Un agente de la Policía Departamental General San Martín, identificado extraoficialmente como Victor Hugo “Tato” Correa, fue detenido el jueves por la noche luego de conocerse que había recibido dinero en efectivo de una mujer -quien había sido víctima de un robo-.
Este medio pudo conocer que la damnificada habría entregado una suma equivalente a 2 mil pesos para que el uniformado recupere un celular que previamente le habían sustraído.
La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, sigue la investigación.
Más precisiones
Según precisiones del portal web Villa María Vivo, la detención fue producto de un robo que sufrió una conocida del policía. Según amplía, la mujer habría olvidado su teléfono en un local comercial y cuando regresa a buscarlo no lo obtiene. Como correspondía, hizo la denuncia a la comisaría manifestando que sabía quién lo tenía.
La víctima del robo habría solicitado revisar las cámaras de seguridad del lugar, pero ante la negativa recurrió a un conocido, el cabo Correa.
Lo trascendido da cuenta de que el policía habría aceptado 2 mil pesos de quien formuló la denuncia para investigar lo ocurrido.
La Fiscalía calificó al hecho como “exacción”. Tal delito se da cuando un funcionario público -en este caso un efectivo policial- que exige, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada.
Según se pudo conocer, el efectivo que puso en riesgo su continuidad laboral contaba con ocho años de antigüedad en las fuerzas policiales de la Provincia.
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La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, sigue la investigación.
Más precisiones
Según precisiones del portal web Villa María Vivo, la detención fue producto de un robo que sufrió una conocida del policía. Según amplía, la mujer habría olvidado su teléfono en un local comercial y cuando regresa a buscarlo no lo obtiene. Como correspondía, hizo la denuncia a la comisaría manifestando que sabía quién lo tenía.
La víctima del robo habría solicitado revisar las cámaras de seguridad del lugar, pero ante la negativa recurrió a un conocido, el cabo Correa.
Lo trascendido da cuenta de que el policía habría aceptado 2 mil pesos de quien formuló la denuncia para investigar lo ocurrido.
La Fiscalía calificó al hecho como “exacción”. Tal delito se da cuando un funcionario público -en este caso un efectivo policial- que exige, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada.
Según se pudo conocer, el efectivo que puso en riesgo su continuidad laboral contaba con ocho años de antigüedad en las fuerzas policiales de la Provincia.