En su recorrido hacia el “gradualismo cero” para achicar la brecha fiscal, el gobierno nacional se anotó un punto el pasado jueves con la sanción en el Senado de la Ley de Presupuesto. Dejando de lado discusiones públicas, una parte significativa de la institucionalidad política terminó avalando la propuesta del Poder Ejecutivo. La desactivación del paro general por parte de la CGT también se puede apuntar en igual sentido. Pero en el vidrioso camino que escogió o que las circunstancias lo llevaron a tomar, el precio que paga la administración central por cada una de esas victorias es muy alto, como el fuerte reclamo del sector privado por el bono de fin de año.
La Unión Industrial de Córdoba (UIC), dirigida por el empresario local Marcelo Uribarren, encabezó el reclamo. Desde hace muchos meses la industria viene registrando una pésima performance y todos los datos que mes a mes da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) grafican esa situación.
El informe sobre utilización de la capacidad instalada en la industria, difundido recientemente, muestra que en septiembre cayó más de cinco puntos en comparación al año pasado. Anteriormente, el organismo nacional había dado a conocer los números del tercer trimestre del año del sector de la maquinaria agrícola, que tiene un importante peso regional. La caída fue del 8,7 por ciento frente al igual período de 2017.
Pero no todas las quejas viajan a Buenos Aires. También se detienen a 150 kilómetros de Villa María. Dos hecho llevaron a que la producción eleve su voz al gobierno provincial, algo que, vale decir, no es muy frecuente. El de mayor visibilidad se relaciona con el proyecto de presupuesto, que estipula subas para el Impuesto Inmobiliario Rural de hasta el 56 por ciento; el otro involucra un tema sobre el que los productores hablan en voz baja, asegurando que afectará hectáreas productivas. Es el caso de la Ley Agroforestal.
Sobre la propuesta que se presentó recientemente en la Legislatura, la Mesa de Enlace Regional Córdoba sostuvo en un documento que “el hilo se corta por lo más fino: o se invierte para producir y generar más demanda de mano de obra o se convalidan nuevos incrementos impositivos. Cualquier intento de inversión productiva choca de lleno contra una carga fiscal”. No se trata de una crítica elocuente ni que haga trastabillar la alianza estratégica que el sector mantiene con el gobierno, pero constituye un llamado de atención.
La implementación de la Ley Agroforestal exige que los productores realicen una declaración jurada en donde conste la cantidad de especies arbóreas existentes en los campos. La fecha de cierre es el 31 de diciembre y quienes no envíen esa información serán pasibles de incrementos de hasta el 100 por ciento del Inmobiliario Rural.
La cuestión fue planteada hace menos de un mes por cooperativistas al ministro de Agricultura y Ganadería provincial, Sergio Busso, en una reunión concretada en la ciudad que no fue adelantada a los medios de comunicación, como normalmente ocurre. Busso, uno de los principales artífices del buen diálogo del oficialismo con el sector, fue muy claro: “Ojo muchachos con este tema; tengan cuidado, porque si no hacen nada puede pasar lo mismo que con Entre Ríos”. El titular de la Cartera hacía mención a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa provincia de imponer fuertes restricciones a la aplicación de agroquímicos. La comparación sirvió para ilustrar una máxima del histórico líder político de ese espacio: dar algo para que no vengan por todo.
Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia, junto a la Sociedad Rural de Villa María, realizó un encuentro la semana pasada para explicar los alcances de la ley. Ante el hecho consumado, el auditorio de la entidad ruralista estuvo desbordado de productores preocupados por, en principio, conocer de qué manera cumplimentar la declaración jurada. Para pasar a la reforestación hay tiempo, ya que la herramienta jurídica otorga 10 años para ello.
Clima
En la producción primaria la variable que definitivamente no se puede manejar es el clima. La falta de lluvias en gran parte del año y la abundancia reciente, recuerdan ese axioma inexpugnable.
En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Córdoba dio a conocer la segunda estimación de producción para la campaña de trigo 2018/19 que proyecta “un valor de 3,36 millones de toneladas, un 24 por ciento inferior a lo obtenido la campaña anterior, aunque la cuarta mayor de los últimos 10 años. El rendimiento promedio provincial ponderado es de 25 qq/ha, también mostrando una variación negativa del 25”.
