El pan volvió a sufrir un nuevo aumento que ronda el 18% a nivel local, aunque la principal preocupación del sector pasa por la ilegalidad que existe en el rubro, y que lleva en muchos casos a que clientes terminen volcándose a locales de este tipo en virtud de que el precio de los productos es visiblemente menor.
Néstor Mojica, titular de la cámara local, explicó que el incremento se da a tres meses de la última suba y como consecuencia del constante aumento de costos. “Existen nuevos precios sugeridos, como pasó en Córdoba capital, Buenos Aires y el resto del país. Desde el 17 de noviembre a la fecha tenemos aumentos continuos”, y remarcó que sólo en los últimos 10 días “la materia prima aumentó un 18%, y el costo de producción es similar, lo que hace insostenible la situación”.
Igualmente, lamentó el traslado al mostrador “porque sube algo necesario en la mesa de las familias como es el pan. Y golpea no sólo a los trabajadores, sino también a quienes menos tienen”. Con los nuevos valores, se sugiere comercializar el kilo de pan francés a $ 210; el mignón $ 230 y los criollos comunes $ 400. Los de hojaldre subieron a $ 480; cada factura $ 50 y las hojaldradas o especiales a $ 70.
Mojica destacó que existe malestar entre los panaderos “por ser los portadores de nuevos precios. Somos los malos de la película ante la sociedad, pero en realidad somos víctimas de un sistema inflacionario, ya que la harina viene con precio nuevo, al igual que la margarina, los huevos, embalajes y todo lo demás”. Consultado sobre si hay productos que sobresalen sobre el resto en cuanto a incrementos, el entrevistado explicó que las subas “son parejas. Hay veces que sube más la harina y el resto no; pero por ejemplo la azúcar se incrementó un 30%, los huevos un 33%. Y hablamos de aumentos que se dieron en los últimos 15 días”.
Crece la ilegalidad
Con relación a la harina, elemento vital para la elaboración de productos de panificación, se incrementó “entre un 10 y un 15% dependiendo del molino y la marca”. De igual manera, destacó que afortunadamente no hubo cierre de locales y se mantiene la cantidad de productores. “Cada vez nos cuesta más cumplir con las obligaciones. Lo que lamentamos es el crecimiento de la ilegalidad, que se profundizó durante la pandemia”, expuso.
Y mencionó que en Córdoba capital “la ilegalidad ronda el 40% y en Villa María también estamos sufriendo esa situación. Y entre lo legal y lo que no es legal, hablamos de una brecha gigante en lo que significan costos operativos, por eso hay veces que se observan carteles donde el precio del pan cuesta 70 u 80 pesos. Si ese pan tiene ese precio viene de un mercado ilegal”, sentenció.
Consultado sobre cuáles son los índices a nivel local basándose en lo que ocurre en Córdoba capital, admitió que no tienen un número preciso. “Sería una irresponsabilidad dar un número, pero está claro que existen panaderías ilegales”, y resaltó la tarea que llevan adelante con el Municipio para evitar que estos comercios funcionen. “La Municipalidad siempre se portó muy bien con nosotros y está de nuestro lado, pero hay veces que las cosas se escapan, como ocurre en todos lados”, dijo.
“A los panaderos que estamos legales nos preocupa que crezcan este tipo de negocios, porque además varía también la calidad de los productos. Influye un montón de elementos, es por eso que siempre invitamos a los vecinos a que se fije qué tipo de productos consume”, reconoció.

