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Grave crisis en Perú: el Congreso rebelado y dos presidentes

Martín Vizcarra disolvió el Parlamento y un grupo de diputados respondió votando su "suspensión" y designando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz en su reemplazo

Perú vivió ayer una jornada singular, conmovido por una crisis política sin precedentes en la que coexisten dos presidentes y un Congreso disuelto que se resiste a dejar de funcionar, y que, sin embargo, tuvo un impacto muy moderado sobre las variables económicas y la vida cotidiana.

El inédito conflicto de poderes sorprendió también a la comunidad internacional, que sólo se expresó a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que llamaron a buscar soluciones constitucionales y pacíficas sin tomar partido.

Juró un nuevo primer ministro

El presidente Martín Vizcarra sólo se mostró en público al tomar juramento al nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, quien sucedió a Salvador del Solar, pero no hizo declaraciones.

Tampoco las había hecho la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien antenoche juró como jefa del Estado ante la mayoría parlamentaria, que votó la suspensión de Vizcarra.

Por la mañana, el foco estuvo puesto sobre el Congreso unicameral, donde legisladores y funcionarios del Ejecutivo mantuvieron varias reuniones.

Algunos congresistas defendieron el derecho de trabajar al menos en la Comisión Permanente del parlamento, integrada por las autoridades y representantes de las diversas bancadas -27 miembros en total- y que, según la Constitución, debe continuar en funciones aun con el Congreso disuelto.

Ruptura del orden constitucional

“En este momento hay muchas consultas que se están dando; el evento es claramente de ruptura del orden constitucional; por el momento soy presidente de la Comisión Permanente”, afirmó el hasta ayer titular del Congreso, Pedro Olaechea, en rueda de prensa.

Pese a declararse a cargo de la Comisión Permanente, Olaechea rechazó la disolución del Congreso y prometió acciones que aún no estaban resueltas: “Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar”, advirtió, según recogieron el diario limeño El Comercio y la agencia de noticias EFE.

Por su lado, los congresistas Marco Arana y Justiniano Apaza, del Frente Amplio izquierdista, denunciaron ante el Ministerio Público a Aráoz, Olaechea y otros legisladores por presunta usurpación de funciones.

Arana justificó su demanda en que “un Congreso disuelto no tenía atribuciones para juramentar a una congresista como presidente”.

Mientras tanto, Lima pareció vivir una jornada habitual, excepto por las restricciones para ingresar a la zona céntrica, donde están el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso.

En los mercados financieros, la cotización del dólar aumentó 0,74% debido a la incertidumbre sobre la situación institucional, pero el valor de los bonos de la deuda peruana ganó seis puntos básicos, según el diario económico Gestión.

En ese contexto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó en un comunicado que “es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales”, lo que pareció un aval a Vizcarra.

No obstante, advirtió que “compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución”.

A su vez, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) opinó que los hechos en Perú son “delicados” y subrayó que “cualquier solución a la que se llegue debe ser esencialmente democrática”.

Vizcarra dispuso ayer la disolución del Congreso, invocando una facultad que le confiere la Constitución, y llamó a elecciones para su nueva integración para el 26 de enero próximo.

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