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Gill negó que haya quedado cuestionado el poder de policía

El jefe comunal señaló que desde el espacio de comercialización no se respetaron “las normas básicas de seguridad” y defendió lo actuado hasta el momento. Continuan “los trámites administrativos y judiciales”

El intendente Martín Gill negó ayer que con la situación que se planteó a partir de la apertura del espacio de comercialización conocido como “La Saladita” haya quedado cuestionado el poder de policía del Municipio.

“El poder de policía está plenamente en vigencia. Esta es una situación inescrupulosa de quien desoyó las normas básicas. Acá nadie ha inhabilitado, sino que lo que nosotros hemos planteado es la presentación de la documentación como cualquier otra actividad comercial que debe ajustarse a los parámetros de seguridad, salubridad y de igualdad en el ejercicio comercial, y ésto es lo que hemos pedido”, precisó. Señaló que la primera intimación “tuvo que ver con eso” a partir de conocer la dinámica que iba a existir en el predio de ruta 158. 

“Nunca se presentó, por eso la clausura fue preventiva hasta que se presentaran estos elementos, más teniendo en cuenta que está al lado de una planta de depósito de gas, que lo prohíbe la normativa vigente, porque si sucede algo la responsabilidad es muy grande y puede ocasionar enormes daños, y está en una curva de una ruta nacional que se cobró vidas en el último mes, sin ni siquiera una playa de estacionamiento”, describió.

Señaló que no se respetaron “las normativas básicas de seguridad” y apuntó que por eso el Municipio actuó y lo hizo “enérgicamente”.

Advertido de que a pesar de las clausuras el lugar volvió a funcionar el fin de semana, indicó que “ésto seguirá su curso”. Y añadió: “No tenemos las fuerzas armadas para ingresar, pero sí tenemos la regulación y se labraron todas las actuaciones y se han hecho todas las presentaciones”.

Gill ratificó la competencia del Municipio local ante el requerimiento de la Comunidad Regional San Martín. Recordó que esta no es la primera vez que hay un pedido de ese tipo y se quejó por la aparición de otros organismos “que  no tienen nada que ver”, en referencia al Juzgado de Paz de Las Mojarras, que no tiene “competencia ni atribuciones” para habilitar el funcionamiento del espacio.  Dijo que “es una barbaridad” que un Juzgado de Paz haya autorizado el funcionamiento, más en una situación en la que está en juego “la seguridad de las personas”.

Gill también defendió al comercio local. Admitió que acuerda con la promoción de “instancias de comercialización que favorezcan la economía popular”, pero aclaró que “tiene que ser con igualdad de condiciones, y este es un momento muy difícil para la actividad comercial, como para ir con una competencia desleal con quienes con enorme esfuerzo generan trabajo todos los días y están todos los días”. Aclaró que quieren “igualdad en la actividad”, con lo cual “si los productos son lícitos y eso se demuestra, si se cumple la normativa impositiva, si se toman las medidas que puede tomar cualquier otro comercio, puede funcionar sin ningún tipo de inconvenientes”. Sí advirtió que el predio sobre ruta 158“no es el lugar adecuado porque está en riesgo la vida de la gente”.

En relación con lo actuado hasta el momento, afirmó que tuvieron la colaboración “permanente de la Policía de la Provincia”, señaló que estuvo en contacto con el ministro y con el secretario de Seguridad, Adolfo Mosquera, a la par que contó que ante la rotura de la faja de seguridad se dio “intervención al Poder Judicial, por lo tanto, hay cuestiones que las deben resolver ellos en el ámbito de su competencia”.

Gill ratificó que si se desoye la medida de clausura, se continuarán “los trámites administrativos y judiciales”, y confirmó que hasta ese momento desde La Saladita no se había presentado ninguna documentación.



Mariana Corradini.  Redacción Puntal Villa María

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