Los gobernadores ya analizan la posibilidad de emitir cuasimonedas para pagarles a los proveedores y a los empleados. Con fuertes problemas de liquidez, sostienen que están al límite. Por Marcos Jure
Las crisis suelen fijar imágenes en la memoria colectiva. No debe haber argentino adulto que no recuerde el corralito o las cuasimonedas que se emitieron en 2001, cuando en la calle no había un peso y que las provincias se vieron forzadas a inventar como una salida para evitar la parálisis total. Había bonos de todos los colores y denominaciones, desde los patacones a los Lecor, que Córdoba lanzó para pagarles a los proveedores y a los empleados y que eran de un papel tan grueso y ordinario que si se los doblaba muchas veces solían partirse en dos.
Un bono provincial es un síntoma de descalabro en el país. Porque el Banco Central pierde el monopolio del manejo de la política monetaria de la Nación y cada gobernador lanza su propio simulacro de moneda, que vale de acuerdo a la confiabilidad que puede ostentar cada provincia.
Ese fantasma ha vuelto a instalarse ahora que la recesión está golpeando fuerte y que el principal inconveniente es la escasez de liquidez. Hay un faltante de pesos en circulación y las administraciones no poseen los fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. Primero, decidieron estirar los pagos principalmente a los proveedores. Sin embargo, ahora que la Nación decidió eliminar el IVA a los alimentos básicos y reducir la recaudación del impuesto a las Ganancias, esa situación compleja se tornó límite.
“Las cuasimonedas son una posibilidad cierta. Cuando escuchás a gobernadores decir que no tienen para pagar los sueldos, es un aviso. No van a dejar que se incendien sus provincias y con algo van a pagar. De ahí a los bonos hay un paso”, indicó un referente del PJ.
En la reunión que los mandatarios provinciales tuvieron en los últimos días en Buenos Aires, en el CFI, esa alternativa sobrevoló las conversaciones. Más que nada porque existe escepticismo sobre las chances de que el gobierno de Mauricio Macri revise su postura y compense a las provincias por la pérdida de 30 mil millones de pesos que implicarán para los mandatarios las medidas de alivio que se lanzaron a las apuradas después de que Alberto Fernández se impusiera en las Paso por más de 15 puntos y el macrismo descubriera que la crisis había desatado un profundo malestar en un sector de la población, sobre todo la clase media, que hasta hace dos años lo apoyaba.
La primera vía que sondearán los gobernadores será la del amparo judicial, pero de ahí al desembolso urgente para que puedan afrontar sus pagos hay una distancia no menor. “Hay provincias que están muy complicadas. Esas son las que pueden a empezar con los bonos”, señalaron fuentes del PJ.
¿Y Córdoba cómo está? Según aseguran desde el Panal, la situación de la administración schiarettista es más sólida y se tomaron previsiones. Sin embargo, los bonos no se descartan como salida de emergencia si la escasez de dinero y la caída de la coparticipación y la recaudación siguen como hasta ahora.
En Córdoba, sostienen que la emisión de cuasimonedas no necesariamente es un indicio de mala administración. Porque lo que impera es un problema de liquidez; es decir, un gobierno puede estar en equilibrio pero si no recauda y no ingresan fondos, entonces no posee los pesos, ni puede emitirlos, para afrontar los gastos diarios. “Podemos aguantar algunos meses, pero no mucho más”, advirtieron.
La amenaza es real y constituye además un mensaje hacia la Nación. Porque las bonos son una prueba de desquicio monetario absoluto e implicaría otro golpe más para la administración de Mauricio Macri e introduciría un ruido adicional, a los muchos que ya existen, en la relación con el FMI.
Para los gobernadores, y por extensión para los intendentes, la falta de liquidez es alarmante. “Estamos monitoreando la situación día a día. No se puede planificar nada. Las prioridades absolutas que tenemos hoy pasan por pagar los sueldos y darle de comer a la gente”, graficó un funcionario cordobés.
Esa misma crisis se traslada a los municipios, que reciben la presión para dar asistencia básica a las familias que no alcanzan a comprar los alimentos que necesitan. La semana pasada, el gobierno de Juan Manuel Llamosas consiguió evitar el corte total de la entrega de carne porque el proveedor reclamaba que le pagaran aunque sea una parte de la deuda de 3 millones de pesos.
Al Municipio entran menos fondos por recaudación y coparticipación pero, por otro lado, la realidad empuja la suba del gasto. Porque más familias requieren asistencia y porque los proveedores aceptan cada vez menos las ventas a plazo y exigen que los pagos sean al contado.
En ese contexto traumático arrancará, además, una campaña electoral. El rotundo triunfo de Fernández generó reacomodamientos y está disparando novedades dentro de Córdoba.
Ayer, la hija de José Manuel de la Sota, Natalia, que es legisladora electa, se reunió con el candidato del Frente de Todos y divulgó el encuentro en las redes sociales. El propio Fernández, en un tuit, mencionó el legado del exgobernador y señaló que Córdoba estará integrada al país. La foto es una señal más del movimiento interno que se está produciendo en el peronismo y que presiona para que exista un pronunciamiento claro de Schiaretti. Para los próximos días está previsto que Fernández llegue a Córdoba y se reúna con el gobernador. La pretensión del oficialismo provincial es que en ese encuentro el candidato a presidente asuma algunos compromisos, como por ejemplo la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Por lo bajo, se admite en el PJ lo que el villamariense Martín Gill expresó públicamente: que la mayoría de los intendentes harán campaña por la fórmula Fernández-Fernández y que el objetivo en Córdoba, donde perdió por paliza, es que el Frente de Todos llegue a los 40 puntos. La incógnita, en ese marco, es cuál será el límite de la neutralidad de Schiaretti.
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