A los médicos y clínicas, se suman ahora los bioquímicos en alerta

La salud en su conjunto está atravesando un delicado estado de situación por los coletazos económicos de una crisis que avanza y dificulta ya a sectores sensibles.

Mediante un tajante comunicado, los bioquímicos de la provincia remarcaron que “las distintas entidades que agrupan a los 700 laboratorios privados de análisis clínicos y a 1.700 bioquímicos de toda la provincia de Córdoba hacen saber que, si no se modifican en breve las medidas que afectan gravemente su funcionamiento, en pocos días no podrán brindar más sus servicios”.

Así lo dieron a conocer en un comunicado la Federación de Bioquímicos de Córdoba (Febico), el Colegio de Ciencias Bioquímicas de Córdoba, la Asociación de Bioquímicos de Córdoba, el Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto y Bio Red SA.

“La devaluación del peso, los aumentos indiscriminados de los insumos médicos (entre el 22 y el 30 por ciento solo en los últimos días), la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica (UB) y la demora excesiva en el pago por parte de las obras sociales y entidades prepagas (aproximadamente entre 60 y 90 días de realizada la prestación) ponen a la actividad bioquímica en una situación de enorme inestabilidad y precariedad”, detallaron a la hora de analizar el cuadro de situación.

Un plus de $ 3.000

“Entre otras, consideramos como una medida extrema y transitoria que nos permita continuar trabajando, solicitarle al paciente un copago de tres mil pesos por cada pedido médico, hasta tanto este escenario se modifique”, indicó Carlos Navarro, titular de Febico.

El directivo admitió que, de continuar profundizándose la actual situación “en quince días peligrará la prestación de análisis” y explicó que han enviado a las obras sociales un pedido “de actualización del valor de la unidad bioquímica y acortar el plazo de pagos de las prestaciones a 30 días de presentada la facturación correspondiente”. Por ahora no hubo respuestas en ese sentido y el tiempo corre, advirtieron.

Pero los bioquímicos no fueron los únicos que elevaron la voz. Primero fueron los médicos, con un planteo similar y un anuncio de que comenzarán desde mañana a aplicar un plus de entre 1.200 y 2.200 pesos por paciente hasta tanto las obras sociales y prepagas actualicen sus valores. Del otro lado, ya se había planteado, muchos de los clientes de las prepagas estaban migrando por el abultado costo de la cuota mensual que se incrementa todos los meses. En una punta de la cadena, el costo de la salud es muy elevado para los pacientes que buscan cobertura; y del otro, hay planteos y reclamos por montos insuficientes que se reciben por cada prestación.

En ese sentido, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Córdoba puso “en conocimiento de las autoridades y de la comunidad en general que desde el día lunes -de la semana pasada- no han podido adquirir los insumos, descartables y medicamentos de uso habitual en las sus clínicas y sanatorios”, indicaron mediante un comunicado de la cámara sectorial.

“Que además del desabastecimiento existente, lo que pone en riesgo la atención de la salud de la población en el corto plazo también es que se han producido aumentos desmesurados que ponen en serio riesgo la actividad de las instituciones que se ven imposibilitadas de funcionar en esas condiciones”, explicaron.

Además, explicaron luego cómo están funcionando con respecto a algunos insumos: “Recibiendo muy pocos insumos y en muchos de los casos sin precio determinado (entrega solo con remito sin saber el precio de compra pero percibiendo las prestaciones efectuadas en mayo). El desabastecimiento denunciado se suma al desfinanciamiento preexistente, los plazos prolongados para percibir las prestaciones brindadas y el costo de elevado de la prestación en muchos casos brindados por debajo del mismo”, indicaron las clínicas y sanatorios de la provincia, un planteo que escaló también a nivel nacional.

“El sector necesita del financiamiento inmediato, ya que es una actividad que no admite ‘stockearse’ o frenar la actividad hasta tanto el panorama esté claro como hacen quienes proveen los insumos médicos. Los pagos de las prestaciones se producen, como mínimo, a los 90 días de realizada la prestación, evaluando el traslado de dichos costos al beneficiario de la prestación con el llamado pago de bolsillo, para poder así intentar garantizar la continuidad de la atención médica, la que puede verse afectada si las condiciones de abastecimiento no se restablecen o si los ingresos de las instituciones no son suficientes para el pago de los costos”, señalaron en la misma línea que los médicos y los bioquímicos.