La polémica por la nueva reglamentación para el uso policial de armas dispuesta por el Gobierno generó ayer diferencias en Cambiemos y respuestas dispares en las provincias, ya que las administraciones de María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Juan Schiaretti y Gustavo Valdés adelantaron que no aplicarán las modificaciones en sus territorios.
El protocolo que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con aval del presidente Mauricio Macri, despertó el inmediato rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la desconfianza en algunos referentes de Cambiemos, que prefirieron tomar distancia de la medida, que habilita a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder a una agresión armada.
Vidal no tiene previsto en el corto plazo sumarse a la medida, porque considera que "no es el momento": según supo NA, el Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo entiende que "no todas las policías son iguales" y que el gobierno nacional "considera que debe unificar el criterio de acción de las fuerzas federales", por eso dicta el protocolo.
Vidal y Morales no adhieren
Sin embargo, la Provincia estima que "antes de redefinir su marco de actuación", la Bonaerense debe terminar con el "proceso de reforma profunda e integral" que se inició con la llegada de Vidal.
También el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, confirmó que "por el momento" la provincia que gobierna el radical Morales "no necesita adherir" al nuevo protocolo nacional.
El funcionario provincial explicó que "la aplicación" del protocolo dictado por la Nación "en Jujuy en estos momentos no es necesaria".
El secretario de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, había declarado que "no está bajo análisis" la "implementación" en la provincia del reglamento de uso de armas de fuego adoptado por las fuerzas federales.
"No somos de las provincias que han pedido sumarse", explicó Mosquera en declaraciones periodísticas, al tiempo que destacó que el "único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal".
Del mismo modo en Corrientes, donde gobierna el radical Gustavo Valdés, tampoco planean plegarse al protocolo: el ministro de Seguridad provincial, Juan José López Desimoni, confirmó que evaluarán la reglamentación nacional sobre el uso de armas de fuego, pero remarcó que su cartera se enfoca en la "profesionalización" de los agentes y mejorar la infraestructura, como la Escuela de Cadetes.
El primer distrito que expresó su intención de adherir fue la Ciudad de Buenos Aires, aunque una resolución judicial instó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a abstenerse de aplicarlo por considerarlo "inconstitucional".
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, opinó que el protocolo está "dentro de lo que establece" la ley, ya que "el estado de derecho presupone que el monopolio del uso de la fuerza lo tiene que tener el Estado", aunque cuestionó la existencia de "algunos grises".
También el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, confirmó su adhesión al nuevo reglamento, aunque sumó al debate la necesidad de avanzar en una adecuada formación policial para que "no mueran personas inocentes".
Según Garavano, sigue las normativas de la ONU
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó ayer que la nueva reglamentación de uso de armas de fuego para las fuerzas federales viole los derechos humanos, al señalar que sigue "la normativa de las Naciones Unidas" en la materia, y planteó que aun con esa nueva política si un uniformado comete un exceso "será investigado y condenado".
El titular de la cartera judicial dijo que tiene "un punto diferente de análisis" respecto a quienes indican que la nueva reglamentación del uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad debería haber pasado por el Congreso.
"Yo entiendo que es una reglamentación interna, como la tiene la mayoría de los países, siguiendo normativas de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. Si uno lo considera de esta forma, no debería ser sometido a una ley del Congreso", comentó. En cambio, Garavano sostuvo que si el nuevo protocolo "se considera una modificación del artículo 34 del Código Penal, sí debería ser analizada por el Congreso, esa es la segunda interpretación, que es la que más tuvo difusión en los medios de prensa, pero es incorrecta".
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Vidal no tiene previsto en el corto plazo sumarse a la medida, porque considera que "no es el momento": según supo NA, el Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo entiende que "no todas las policías son iguales" y que el gobierno nacional "considera que debe unificar el criterio de acción de las fuerzas federales", por eso dicta el protocolo.
Vidal y Morales no adhieren
Sin embargo, la Provincia estima que "antes de redefinir su marco de actuación", la Bonaerense debe terminar con el "proceso de reforma profunda e integral" que se inició con la llegada de Vidal.
También el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, confirmó que "por el momento" la provincia que gobierna el radical Morales "no necesita adherir" al nuevo protocolo nacional.
El funcionario provincial explicó que "la aplicación" del protocolo dictado por la Nación "en Jujuy en estos momentos no es necesaria".
El secretario de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, había declarado que "no está bajo análisis" la "implementación" en la provincia del reglamento de uso de armas de fuego adoptado por las fuerzas federales.
"No somos de las provincias que han pedido sumarse", explicó Mosquera en declaraciones periodísticas, al tiempo que destacó que el "único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal".
Del mismo modo en Corrientes, donde gobierna el radical Gustavo Valdés, tampoco planean plegarse al protocolo: el ministro de Seguridad provincial, Juan José López Desimoni, confirmó que evaluarán la reglamentación nacional sobre el uso de armas de fuego, pero remarcó que su cartera se enfoca en la "profesionalización" de los agentes y mejorar la infraestructura, como la Escuela de Cadetes.
El primer distrito que expresó su intención de adherir fue la Ciudad de Buenos Aires, aunque una resolución judicial instó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a abstenerse de aplicarlo por considerarlo "inconstitucional".
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, opinó que el protocolo está "dentro de lo que establece" la ley, ya que "el estado de derecho presupone que el monopolio del uso de la fuerza lo tiene que tener el Estado", aunque cuestionó la existencia de "algunos grises".
También el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, confirmó su adhesión al nuevo reglamento, aunque sumó al debate la necesidad de avanzar en una adecuada formación policial para que "no mueran personas inocentes".
Según Garavano, sigue las normativas de la ONU
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó ayer que la nueva reglamentación de uso de armas de fuego para las fuerzas federales viole los derechos humanos, al señalar que sigue "la normativa de las Naciones Unidas" en la materia, y planteó que aun con esa nueva política si un uniformado comete un exceso "será investigado y condenado".
El titular de la cartera judicial dijo que tiene "un punto diferente de análisis" respecto a quienes indican que la nueva reglamentación del uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad debería haber pasado por el Congreso.
"Yo entiendo que es una reglamentación interna, como la tiene la mayoría de los países, siguiendo normativas de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. Si uno lo considera de esta forma, no debería ser sometido a una ley del Congreso", comentó. En cambio, Garavano sostuvo que si el nuevo protocolo "se considera una modificación del artículo 34 del Código Penal, sí debería ser analizada por el Congreso, esa es la segunda interpretación, que es la que más tuvo difusión en los medios de prensa, pero es incorrecta".