesa es hoy un combo de sobreactuaciones, de estrategias para sacar ventajas, aunque sean mínimas, de tentativas de posicionamiento. Nadie se está ahorrando ningún recurso, ningún atajo, cuando todavía faltan al menos 14 meses para que los cordobeses vayan a las urnas.
En el oficialismo la incertidumbre que impera está motivada por una cuestión capital: si el año próximo podrá conservar el poder que mantiene desde hace más de 18 años en una provincia que le ha dado a Cambiemos, pero más específicamente a Mauricio Macri, dos triunfos arrasadores consecutivos.
Ante esa situación, el peronismo cordobés está demostrando un comportamiento de manual: no se sentó a ver cómo lo despojan del gobierno sino que puso en marcha estrategias en varios frentes para conservarlo. Y es una actitud lógica y natural, casi constitutiva del ser humano: no es usual, menos aún en política, que se acepte con mansedumbre perder lo que se ha conseguido.
La gestión de Juan Schiaretti tiene sus principales fichas puestas en la acción de gobierno: en las obras públicas, los gasoductos, los puentes. Pero, a la vez, basado en los antecedentes más recientes y en las encuestas que encarga, se prefigura un escenario de altísima complejidad para el año próximo y, por lo tanto, está usando los resortes que tiene a su mano como oficialismo.
En ese marco hay que entender los proyectos de reforma política que Unión por Córdoba apura en la Legislatura y que aprobaría el próximo miércoles. En el schiarettismo reconocen que son parte de una estrategia electoral, que los proyectos tienen como objetivo alimentar las chances del oficialismo y afectar las de la oposición, pero argumentan que no están basados en ningún forzamiento de las leyes sino en el uso de instrumentos perfectamente legítimos.
Son tres iniciativas con destino de polémica.
En general, desde 2001, cada gobierno en Argentina ha ensayado algún intento de reforma política, más o menos profunda, porque interpretó que así respondía a un mandato social. Pero atender esas demandas suele entrar en confrontación posteriormente con las necesidades propias y con las herramientas para sostenerse en el poder.
El primero de los proyectos que se aprobarán en Córdoba debe ser analizado en función del segundo. Se trata de la denominada “doble candidatura”, que establece que quienes sean candidatos a gobernador también podrán encabezar las listas de legisladores. Así, el oficialismo espera que crezca el número de competidores por la gobernación y que, como consecuencia, se disperse el voto opositor.
La “doble candidatura” puede serle funcional al gobierno pero también le introduce una imposición: el schiarettismo, que batalla permanentemente contra cualquier posibilidad de unidad con el kirchnerismo a nivel nacional, deberá convencer a los integrantes de esa fuerza que en Córdoba lo más recomendable es ir juntos. Si bien el kirchnerismo está en fase residual en la provincia, el contexto general para 2019 le sube las acciones: un candidato a gobernador que coseche 5 o 6 puntos puede ser definitorio.
El schiarettismo asegura que el segundo proyecto, el que modifica el financiamiento de las campañas electorales, no persigue intenciones adicionales y que está motivado por dos razones: la respuesta a un reclamo popular y, además, la necesidad de sincerar el costo de la política. “Ya la gente no admite que digamos que se gastaron 10 en una campaña cuando fueron 100”, indicaron en el oficialismo. Por eso, la decisión es que los gastos electorales sean afrontados en gran parte por el Estado, que aportará 100 millones de pesos en 2019.
De ese total, el 30% será repartido de manera equitativa entre todas las fuerzas que participen de la elección y el 70% restante de acuerdo a los votos obtenidos en los anteriores comicios.
A diferencia de lo que sostiene el schiarettismo, sí existe intencionalidad en la reforma del financiamiento. La clave, en este punto, es la necesidad de visibilización. Si con el proyecto de la “doble candidatura” se apunta a incrementar la cantidad de postulantes opositores, a la vez es imperativo que las propuestas de esos candidatos lleguen a la gente. Y la vía es la publicidad. Cuanta más exposición tengan los opositores que no vayan en Cambiemos, más posibilidades habrá de que cosechen algún punto más.
Por último, el tercer proyecto es el que desató en la última semana las principales quejas de los aliados al macrismo. Se trata de la intención de modificar el plazo para fijar y anunciar la fecha de la elección.
Actualmente, después de que el propio Unión por Córdoba lo impusiera en 2016, el gobernador debe hacer público el cronograma electoral a más tardar el 1 de marzo. El argumento era que, así, se le daba más previsibilidad al calendario y se le atenuaba al oficialismo la potencialidad de especular con la fecha.
En este punto se ve con más elocuencia la contradicción entre las reformas que se aplican para transparentar la política y las necesidades fácticas posteriores.
El oficialismo sostiene públicamente que la posibilidad de estirar un mes el anuncio de la fecha surge casi como una respuesta a la actitud que está teniendo la oposición. “Ahora, volvemos a la situación anterior: las campañas no podrán durar más de 90 días. Si no, Cambiemos te somete a este desgaste permanente que está generando ahora y no te deja gobernar”, indicaron en el schiarettismo.
Pero, como está ocurriendo actualmente, si los tiempos electorales deben adelantarse por las razones que sean, ocurrirá aunque el calendario electoral no lo habilite. Lo que en realidad persigue el oficialismo es ganar para sí esos 30 días: por un lado, para reservarse la sorpresa y evitar, por ejemplo, que Ramón Mestre pueda pegar la elección de Córdoba capital a la provincial; por otro, para sondear durante un mes más el inestable escenario nacional y poder decidir cuál es la fecha más adecuada.
Desde Cambiemos han cuestionado duramente a Unión por Córdoba por atentar contra la institucionalidad y las leyes. Sin embargo, también la estrategia de ese polo opositor, al menos de una parte de él, está asentada sobre la institucionalidad y el aprovechamiento de esa posición. ¿Qué es, si no, la actuación de Mestre reclamando por más fondos para su municipio y para los del foro de intendentes radicales? Si el radical no dispusiera de la institucionalidad que le otorga ser intendente de la ciudad más importante de Córdoba, no podría ejercer el reclamo ni usarlo para obtener visibilidad y erigirse en la principal figura opositora a Schiaretti.
En Cambiemos también impera la incertidumbre pero motivada por otras razones. Principalmente, por la indefinición sobre un aspecto fundamental: quién será el candidato. Como Macri los habilitó a todos, ese frente opositor es hoy un muestrario de codazos, en el que los potenciales postulantes intentan imponerse por sobre los demás. Ahí están Mestre pidiendo por fondos y tildando al gobernador de emperador, en una pelea destinada a terminar en la Justicia, o Héctor “La Coneja” Baldassi asegurando que Córdoba está inmersa en un feudalismo maquillado. Son sólo dos ejemplos de actitudes de sobreactuación.
En el peronismo admiten que la denominada reforma política que saldrá en horas de la Unicameral nació para robustecer sus propias fortalezas en un escenario que podría no serle precisamente favorable pero también para tratar de explotar las debilidades que ostenta el adversario y que pasan, más que nada, por la falta de cohesión que hoy muestra Cambiemos.
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