Funcionarios nacionales y 18 ministros de Economía de provincias opositoras iniciaron ayer sin definiciones una ardua negociación para que los gobernadores se hagan cargo de un ajuste de 100.000 millones de pesos en 2019, un tercio del recorte total previsto.
En una reunión de una hora y media en la Casa de Salta en la Capital Federal, los funcionarios nacionales insistieron con que las provincias deben recortar fuerte sus gastos y descartaron que vaya a modificarse el pacto fiscal.
"Modificar el consenso fiscal sería un muy mal mensaje para el mundo", dijo a la prensa el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, al salir del edificio ubicado en Roque Sáenz Peña 933.
Según trascendió, una de las propuestas que será negociada la semana próxima consiste en que las provincias accedan a firmar un crédito de 25.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para destinarlo a obra pública.
A su vez, se descartó que los estados provinciales cedan 5% de la coparticipación del IVA que reciben para que ese dinero vaya a financiar la Anses.
Pena llegó al lugar acompañado por Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias.
"Tenemos que alcanzar un acuerdo para tener presupuesto y poder llegar a la meta de déficit de 1,3% en 2019 y el equilibrio en 2020. Tenemos que ir por el lado del gasto, que en los últimos 70 años fue la piedra que nos empujó hacia los desequilibrios", dijo Caldarelli.
Los ministros provinciales plantearon la posibilidad de suspender por un año la baja de impuestos locales como Sellos e Ingresos Brutos, pero Caldarelli aclaró que "sería una mala señal dar de baja hoy algo firmado hace seis meses".
Si bien algunas provincias como Tucumán y La Pampa se mostraron disconformes, hubo un consenso generalizado respecto de que la eliminación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo) no tiene marcha atrás.
El gobierno de Mauricio Macri quiere que el ajuste fiscal sea afrontado a través de un recorte de gastos, pero las provincias hicieron una contrapropuesta: ampliar la base tributaria, con una tarea mancomunada entre la Afip y las direcciones de rentas locales.
Los ministros provinciales propusieron que la Afip ajuste los controles sobre el impuesto a los Bienes Personales, dado que muchos contribuyentes subvalúan sus declaraciones, y también incrementar la afectación del impuesto a las Ganancias para sectores que hoy no tributan.
Esto último está relacionado con, por ejemplo, sociedades de fideicomisos del exterior que no pagan impuestos en la Argentina; también se pidió mejorar los controles para las importaciones que provienen de supuestas "zonas francas".
Asimismo, los ministros le solicitaron al Gobierno que cumpla el inciso "P" del consenso fiscal, que preveía crear un organismo federal que determine procedimientos y metodologías de aplicación para la revaluación de los inmuebles, en línea con los valores de mercado.
Otra de las propuestas de las provincias es recortar a cero los subsidios al transporte, que hoy alcanzan los 50.000 millones de pesos y de lo cual el 60% va a la zona metropolitana de Buenos Aires.
Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba, explicó que esa propuesta apunta a recortar los subsidios a las empresas y al gasoil, sin afectar lo que el Estado destina al Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) y tampoco a los trenes metropolitanos.
Giordano y sus pares de Río Negro, Agustín Domingo, y de San Juan, Roberto Gattoni, coincidieron en que no se está tan lejos de alcanzar a un acuerdo para llegar a la cifra de 100.000 millones de pesos, aunque las diferencias están en la forma.
Los enviados de los gobernadores sostienen que no tienen mucho margen para ajustar el gasto público, principalmente en las provincias del norte del país, donde los indicadores socioeconómicos son los peores de la Argentina.
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"Modificar el consenso fiscal sería un muy mal mensaje para el mundo", dijo a la prensa el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, al salir del edificio ubicado en Roque Sáenz Peña 933.
Según trascendió, una de las propuestas que será negociada la semana próxima consiste en que las provincias accedan a firmar un crédito de 25.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para destinarlo a obra pública.
A su vez, se descartó que los estados provinciales cedan 5% de la coparticipación del IVA que reciben para que ese dinero vaya a financiar la Anses.
Pena llegó al lugar acompañado por Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias.
"Tenemos que alcanzar un acuerdo para tener presupuesto y poder llegar a la meta de déficit de 1,3% en 2019 y el equilibrio en 2020. Tenemos que ir por el lado del gasto, que en los últimos 70 años fue la piedra que nos empujó hacia los desequilibrios", dijo Caldarelli.
Los ministros provinciales plantearon la posibilidad de suspender por un año la baja de impuestos locales como Sellos e Ingresos Brutos, pero Caldarelli aclaró que "sería una mala señal dar de baja hoy algo firmado hace seis meses".
Si bien algunas provincias como Tucumán y La Pampa se mostraron disconformes, hubo un consenso generalizado respecto de que la eliminación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo) no tiene marcha atrás.
El gobierno de Mauricio Macri quiere que el ajuste fiscal sea afrontado a través de un recorte de gastos, pero las provincias hicieron una contrapropuesta: ampliar la base tributaria, con una tarea mancomunada entre la Afip y las direcciones de rentas locales.
Los ministros provinciales propusieron que la Afip ajuste los controles sobre el impuesto a los Bienes Personales, dado que muchos contribuyentes subvalúan sus declaraciones, y también incrementar la afectación del impuesto a las Ganancias para sectores que hoy no tributan.
Esto último está relacionado con, por ejemplo, sociedades de fideicomisos del exterior que no pagan impuestos en la Argentina; también se pidió mejorar los controles para las importaciones que provienen de supuestas "zonas francas".
Asimismo, los ministros le solicitaron al Gobierno que cumpla el inciso "P" del consenso fiscal, que preveía crear un organismo federal que determine procedimientos y metodologías de aplicación para la revaluación de los inmuebles, en línea con los valores de mercado.
Otra de las propuestas de las provincias es recortar a cero los subsidios al transporte, que hoy alcanzan los 50.000 millones de pesos y de lo cual el 60% va a la zona metropolitana de Buenos Aires.
Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba, explicó que esa propuesta apunta a recortar los subsidios a las empresas y al gasoil, sin afectar lo que el Estado destina al Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) y tampoco a los trenes metropolitanos.
Giordano y sus pares de Río Negro, Agustín Domingo, y de San Juan, Roberto Gattoni, coincidieron en que no se está tan lejos de alcanzar a un acuerdo para llegar a la cifra de 100.000 millones de pesos, aunque las diferencias están en la forma.
Los enviados de los gobernadores sostienen que no tienen mucho margen para ajustar el gasto público, principalmente en las provincias del norte del país, donde los indicadores socioeconómicos son los peores de la Argentina.