La nueva conducción del Pami Río Cuarto, encabezada por Fernando Bossio, decidió iniciar una auditoría para determinar en qué situación quedó la delegación tras la gestión de Gonzalo Luján. “Tenemos algunos conflictos prestacionales en el sur, por ejemplo. La gestión pasada ha firmado algunas resoluciones que modifican la estructura prestacional y establecen la reasignación de cápitas. Prácticas que eran por orden de prestación pasaron al sistema capitado. Entonces, queremos saber de qué lugar partimos, de qué nos hacemos cargo”, manifestó Bossio.
La decisión sigue la línea de lo que se estableció a nivel central; la conducción de Luana Volnovich puso en marcha una auditoría general para conocer cuál es el estado real de la obra social de los jubilados. Hasta ahora, se difundió que la deuda alcanza los 25.000 millones de pesos y que el déficit llega a 8.000 millones. En los próximos 180 días se apuntará a normalizar la situación.
A nivel local, la pretensión es que la auditoría sea general, que contemple tanto las deudas como los contratos, la distribución de las prestaciones y los criterios utilizados.
“También sirve para establecer de lo que nos hacemos cargo. La situación para atrás corresponde a criterios de la gestión anterior; de ahí en adelante nos hacemos responsables. Pero queremos saber dónde estamos parados”, señaló Bossio.
El jueves pasado asumió el nuevo director, que está acompañado por Matilde Glineur, como coordinadora médica y por Aylén Ortiz como coordinadora ejecutiva.
Mañana está previsto que se inicien las conversaciones con el nivel central para coordinar la auditoría interna en Río Cuarto, una delegación que tiene a cargo a 80 mil afiliados.
Bossio manifestó que la nueva conducción de la obra social ha establecido prioridades diferentes a las del macrismo porque le devuelven la centralidad al afiliado y apuntan a democratizar la prestación.
“El Pami tiene dos grandes áreas de prestación: las médicas y las sociales. Las sociales disminuyeron en el gobierno anterior, que se enfocó sobre todo en la sustentabilidad presupuestaria. Teníamos un cartel pegado en la delegación con los objetivos para 2019: todos estaban enfocados a procesos y a la sustentabilidad presupuestaria pero en ninguno aparecía el afiliado. Se concentraron en la prestación médica, más que nada por una cuestión de impacto mediático. Sabemos lo que se genera cuando faltan medicamentos; entonces se cuidaron de no tener inconvenientes en ese plano principalmente en las grandes ciudades. El nuevo paradigma es que los afiliados no son beneficiarios sino titulares de derecho. Y ahí aparece la centralidad del afiliado y la necesidad de democratizar la prestación, de que reciba la misma atención el afiliado de Río Cuarto que el de una localidad pequeña”, declaró Bossio.
Agregó que la idea es reforzar la asignación de recursos para igualar los niveles de prestación en toda el área geográfica que alcanza la delegación local y, además, atender la demanda contenida que se ha detectado.
El nuevo director de la obra social manifestó que existe la decisión del gobierno nacional de destinar el 70 por ciento del impuesto país a mejorar el financiamiento para el sistema de seguridad social, es decir, para el Pami y la Anses. Con ese adicional de recursos, el objetivo es doble: por un lado, normalizar la situación generada por el déficit y la deuda y, además, elevar los estándares de calidad en las prestaciones que recibirán los jubilados en todo el territorio.
Comentá esta nota
A nivel local, la pretensión es que la auditoría sea general, que contemple tanto las deudas como los contratos, la distribución de las prestaciones y los criterios utilizados.
“También sirve para establecer de lo que nos hacemos cargo. La situación para atrás corresponde a criterios de la gestión anterior; de ahí en adelante nos hacemos responsables. Pero queremos saber dónde estamos parados”, señaló Bossio.
El jueves pasado asumió el nuevo director, que está acompañado por Matilde Glineur, como coordinadora médica y por Aylén Ortiz como coordinadora ejecutiva.
Mañana está previsto que se inicien las conversaciones con el nivel central para coordinar la auditoría interna en Río Cuarto, una delegación que tiene a cargo a 80 mil afiliados.
Bossio manifestó que la nueva conducción de la obra social ha establecido prioridades diferentes a las del macrismo porque le devuelven la centralidad al afiliado y apuntan a democratizar la prestación.
“El Pami tiene dos grandes áreas de prestación: las médicas y las sociales. Las sociales disminuyeron en el gobierno anterior, que se enfocó sobre todo en la sustentabilidad presupuestaria. Teníamos un cartel pegado en la delegación con los objetivos para 2019: todos estaban enfocados a procesos y a la sustentabilidad presupuestaria pero en ninguno aparecía el afiliado. Se concentraron en la prestación médica, más que nada por una cuestión de impacto mediático. Sabemos lo que se genera cuando faltan medicamentos; entonces se cuidaron de no tener inconvenientes en ese plano principalmente en las grandes ciudades. El nuevo paradigma es que los afiliados no son beneficiarios sino titulares de derecho. Y ahí aparece la centralidad del afiliado y la necesidad de democratizar la prestación, de que reciba la misma atención el afiliado de Río Cuarto que el de una localidad pequeña”, declaró Bossio.
Agregó que la idea es reforzar la asignación de recursos para igualar los niveles de prestación en toda el área geográfica que alcanza la delegación local y, además, atender la demanda contenida que se ha detectado.
El nuevo director de la obra social manifestó que existe la decisión del gobierno nacional de destinar el 70 por ciento del impuesto país a mejorar el financiamiento para el sistema de seguridad social, es decir, para el Pami y la Anses. Con ese adicional de recursos, el objetivo es doble: por un lado, normalizar la situación generada por el déficit y la deuda y, además, elevar los estándares de calidad en las prestaciones que recibirán los jubilados en todo el territorio.