Ordenan a PAMI la regularización del pago de prestaciones a personas con discapacidad
La Justicia Federal hizo lugar a una acción colectiva y exigió a los organismos involucrados ponerse al día con obligaciones asistenciales hacia beneficiarios de pensiones no contributivas
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva contra el programa Incluir Salud y el PAMI, y ordenó la regularización del pago de prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la sentencia judicial dispone que ambas entidades deben regularizar y mantener al día la cadena de pagos vinculada a servicios básicos de salud para beneficiarios de pensiones no contributivas.
El amparo fue promovido por la abogada y referente de Defendamos Córdoba en temas de discapacidad, Marta Lastra.
El juez Miguel Vaca Narvaja sostuvo en el fallo que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad”.
En la resolución también advirtió que “perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.
Asimismo, afirmó que “el Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley” y que la demora en los pagos constituye “un acto arbitrario e ilegal” frente al cual procede la acción de amparo.
El fallo remarca que la resolución alcanza a un universo colectivo, lo que implica la protección de miles de beneficiarios y el resguardo de la continuidad de hogares, centros de día y profesionales que brindan asistencia.
También se subraya que la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública y que el acceso efectivo a las prestaciones de salud es esencial para garantizar la dignidad humana.
La resolución judicial se enmarca en un conflicto por demoras e irregularidades en la cadena de pagos estatales, con retrasos que en algunos casos alcanzaban hasta cinco meses, según lo constatado en el expediente.