Condenan a Meta a pagar 567 millones de dólares por daños a la salud mental de niños y adolescentes
Un tribunal de Nuevo México responsabilizó a la empresa por los efectos de Facebook e Instagram sobre los menores y ordenó implementar nuevas medidas de protección en sus plataformas
La empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram, fue condenada por un tribunal del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, a pagar 567 millones de dólares por los daños ocasionados a la salud mental de niños y adolescentes a través de sus plataformas digitales.
El fallo judicial determinó que la compañía generó una "molestia pública" en el estado y estableció una serie de medidas obligatorias destinadas a reforzar la protección de los usuarios menores de edad.
Entre las disposiciones impuestas se encuentran la implementación de límites mensuales de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restricciones en el envío de notificaciones, controles más estrictos para impedir el contacto entre adultos y menores, mayores resguardos en los chatbots de inteligencia artificial y un sistema más riguroso para revisar denuncias relacionadas con abuso sexual infantil.
La sentencia corresponde a la segunda etapa del proceso judicial iniciado contra la empresa. En marzo, durante la primera fase del juicio, un jurado ya había determinado que Meta incumplió la legislación estatal de protección al consumidor al presentar como seguras para los menores herramientas y funciones de sus redes sociales. En aquella instancia se le impuso una sanción civil de 375 millones de dólares.
Tras conocerse la resolución, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sostuvo que el fallo representa "una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro".
Desde Meta, en tanto, un portavoz rechazó la decisión judicial y aseguró que la compañía continuará defendiendo su postura. A través de un comunicado, afirmó que la empresa mantiene su compromiso con la seguridad de los adolescentes y consideró que las acusaciones "tergiversan los hechos".
El caso se suma a una serie de demandas impulsadas en distintos estados de Estados Unidos que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, así como las políticas de seguridad implementadas por las principales plataformas digitales.