“Argentina atraviesa una situación de crisis, sobrepoblación y hacinamiento de la población carcelaria incluso antes de la emergencia del Covid-19. Ante las intervenciones de la Secretaría de Derechos Humanos en este tema, Amnistía Internacional presentó dos pedidos de acceso a la información pública ante esa Secretaría y también a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación para conocer los criterios de intervención de ambos órganos de derechos humanos en el contexto del coronavirus y el impacto en las cárceles del país”, indicó la organización a través de un comunicado.
Recordaron que desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación por la situación de las personas privadas de su libertad en el actual contexto de pandemia y que convocó a los Estados de la región a evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas para los internos considerados en grupo de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes están prontas a cumplir condena.
Amnistía Internacional señaló que en los últimos años (2015 a 2017) “de acuerdo a información de la Procuración Penitenciaria, la población privada de su libertad en el país creció un 23%”, indicaron y agregaron: “Al 20 de abril de 2019, en el sistema penitenciario federal se encontraban detenidas 14.157 personas, excediendo en más de un 15% la capacidad. Debido a esta situación de sobrepoblación, el Ministerio de Justicia de la Nación tuvo que declarar en marzo de 2019 la emergencia penitenciaria por 3 años”.
“A la ya de por sí compleja y alarmante situación de sobrepoblación y el hacinamiento vigente en las cárceles argentinas, se suma ahora la emergencia sanitaria y, con ello, la necesidad de articular una respuesta coordinada que permita garantizar las condiciones higiénicas y de salud necesarias, además de medidas de distanciamiento y aislamiento para prevenir la propagación del virus. Un tema que nos preocupa y ocupa a nivel local, regional y global”, declaró Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
El pedido
El pedido de Amnistía Internacional busca saber “si se están llevando adelante acciones de coordinación con el sistema de Justicia, el Servicio Penitenciario Federal y otros organismos involucrados”, “conocer las denuncias y pedidos de intervención recibidas por las Secretarías de Justicia y la de Derechos Humanos de parte de personas privadas de su libertad”, e “indagar sobre las intervenciones de ambas secretarías”.