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Aplican por decreto la extinción de dominio para casos de corrupción

Lo anunció el Presidente, quien explicó que el objetivo es que la Justicia avance más rápido en la recuperación de los bienes. También se implementará para recursos provenientes del narcotráfico y el crimen organizado

El presidente Mauricio Macri anunció ayer que a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) implementará la extinción de dominio para los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, luego de que la iniciativa quedara trabada desde hace años en el Congreso por falta de acuerdo con la oposición.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario señaló que el objetivo de la medida es que "la Justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación" de bienes adquiridos como consecuencia de actividades delictivas y tendrá retroactividad de 20 años, con lo cual la extinción de dominio se podrá aplicar desde hechos cometidos en 1999 hacia adelante, indicaron voceros oficiales.

En materia civil

Esto último será posible debido a que el decreto, que aún no había sido difundido, avanzará sobre "materia civil", mientras se desarrolla el proceso penal contra aquella persona procesada por delitos de corrupción, detalló el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien acompañó a Macri durante el anuncio.

"Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado", remarcó Macri sobre las idas y vueltas que tuvieron los proyectos que el oficialismo impulsó en la materia durante los últimos años.

El Presidente señaló que el dinero recuperado se podrá utilizar para construir "escuelas, cloacas", y también "subastar" los "campos, casas, barcos, autos y obras de arte" provenientes de estos delitos.

"En Argentina, el que las hace las paga", enfatizó el mandatario nacional, en un breve anuncio en el que insistió en que "los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron".

Por su parte, Garavano aclaró que este DNU se diferencia de proyectos de extinción de dominio presentados antes, como el que se trató en el Senado, ya que "es enteramente civil" y que se creará una "Procuraduría Civil" para impulsar los procesos en esta materia.

"La impugnación que se podría plantear (contra el DNU) es si se avanza sobre la materia penal, pero este proyecto avanza en lo civil, ya que el Poder Ejecutivo está autorizado y fue muy cuidadoso de no hacerlo en lo penal", precisó en declaraciones a la prensa tras el anuncio.

Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó que el DNU permite que un juez civil "determine que esos bienes no los puede tener" un delincuente, independientemente de los procesos penales.

"Todos los DNU entran al Congreso. No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a quienes le roban a la gente", subrayó Bullrich, luego de que fracasaran los intentos de aprobar el tema en el Parlamento.

Qué puede ocurrir

Según la ley, una vez dictado y publicado en el Boletín Oficial, el DNU presidencial ya tiene plena vigencia, salvo que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso, mientras que antes la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo debe pronunciarse pero no sobre el contenido sino sobre la validez del DNU.

La extinción de dominio significa que una persona con activos obtenidos por medio de un delito deja de ser el dueño de los bienes que ha robado al Estado.

De acuerdo a cálculos oficiales, existen unos 20.000 millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

La normativa penal vigente permite embargar, secuestrar y decomisar bienes mal habidos pero los corruptos siguen siendo sus dueños y al Estado se le complica poder hacer algo con ellos.

Según el proyecto que se había tratado en Diputados, sólo con una imputación cualquier fiscal puede pedirle a un juez civil que dicte la extinción de dominio, que puede resolverse sin que haya sentencia penal, es decir, con la sola sospecha de que una persona le robó al Estado.

En cambio, el proyecto del justicialismo aprobado por el Senado establece como condición para habilitar la extinción de dominio que haya una condena penal confirmada al menos en segunda instancia.

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