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En Villa María también le dicen "no al ajuste en discapacidad"

La convocatoria que se realizó este miércoles en todo el país tuvo su réplica en Plaza Centenario. Aseguran que hay derechos y principios de la población con discapacidad que se encuentran “en riesgo”

El frío no fue una excusa para las decenas de familias que se convocaron ayer -en horas de la tarde- en Plaza Centenario, con motivo de hacer saber su firme postura frente al ajuste que plantea el gobierno nacional en materia de discapacidad.

La actividad, que a nivel local fue llevada adelante por Avisdown, Hablemos de Autismo y la Fundación El Principito, formó parte de una agenda de movilizaciones que tuvieron su réplica en ciudades de todo el país. Dentro de la provincia, por ejemplo, también se hicieron marchas en la capital cordobesa, Río Cuarto y Alta Gracia. El mensaje fue el mismo: “No al ajuste en discapacidad”.

El reclamo convocó tanto a las familias como a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, es decir, docentes, profesionales de la psicopedagogía y la kinesiología, terapistas ocupacionales, trabajadores del transporte y tantos rubros que, directa o indirectamente, se vinculan con grandes y chicos que viven en situación de discapacidad.

Claudia Fraire, referente de la fundación El Principito, reconoció que la desregulación que plantea la administración de Milei “pone en riesgo, en primer lugar, los derechos de las personas con discapacidad, y en segundo lugar, todo lo que concierne al sistema de prestaciones”.

Según explicó, el sistema que rige en la actualidad lleva 25 años de vigencia y se enmarca en la Ley 24.901, normativa que a su vez se adecua a los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fraire puso en valor esa norma, recordando que “es la que garantiza la universalidad y los principios de igualdad”.

Por su parte, Juliana Somale, integrante de Avisdown, afirmó que el proyecto que impulsa la gestión actual prevé desregular el arancel unificado que tienen los prestadores a nivel nacional.

Asimismo, ratificó que esta situación va a generar un perjuicio directo en la calidad de los servicios. “El acceso se va a dar de acuerdo a la billetera, a la obra social, o a cuánto puede pagar cada uno de manera extra”, afirmó preocupada.

Rosa Campora, representante de la Región Sureste en la Comisión Provincial de Discapacidad de Córdoba, destacó ante Puntal Villa María la importancia de darles visibilidad a los derechos de las personas con discapacidad. Acto seguido, invitó a los legisladores del país a “leer la letra chica” y a interiorizarse sobre la problemática.

Patricia Juncos, miembro del grupo Hablemos de Autismo, puso en evidencia de que “esta lucha representa a muchas familias que no tienen la posibilidad de tener una obra social, o que forman parte del Programa Federal Incluir Salud, o que se hacen atender en el Hospital”.

Y amplió:“Sabemos que esta ley nos va a perjudicar a todos. Le pido a toda la sociedad que nos acompañe y que empatice con esta situación”.

La directora de Políticas de Igualdad para las Personas con Discapacidad de Villa María, Sara Chaisi, precisó que el proyecto que está en agenda propone “una ley de mercado de la que nosotros no pertenecemos”.

“No somos una casta. Esta ley les da a las obras sociales la posibilidad de que se deshagan de nosotros”, cerró la funcionaria local.