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Por el ciberataque, declaran cuatro días inhábiles en la Justicia provincial

Lo dispuso ayer el Tribunal Superior de Justicia mediante una acordada. Destacaron que la información no se perdió porque el último almacenamiento se realizó el viernes. Por las características, fue un ataque inédito

El Poder Judicial de Córdoba tendrá una semana de trabajo limitado como consecuencia del ciberataque que sufrió durante el sábado y que afectó a su web, los servicios y las bases de datos, que hasta anoche no habían podido ser recuperados.

Luego de emitir una acordada en la que dieron detalles de cómo operará la Justicia provincial hasta el viernes inclusive, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, junto a los técnicos que asesoran a los magistrados y representantes de los abogados, entre los que estuvo el presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, el riocuartense César Avendaño, brindaron ayer una conferencia de prensa para dar detalles de la situación.

Allí se explicó que ya el jueves de la semana pasada hubo un ataque fallido al sistema informático del Poder Judicial y que, pocas horas después, el intento logró romper las barreras de seguridad y encriptó la totalidad de la información.

Una primera aclaración que se hizo fue que el backup o almacenamiento de la información está actualizado al viernes de la semana pasada, por lo cual no se perdieron datos. El segundo aspecto a destacar es que, más allá de no perderse información, allí aseguraron que tampoco la documentación fue robada, sino que se trató de un bloqueo: se encriptó para impedir el acceso al usuario habitual.

Frecuentemente, este tipo de ataques lleva implícito un pedido de rescate de la información, pero al tratarse de una repartición pública como es en este caso, esa posibilidad está vedada. Los organismos oficiales no pueden acceder a tales pedidos extorsivos. Por eso, los técnicos creen que tampoco hubo un planteo de esas características.

En ese sentido, interpretan que pudo tratarse de una prueba “para ganar prestigio en el hampa del ciberdelito”. Y para ratificar esa hipótesis, los técnicos describieron que este era el segundo caso de un ataque de esas características en el mundo. ¿Se tratará de un ataque originado en el exterior?

“Se trató de un ransomware que ha comprometido la disponibilidad de los servicios informáticos. Ello, a pesar de que el Poder Judicial tiene actualizados todos los sistemas de seguridad y contratados los servicios de líderes globales del mercado tecnológico (Microsoft, Cisco, Trend micro) y de los especialistas más renombrados del ámbito tecnológico local (Punto Net Soluciones, e-Mozart, Cotech, Cedi Consulting, Intertron y Procom)”, explicaron desde el TSJ.

Del mismo modo, destacaron que, con el personal técnico interno y externo, el Poder Judicial se encuentra abocado a encontrar soluciones de fondo y un plan para la contigencia. No obstante ello, subsisten dificultades operativas que impiden el normal funcionamiento.

En este sentido, es que al menos el resto de la semana será inhábil. “Van a ser días inhábiles procesalmente”, explicó Avendaño a Puntal. Sin embargo, se aclaró también que serán jornadas laborales para los trabajadores y que los actos que se realicen serán mediante el uso de papel, como funcionaba antes de la implementación total del trámite electrónico.

Información protegida

“Lo que nos explicaron es que, al tener la información toda resguardada, se van a tomar estos días para eliminar el virus en todo el sistema y luego poder volcar nuevamente la información”, indicó Avendaño. Aunque el plazo hasta el viernes es estimativo, advirtió.

En ese sentido, López Peña destacó que “un sistema de Justicia de emergencia está garantizado”. También explicó que “todas las bases de datos que sirven para realizar el backup de la información que pueda ser atacada está intacta. El Poder Judicial tiene un triple espejo de backup, es decir, se guarda la información en tres lugares distintos de manera que si se afecta uno, los otros sirven para poder realizar, luego, una restauración del sistema hacia el estado anterior al ataque”, agregó.

Lo que se remarcó es que no existe posibilidad de consultar expedientes vía electrónica como se viene practicando desde 2019, cuando se comenzó a migrar hacia el nuevo esquema de trabajo.

En este sentido, se aclaró que “dada la gravedad de los hechos descriptos, resulta necesario suspender provisoriamente la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes judiciales de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario (AR) N° 1582 serie “A” de fecha 21/08/2019 y disposiciones de ejecución, como así también lo resuelto por Acuerdo Reglamentario Nº1657 serie “A” de fecha 18/09/2020 (expediente electrónico mixto)”.

Y se agregó: “Que provisoriamente, habrán de efectuarse las presentaciones en papel por ante los tribunales y oficinas que resulten competentes en razón de la materia y/o el turno, que serán proveídas también en papel con firma ológrafa, aclaración de firma o sello de los/as funcionarios y magistrados competentes conforme las pautas que se establezcan”.

Cómo es el Plan de Contingencia que dispuso el Poder Judicial

La acordada del Tribunal Superior de Justicia dispuso un Plan de Contingencia para el restablecimiento gradual y progresivo de los servicios y sistemas electrónicos del Poder Judicial de Córdoba a partir del 16 de agosto de 2022. Con ese objetivo, declaró inhábiles a los fines procesales y administrativos los días 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2022 para las causas ya iniciadas y que actualmente se tramitan electrónicamente, salvo los actos válidamente cumplidos. Por otro lado, se remarcó que la Administración General establecerá el mecanismo de presentación de nuevas actuaciones judiciales, de celebración de audiencias y todo otro mecanismo necesario mientras dura el presente Plan de Contingencia.

Además, las audiencias y actos procesales fijados para los días 16, 17, 18 y 19 de agosto del corriente se realizarán en la forma prevista, salvo que el juez o el fiscal interviniente resuelvan lo contrario.

También, resolvió la prórroga automática de las medidas cautelares vencidas al 13 de agosto de 2022 y a vencerse desde esa fecha y hasta el 19 de agosto de 2022 en el fuero de violencia de género y familiar.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal ordenará su actividad en función de la normativa aplicable y los requerimientos que impongan las necesidades del servicio y remarcó que la convocatoria del personal es presencial.