La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo de Villa María admitió el recurso de amparo colectivo presentado por el Centro Vecinal del Barrio Palermo en torno a la construcción del Amalfi.
Asimismo, el mismo 28 de julio emitió una medida cautelar dirigida a la Municipalidad de Villa María con la finalidad de que la obra sea detenida por los próximos 6 meses.
En torno a esto, el abogado que representa al Centro Vecinal, Lisandro Caronni aseguró que el Ejecutivo local fue notificado en dos oportunidad “y hasta ahora nada cambió”.
Asimismo, garantizó que está en trámite la solicitud de nuevas medidas a la Justicia. Al respecto, expuso: “Creemos que van a salir, no lo podemos asegurar y podría ser la próxima semana. Por el momento podemos decir que Tribunales esta siendo muy eficiente”.
Asimismo, el juicio por la demanda en contra del Municipio y de Nicolás Bertello, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Amalfi I, esta en marcha con el número de expediente 10121566.
Por otro lado, fuentes revelaron que están trabajando sobre la segunda torre que incluye el proyecto del Amalfi I.
Cautelar
Sobre la medida, Caronni explicó que los magistrados, Augusto Camissa y Sebastián Monjo, observaron y analizaron los fundamentos entendiendo que existen motivos por los cuales solicitar una medida cautelar, por eso, la otorgaron.
En este caso, describió que, “para que el daño no sea aún mayor” la cautelar es no innovar, “quiere decir que no se puede modificar las circunstancias hasta tanto el juicio no se resuelva”.
En este sentido, reveló que la medida fue ordenada al Municipio de manera tal “que de inmediato impida la prosecución de toda construcción e iniciación de obra nueva en el terreno cituado en las calles Garay y Avenida Costanera en la propiedad inscripta en el Registro General de la Provincia”.
El motivo, según Caronni y los vecinos, es que parte de la construcción llevada a cabo esta sobre “la franja de 35 metros que se conforma a partir de la línea de la ribera del río”.
“Esto se notificó inmediatamente a la Municipalidad el día 2 de agosto. No cumplió, los jueces le volvieron a requerir que cumpla mediante otra resolución, que se la notificamos el día 10 de agosto. Hasta el día de hoy siguen sin cumplir”, declaró el letrado.
Asimismo, expuso que la cautelar es “una predicción”, quiere decir que por seis meses debe ser detenida la obra, transcurridos este plazo los jueces pueden prorrogar o no, hasta resolverse el juicio.
Amparo
En torno al amparo ambiental, Caronni señaló que le solicitan a la Justicia “que todo lo que esta hecho en violación a la norma, en este caso la prohibición de tener una construcción dentro de la línea de la ribera , sea corregido”. “Si nos hace lugar al finalizar el juicio, debería ordenar la demolición de la obra”, afirmó.
Asimismo, destacó: “Entiendo que nuestro pedido tiene una base legal importante, prueba de ello, se puede entender que los jueces han hecho lugar a la medida cautelar”. Además agregó que los amparos colectivos ambientales requieren de bastos requisitos para que sean admitidos.
“Los jueces entendieron que están cumplidas las formalidades para que el juicio comience, nos han hecho lugar a la medida cautelar. Con eso nos dan a entender que nuestro pedido no es descabellado”, ratificó.
Centro Vecinal
Desde el Centro Vecinal aseguraron que “es una obra mal autorizada por el Municipio “ debido a que “no se respeta la línea de la ribera definitiva”.
En un primer momento en mediados del 2018 los vecinos ya rechazaron el proyecto inmobiliario.
Denuncian que fue autorizado sin la delimitación definitiva de la ribera del río, es decir, con una provisoria.
Las mediciones por parte de Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) llegaron cuando el edificio ya estaba avanzado.
Los vecinos afirman que la línea definitiva trazada por el organismo provincial es superada, estableciendo “que el edificio da el 80% dentro de esta ribera definitiva”.
“Esa zona, por la ley provincial 10.335 no se pude ocupar por ninguna propiedad”, señalaron los vecinos y agregaron: “Lo que sucedió es que para corregir ese error se llevó adelante una ordenanza que es la 7.511 donde autorizan a terminar el edificio y desde ahora se comenzará a respetar lo que dice la ley del año 2016”, remarcaron.