Aunque se sembraron más hectáreas que el año pasado, la escasez de agua durante muchos meses incidió en la merma productiva. A eso hay que sumarle el granizo, que azotó a muchos campos de la región produciendo en algunos casos pérdidas totales.
De todas formas, tal como lo informó este medio en su edición del sábado, el departamento exhibe buenos datos del cultivo.
Las precipitaciones de la semana pasada actualizaron viejos problemas. Todavía hoy zonas aledañas siguen con serios inconvenientes para sacar la leche de los campos, especialmente aquellos ubicados hacia el sur. Pero también la gran cantidad de milímetros caídos permite comenzar con la implantación de la soja de primera que, según estimó la BCCBA, muestra en la actualidad un avance que no llega al 1 por ciento de la superficie a pesar que la ventana de siembra se abrió hace prácticamente un mes.
Modelo
Más allá de los problemas económicos por todos conocidos, la ciudad está recibiendo una inversión muy importante de la mano de ACA Bio, tal como se anunció en este mismo espacio quince días atrás. El gerente de la empresa, que forma parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Santiago Acquaroli, le puso cifras a la ampliación de la planta: 30 millones de dólares. Cuando las obras hayan finalizado (fines de 2019) la industria ubicada sobre la autopista que une a la ciudad con Rosario elaborará un 40 por ciento más de bioetanol, pasando de 500 mil litros por día a 680 mil. Tamaña inversión no impactará fuertemente en el empleo directo (requerirá solamente 10 puestos de trabajo más) aunque sí tendrá mayor repercusión de manera indirecta, ya que pasará a moler 1800 toneladas de maíz por día. La logística sumará unos 20 viajes de camión por día.
El directivo aportó otro dato interesante. Si aumenta el porcentaje de bioetanol en las naftas –algo que avalúa el gobierno nacional- la ampliación actual no alcanzará, por lo que definirán nuevas inversiones.
Se trata de un modelo virtuoso: agrega valor al maíz a partir del bioetanol y la burlanda (producto con alta proteína), que se consume en tambos y feedlots de la región. A la vez genera la energía que utiliza y el anhídrido carbónico del proceso productivo es capturado para volcarlo al mercado, a través de la alianza con una empresa local. El camino está marcado, el problema es, como siempre, que las condiciones macroeconómicas faciliten su implementación.
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El informe sobre utilización de la capacidad instalada en la industria, difundido recientemente, muestra que en septiembre cayó más de cinco puntos en comparación al año pasado. Anteriormente, el organismo nacional había dado a conocer los números del tercer trimestre del año del sector de la maquinaria agrícola, que tiene un importante peso regional. La caída fue del 8,7 por ciento frente al igual período de 2017.
Pero no todas las quejas viajan a Buenos Aires. También se detienen a 150 kilómetros de Villa María. Dos hecho llevaron a que la producción eleve su voz al gobierno provincial, algo que, vale decir, no es muy frecuente. El de mayor visibilidad se relaciona con el proyecto de presupuesto, que estipula subas para el Impuesto Inmobiliario Rural de hasta el 56 por ciento; el otro involucra un tema sobre el que los productores hablan en voz baja, asegurando que afectará hectáreas productivas. Es el caso de la Ley Agroforestal.
Sobre la propuesta que se presentó recientemente en la Legislatura, la Mesa de Enlace Regional Córdoba sostuvo en un documento que “el hilo se corta por lo más fino: o se invierte para producir y generar más demanda de mano de obra o se convalidan nuevos incrementos impositivos. Cualquier intento de inversión productiva choca de lleno contra una carga fiscal”. No se trata de una crítica elocuente ni que haga trastabillar la alianza estratégica que el sector mantiene con el gobierno, pero constituye un llamado de atención.
La implementación de la Ley Agroforestal exige que los productores realicen una declaración jurada en donde conste la cantidad de especies arbóreas existentes en los campos. La fecha de cierre es el 31 de diciembre y quienes no envíen esa información serán pasibles de incrementos de hasta el 100 por ciento del Inmobiliario Rural.
