El diputado nacional del Pro Daniel Lipovetzky atribuyó ayer a "presiones del sector" inmobiliario versiones sobre un posible retiro del apoyo oficial al proyecto de ley que regula los alquileres.
"No tengo información de que el Gobierno quiera frenar la ley de alquileres", afirmó el legislador nacional, quien destacó que el pasado jueves estuvo reunido con el secretario de Vivienda, Iván Kerr, para "analizar la iniciativa".
El dirigente del Pro atribuyó a "presiones del sector", cuando lo consultaron acerca de versiones que indicaban que la Casa Rosada frenaría el impulso al proyecto y que se avanzaría con medidas alternativas.
En ese encuentro, Kerr y Lipovetzky se reunieron con ONG que respaldan una regulación a los alquileres.
"Seguimos trabajando y escuchando todas las voces de agrupaciones que tienen dudas e inquietudes sobre los alcances del proyecto de ley de alquileres", había explicado el funcionario nacional.
En el encuentro participaron Inquilinos Agrupados, así como integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y de Techo.
El presidente Mauricio Macri había anunciado el envío del proyecto al Congreso el 12 de octubre último durante un acto que realizó en Olivos, desde donde afirmó que la iniciativa busca "cuidar a todos aquellos que alquilan y sienten que también les falta previsibilidad".
Y había manifestado: "Espero que este tema avance pronto en el Congreso".
Alternativas
Una versión había indicado que en el Ejecutivo ahora se estaba pensando en alternativas, como premiar desde el punto de vista tributario el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.
La Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los contratos.
El proyecto fue defendido por organizaciones que representan a los inquilinos, pero mereció numerosas críticas tanto de las inmobiliarias como de los propietarios, escribanos y desarrolladores.
Esos sectores advirtieron que las regulaciones propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.
Frente a esta situación, en el Poder Ejecutivo se analiza impulsar medidas alternativas: una es otorgar beneficios impositivos para aquellos emprendimientos cuyo destino sea la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
En el Gobierno también consideran necesario "blanquear" la actividad, ya que -según cálculos aproximados- no es más del 20% o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, que están registrados.
La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir, al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.
Agencia NA.
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El dirigente del Pro atribuyó a "presiones del sector", cuando lo consultaron acerca de versiones que indicaban que la Casa Rosada frenaría el impulso al proyecto y que se avanzaría con medidas alternativas.
En ese encuentro, Kerr y Lipovetzky se reunieron con ONG que respaldan una regulación a los alquileres.
"Seguimos trabajando y escuchando todas las voces de agrupaciones que tienen dudas e inquietudes sobre los alcances del proyecto de ley de alquileres", había explicado el funcionario nacional.
En el encuentro participaron Inquilinos Agrupados, así como integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y de Techo.
El presidente Mauricio Macri había anunciado el envío del proyecto al Congreso el 12 de octubre último durante un acto que realizó en Olivos, desde donde afirmó que la iniciativa busca "cuidar a todos aquellos que alquilan y sienten que también les falta previsibilidad".
Y había manifestado: "Espero que este tema avance pronto en el Congreso".
Alternativas
Una versión había indicado que en el Ejecutivo ahora se estaba pensando en alternativas, como premiar desde el punto de vista tributario el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.
La Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los contratos.
El proyecto fue defendido por organizaciones que representan a los inquilinos, pero mereció numerosas críticas tanto de las inmobiliarias como de los propietarios, escribanos y desarrolladores.
Esos sectores advirtieron que las regulaciones propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.
Frente a esta situación, en el Poder Ejecutivo se analiza impulsar medidas alternativas: una es otorgar beneficios impositivos para aquellos emprendimientos cuyo destino sea la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
En el Gobierno también consideran necesario "blanquear" la actividad, ya que -según cálculos aproximados- no es más del 20% o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, que están registrados.
La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir, al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.
Agencia NA.
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