Por ende, sostienen que “no es lo correcto”, motivo por el que presentaron el recurso de amparo ambiental y la Justicia dio lugar.
En torno al proceso judicial, alegaron: “Estamos contentos porque es de los pocos recursos de amparos presentados por vecinos”.
Asimismo, fundamentaron que ven “lo mal que estuvo la autorización que tuvieron (Municipio) que hacer una ordenanza para terminar la construcción de edificio”. “Una normativa municipal no puede estar por encima de una provincial”, ratificaron.
Asimismo, denunciaron que las acciones en torno al proyecto estuvieron mal desde el comienzo, iniciando por el Usucapión llevado a cabo por la escribana Alcira Espila donde el Ejecutivo no llevo a cabo una línea definitiva de la ribera.
“Como Centro Vecinal vamos a trabajar para que lo demuelan, no vamos a permitir que construyan un edificio en un espacio público como lo es la línea de la ribera”, garantizaron.
Memoria
Mediante una Usucapión la escribana Alcira Spila obtuvo el terreno en el que hoy se lleva a cabo la edificación del proyecto Amalfi I. La profesional dio a conocer que en diciembre del 2017 lo vendió al Grupo Fonte.
Fuentes aseguran que el primer error por parte del Ejecutivo fue no expropiar una parte para trazar una calle por el medio del terreno. Asimismo, revelaron que se realizaron bastos estudios y análisis sobre el impacto ambiental del proyecto.
El malestar de los vecinos al conocer sobre el Amalfi comenzó a dar frutos y a mediados del 2018 hicieron oír. Los mismos comenzaron a entregar notas, recolectar firmas y presentarse ante el Municipio por los daños ambientales que la construcción provocaría.
La Municipalidad de Villa María da la autorización para que el edificio se construya, basados en los planos, en la línea de ribera provisoria y el cumplimiento de la obra respecto al Código de Edificación.
En agosto del 2020 fue decretada la detención de la obra debido a que la línea definitiva de APRHI revelaba que la construcción sobrepasaba la misma.
En septiembre del mismo año, Grupo Fonte presenta un recurso de amparo el cual fue rechazado a finales de noviembre por los jueves de la Cámara Civil quienes no dudaron de la legitimidad del decreto emitido por el municipio.
El detalle del decreto, según las fuentes de este matutino, fue que no se estableció una línea de ribera definitiva, por lo que, la autorización para seguir la construcción fue válida. Además, porque respetaba el Código de Edificación.
A raíz de esto se llevaron a cabo comisiones para evaluar el desarrollo de la obra. Uno de los dictámenes, habría sido recurrir a la Justicia para que llevara a cabo una medida declarativa de certeza, puesto que, se trata de dos intereses contrapuestos: los inversores que desean construir y los vecinos que no desean la obra. No se concretó y la decisión fue llevar a cabo una ordenanza en la que se previeran estas situaciones a futuro.
En este marco, fue aprobada por mayoría la ordenanza 7.511, dado que el Bloque Vamos Villa María no acompañó (Romeo Benzo, Natalia González, Karina Bruno, Luis Caronni y Carlos Primo).
La misma establece que todos los edificios todas las construcciones y/o operaciones de agrimensura que se encuentren finalizadas o en ejecución al día de la fecha, que linden con el río Ctalamochita y/o avenida Costanera, y cuyo permiso de construcción se haya otorgado con una línea de ribera provisoria visada por la APRHI, podrán continuar. De ahora en más deberán respetar la línea definitiva.
Otras medidas
Fuentes judiciales confirmaron que son medidas que van aumentando su gravedad a medida que pasa el tiempo, en la mayoría de los casos.
Por ejemplo, una puede ser aplicarle multa tanto al intendente como a la Municipalidad, con un aumento progresivo significativo a medida que pasa el tiempo.
Otra puede ser remitir los antecedentes al fiscal en lo penal, ya que al intendente s elo obligó a detener la obra y aún no cumplió.
Una más, es la clausura de la obra y que la Justicia le ordene al fidecoimiso cumplir ellos con la orden de detener el avance de la obra.