La cuestión fue planteada hace menos de un mes por cooperativistas al ministro de Agricultura y Ganadería provincial, Sergio Busso, en una reunión concretada en la ciudad que no fue adelantada a los medios de comunicación, como normalmente ocurre. Busso, uno de los principales artífices del buen diálogo del oficialismo con el sector, fue muy claro: “Ojo muchachos con este tema; tengan cuidado, porque si no hacen nada puede pasar lo mismo que con Entre Ríos”. El titular de la Cartera hacía mención a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa provincia de imponer fuertes restricciones a la aplicación de agroquímicos. La comparación sirvió para ilustrar una máxima del histórico líder político de ese espacio: dar algo para que no vengan por todo.
Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia, junto a la Sociedad Rural de Villa María, realizó un encuentro la semana pasada para explicar los alcances de la ley. Ante el hecho consumado, el auditorio de la entidad ruralista estuvo desbordado de productores preocupados por, en principio, conocer de qué manera cumplimentar la declaración jurada. Para pasar a la reforestación hay tiempo, ya que la herramienta jurídica otorga 10 años para ello.
Clima
En la producción primaria la variable que definitivamente no se puede manejar es el clima. La falta de lluvias en gran parte del año y la abundancia reciente, recuerdan ese axioma inexpugnable.
En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Córdoba dio a conocer la segunda estimación de producción para la campaña de trigo 2018/19 que proyecta “un valor de 3,36 millones de toneladas, un 24 por ciento inferior a lo obtenido la campaña anterior, aunque la cuarta mayor de los últimos 10 años. El rendimiento promedio provincial ponderado es de 25 qq/ha, también mostrando una variación negativa del 25”.
Aunque se sembraron más hectáreas que el año pasado, la escasez de agua durante muchos meses incidió en la merma productiva. A eso hay que sumarle el granizo, que azotó a muchos campos de la región produciendo en algunos casos pérdidas totales.
De todas formas, tal como lo informó este medio en su edición del sábado, el departamento exhibe buenos datos del cultivo.
Las precipitaciones de la semana pasada actualizaron viejos problemas. Todavía hoy zonas aledañas siguen con serios inconvenientes para sacar la leche de los campos, especialmente aquellos ubicados hacia el sur. Pero también la gran cantidad de milímetros caídos permite comenzar con la implantación de la soja de primera que, según estimó la BCCBA, muestra en la actualidad un avance que no llega al 1 por ciento de la superficie a pesar que la ventana de siembra se abrió hace prácticamente un mes.
Modelo
Más allá de los problemas económicos por todos conocidos, la ciudad está recibiendo una inversión muy importante de la mano de ACA Bio, tal como se anunció en este mismo espacio quince días atrás. El gerente de la empresa, que forma parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Santiago Acquaroli, le puso cifras a la ampliación de la planta: 30 millones de dólares. Cuando las obras hayan finalizado (fines de 2019) la industria ubicada sobre la autopista que une a la ciudad con Rosario elaborará un 40 por ciento más de bioetanol, pasando de 500 mil litros por día a 680 mil. Tamaña inversión no impactará fuertemente en el empleo directo (requerirá solamente 10 puestos de trabajo más) aunque sí tendrá mayor repercusión de manera indirecta, ya que pasará a moler 1800 toneladas de maíz por día. La logística sumará unos 20 viajes de camión por día.
El directivo aportó otro dato interesante. Si aumenta el porcentaje de bioetanol en las naftas –algo que avalúa el gobierno nacional- la ampliación actual no alcanzará, por lo que definirán nuevas inversiones.
Se trata de un modelo virtuoso: agrega valor al maíz a partir del bioetanol y la burlanda (producto con alta proteína), que se consume en tambos y feedlots de la región. A la vez genera la energía que utiliza y el anhídrido carbónico del proceso productivo es capturado para volcarlo al mercado, a través de la alianza con una empresa local. El camino está marcado, el problema es, como siempre, que las condiciones macroeconómicas faciliten su implementación.