La medida contempla un cese total de actividades y se desarrolla en un escenario de conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional por la situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas.
Desde APUVIM señalaron que la normativa establece herramientas destinadas a garantizar el financiamiento de las instituciones universitarias, además de contemplar mecanismos vinculados con la recomposición de salarios y becas.
El reclamo se sostiene a 290 días de la incorporación de la Ley 27.795 al ordenamiento jurídico, período durante el cual, según plantearon desde el sector universitario, todavía no se produjo su implementación integral.
El secretario general de APUVIM, Diego Vilches, cuestionó la postura del Gobierno nacional y sostuvo que una norma aprobada por el Congreso debe ser aplicada. "Una Ley se cumple o no se cumple", afirmó el dirigente, quien remarcó que el reclamo apunta a la aplicación de la totalidad de los artículos contemplados en la legislación.
Vilches también hizo referencia al acuerdo alcanzado en junio entre las partes y aclaró que, si bien significó una mejora para el sector después de varios meses de conflicto, desde el gremio consideran que no representa el cumplimiento efectivo de la normativa.
En ese sentido, el referente sindical sostuvo que el deterioro salarial y presupuestario continúa afectando al sistema universitario y que el paro forma parte de las acciones impulsadas para exigir una respuesta concreta de las autoridades nacionales.
Reclamo también por la vía judicial
El conflicto universitario también tiene un capítulo en la Justicia, donde se tramitan acciones destinadas a exigir al Estado nacional el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento del sistema universitario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se informó que, luego de una resolución favorable de la Cámara, se presentó un pedido para que el Poder Ejecutivo sea intimado a cumplir con una medida cautelar vigente que cuenta con respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los reclamos aparecen las transferencias destinadas a hospitales universitarios y la actualización de los fondos para gastos de funcionamiento, compromisos que, según el CIN, todavía no fueron cumplidos en su totalidad.
Sobre este punto, Vilches sostuvo que el reclamo excede la discusión salarial y cuestionó que el Gobierno nacional no haya cumplido, según su postura, tanto con la legislación vigente como con compromisos asumidos previamente.
"Nosotros seguiremos reclamando, no solamente por la vía judicial, sino también desde cada lugar que ocupamos dentro del sistema universitario", expresó el dirigente.
De esta manera, el paro del miércoles 12 de agosto se suma a las medidas impulsadas por los gremios universitarios para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mejoras en las condiciones presupuestarias y laborales de las universidades públicas.
