Piden a la Justicia que frene pago millonario a Odebrecht
El Gobierno solicitó ayer una medida cautelar para “proteger el patrimonio del Estado” mientras la empresa brasileña es investigada por sobornos en obras
El Gobierno solicitó ayer una medida cautelar ante el Juzgado Federal 3 para impedir que la firma Odebrecht cobre 1.500 millones de pesos en concepto de reclamos al Estado nacional.
La presentación estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y Minería y la Procuración del Tesoro de la Nación y apuntó a "proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado", se informó.
Ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la constructora Odebrecht reclamó el pago de más de 450 millones de pesos y 45 millones de dólares: su pedido se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008, pero que ahora está cuestionado ante la Justicia.
"Repudia una noción básica de justicia y equidad el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva, lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en Estados Unidos", sostiene el escrito.
“Escándalo jurídico”
Para los representantes del Estado, "configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto".
En marzo pasado el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 3, había dictado el procesamiento del exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios de áreas bajo su órbita, al considerar que crearon un sistema normativo para favorecer a Odebrecht otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN (obras 2006-2008).
"Se demostró cómo esos funcionarios desviaron la voluntad del Estado para favorecer indebidamente a la firma. Ahora, la OA, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro le solicitaron al juez que impida el reclamo de la constructora", indicó un comunicado oficial.
La empresa Odebrecht, que reconoció el pago de sobornos en Argentina por una suma global de 35 millones de dólares, pretende ahora "cobrar otros 1.500 millones de pesos adicionales (además de los 18 mil millones cobrados en la ejecución) basado en contratos que fueron obtenidos en forma ilícita", informó la OA.
En la Justicia argentina actualmente existen tres causas en curso en las que se investigan sobornos por parte de la empresa para la obtención de contratos en el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 (y por los que la empresa pretende reclamar una indemnización.), el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y Aguas y Saneamiento Argentinos S.A. (Aysa).
"La medida cautelar solicitada pretende evitar que una empresa que reconoció el pago de sobornos pueda beneficiarse por los delitos cometidos y que se encuentran bajo investigación judicial", puntualizó el organismo que conduce Laura Alonso.
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La presentación estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y Minería y la Procuración del Tesoro de la Nación y apuntó a "proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado", se informó.
Ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la constructora Odebrecht reclamó el pago de más de 450 millones de pesos y 45 millones de dólares: su pedido se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008, pero que ahora está cuestionado ante la Justicia.
"Repudia una noción básica de justicia y equidad el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva, lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en Estados Unidos", sostiene el escrito.
“Escándalo jurídico”
Para los representantes del Estado, "configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto".
En marzo pasado el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 3, había dictado el procesamiento del exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios de áreas bajo su órbita, al considerar que crearon un sistema normativo para favorecer a Odebrecht otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN (obras 2006-2008).
"Se demostró cómo esos funcionarios desviaron la voluntad del Estado para favorecer indebidamente a la firma. Ahora, la OA, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro le solicitaron al juez que impida el reclamo de la constructora", indicó un comunicado oficial.
La empresa Odebrecht, que reconoció el pago de sobornos en Argentina por una suma global de 35 millones de dólares, pretende ahora "cobrar otros 1.500 millones de pesos adicionales (además de los 18 mil millones cobrados en la ejecución) basado en contratos que fueron obtenidos en forma ilícita", informó la OA.
En la Justicia argentina actualmente existen tres causas en curso en las que se investigan sobornos por parte de la empresa para la obtención de contratos en el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 (y por los que la empresa pretende reclamar una indemnización.), el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y Aguas y Saneamiento Argentinos S.A. (Aysa).
"La medida cautelar solicitada pretende evitar que una empresa que reconoció el pago de sobornos pueda beneficiarse por los delitos cometidos y que se encuentran bajo investigación judicial", puntualizó el organismo que conduce Laura Alonso.