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La Defensoría solicitó un mayor control sobre los reclamos a obras sociales

La auditora general, Alicia Peresutti, aseguró que plantearon la situación ante la superintendencia de Salud a nivel nacional debido a que varios pedidos de personas damnificadas son prorrogados sin obtener respuestas

Desde la Auditoría General y junto a personal de la Defensoría Pública de la ciudad plantearon que existen reclamos en Villa María, también la región sobre coberturas u obligaciones que deben desempeñar las prepagas y que están siendo evadidos.

De esta manera, la titular de la Auditoría General, Alicia Peressutti, comentó que lograron obtener una reunión con la Superintendencia de Salud a nivel nacional donde solicitaron un mayor control de las mutuales con el fin de agilizar las respuestas a las personas damnificadas.

Dentro de los reclamos, la entrevistada aseguró que el más usual corresponde a la negativa de adherir a monotributistas cuando está establecido por la ley.

Además, del entorpecimiento de los trámites, debido a que solo se realizan de manera digital y las personas que realizan el pedido desconocen cómo hacerlo, luego, la manera de continuar con el seguimiento.

“Consideramos que hay un problema en el organismo de control que por ahí no está funcionando como deberían y al no hacerlo la gente no tiene respuestas en cosas graves”, ratificó Peressutti.

En torno a la instancia llevada a cabo por plataformas virtuales para plantear las circunstancias, exclamó: “Me parece que la reunión fue muy positiva, no era en contra de la delegación de Córdoba, sino para agilizar el trámite. Porque va desde acá hasta Córdoba y después a Nación”.

Obras sociales

La entrevistada comentó que acompañan a cada una de las personas que comienzan el trámite en la dependencia y que utilizaron “varias vías” y aún así continúan a la espera de resultados.

“Hay obras sociales que renegamos poco y hay otras que son un clásico, por eso la reunión de ayer. Necesitamos una acceso directo con la Superintendencia”, instó.

Ante esta situación, la auditoría ratificó que el objetivo es continuar desde las defensorías los reclamos. “Por suerte Córdoba tiene estos espacios, como en Villa María, Río Cuarto o los delegados de provincia”, expuso.

En relación, exteriorizó: “No me quiero imaginar cómo hacen en las provincias donde no hay defensorías, como Mendoza. Supongo que en esos casos, Superintendencia debe tener delegaciones abiertas porque la gente necesita que les resuelva, porque si no la gente se muere”.

Al respecto, señaló que desde la región concurre gente a realizar los reclamos y que son acompañados por la Auditoría. Sobre este aspecto, indicó que todas las personas que lo necesiten deberán traer toda la documentación pertinente.

Por otro lado, explicó que antes de la pandemia existió una delegación en Villa María que cada 15 días atendía de manera directa a las personas y que tomaba los casos para llevarlos a Córdoba, situación que cambió con la pandemia.

Virtualidad

El contexto sanitario, según Peressutti, derivó en la tramitación y seguimiento de manera virtual de los reclamos donde los damnificados se ven perjudicados porque quedan excluidos. “La tarea obviamente recae sobre la Auditoría y que tienen que acompañar a quienes inician el pedido”, mencionó.

En cuanto a la digitalización de estos trámites, enfatizó que se trata de la franja etaria alrededor de los 40 años, “muchísima gente que a lo mejor es más joven y no se sabe manejar debido a que no es fácil manejar trámites por internet, menos a través del Ciudadano Digital (CIDI)”.

Asimismo, solicitó que las personas que desconozcan cómo llevar adelante el trámite, que llame o se acerque a la Defensoría del Pueblo para que desde allí puedan contribuir en lo necesario. “Las generaciones menores a los 30 años saben, pero tenemos casos que no poseen acceso y realmente desconocen cómo hacerlo”, acentuó.

Reclamos

“Tenemos de todos los casos, pero el principal reclamo a diario en salud es la persona que se inscribe al monotributo y no la aceptan las obras sociales”, enfatizó. Sobre estas personas excluidas, describió que por lo general las obras sociales “no las aceptan y esto es histórico, aunque tengan la obligación”.

Si bien son multados, también sostuvo que el plan médico obligatorio debe ser reconocido “porque en el momento es abonado el monotributo, ingresa a alguna obra social”. Por este motivo, aseguró que se trata “de una estafa”. Además, que suelen quitarles la prestación cuando pierden su trabajo cuando por 90 días deben brindarles el servicio.

Otro aspecto es que existen prestadores en Villa María que no tienen convenio. “Conocemos cómo son los procesos de tramitación, aunque es muy lento, los temas de salud son urgentes”, garantizó y continuó: “Hasta que va el reclamo de la Superintendencia que así sucede por lo general, falla a favor del paciente y se pierde mucho tiempo en ese trámite; una persona que tiene que llevar adelante un tratamiento oncológico no tiene paciencia para esperar y tampoco tiempo”.

Para finalizar, confirmó que llevarán adelante un informe con los reclamos más cotidianos y tener una vía directa para representar a todas las personas que llevaron adelante el reclamo.