Esta semana se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en su conmemoración, desde la ONG Amnistía Internacional Argentina alertaron sobre la situación de las comunidades en el país. Para graficarlo, presentaron un mapa con todos los conflictos que se están desarrollando en la actualidad, ya sea territoriales, ambientales o de personería jurídica, entre otros.
“Los pueblos originarios enfrentan graves obstáculos en el acceso y control sobre sus territorios y recursos naturales, en el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, en ser consultados sobre los proyectos o políticas que los afecten, entre otros”, indicaron en su informe desde la organización, y consideraron que “esto sucede a pesar de que Argentina reconoce ‘la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas’ y promueve la garantía de sus derechos en la Constitución Nacional y tratados internacionales suscritos”.
Por lo tanto, insistieron con la prórroga de la ley 26.160, de emergencia territorial hasta noviembre de 2021, con el apoyo de las comunidades de todo el país y organizaciones de derechos humanos.
“La mayoría de las comunidades indígenas del país no cuentan con un ‘reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional’ y esto se debe a la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras que se encuentran en manos de estancieros, empresas agropecuarias, petroleras y mineras o de la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas”, sostuvieron desde Amnistía, mientras que señalaron: “Estos hechos reproducen situaciones de represión, violencia y criminalización”.
En un sitio web creado específicamente para dar visibilidad a esta problemática, Amnistía Internacional presenta en www.territorioindigena.com.ar un relevamiento sobre los casos emblemáticos de conflictos en todo el país, un marco normativo y espacios tanto para incorporar nuevos hechos o para adherir al reclamo de las comunidades de pueblos originarios.
Provincias del norte argentino son las que más situaciones conflictivas presentan, en especial Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. Sin bien Córdoba no es de las que más casos se han relevado, hay tres en especial que se visibilizan:
- La comunidad indígena Tulián
- Disputa con un privado por el territorio, donde se acusa a la comunidad de “usurpación” de su propio territorio y denuncian como trasfondo la especulación inmobiliaria para loteos, en el sector de San Marcos Sierra.
- La comunidad comechingón de Ticas
- En Bialet Massé, departamento de Punilla, donde una topadora ingresó al territorio indígena y destruyó una parte protegida de bosque nativo. Además, alambraron parte del territorio indígena y colocaron carteles con la insignia: “No pasar, propiedad privada”. Pretenden constuir un barrio privado y cuestionan que el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no interviene.
- La comunidad Lic-Sin
- En el paraje Cerro San Lorenzo, a 12 kilómetros de Río los Sauces y a 30 kilómetros de la localidad de Berrotarán. Allí se denunció un intento de desalojo por parte de privados.
El relevamiento da cuenta, hasta el momento, de 200 casos referidos a los conflictos presentes en Argentina en los que hay comunidades indígenas, una cifra referida a los que exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.
“Todos los casos relevados han sido difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan”, sostienen desde Amnistía Internacional, y asegura: “La información compartida es pública y propone ser un punto de partida para visibilizar los muchos casos que existen en el país. El mapa es una herramienta colaborativa de diversas organizaciones, abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran”.
Emergencia
Según información oficial del Estado, hay 1.532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, esto es, apenas un 49% del total.
De ese parcial total (759), sólo 459 comunidades cuentan “con resolución”, que el Inai identifica como relevamientos “culminados”, y en relación a los cuales, “en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública”. Pese a estar concluidos en la práctica, si bien se elabora una “carpeta” con todo el material, no sólo no se avanza en la titulación ni entrega de títulos, sino que muchas veces ni siquiera se conoce el destino de esas carpetas.
Desde Amnistía Internacional señalaron que ya el año pasado, la ONU alertó al país sobre la falta de un “mecanismo para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas” y recomendó la urgente concesión de títulos de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas.
Además, indican que el organismo internacional destacó la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y ambientales, entre ellos los pueblos indígenas, que incluya acciones para prevenir ataques contra ellos.
En este marco es que valoran la normativa de emergencia territorial, legislación que fue sancionada a fines del 2006 “con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha contraído al reconocer los derechos de los pueblos originarios”, consideraron desde la ONG.
Explicaron que la ley 26.160 suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Inai.
En tanto, consideraron que es una normativa sumamente importante porque “establece un nuevo reconocimiento de la obligación del Estado de generar procesos participativos con la finalidad de reconocer la propiedad de territorios a las comunidades indígenas en Argentina”, y porque “constituye un paso previo para que se pueda determinar la ubicación geográfica de las comunidades indígenas, delimitar el territorio que ocupan y narrar la historia del uso y ocupación de ese territorio”.
Del mismo modo, consideraron que “es necesaria para que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación, titulación comunitaria de sus territorios”, y que “va en la dirección correcta para brindar seguridad jurídica a las comunidades”.
Finalmente, establecieron que mantener vigente esta legislación “brinda una herramienta de resistencia a las comunidades indígenas para frenar desalojos injustos de los territorios hasta tanto se culmine el relevamiento.
Desde Amnistía consideran que con este marco legislativo se “permite reforzar la necesidad de incorporar esta agenda en la política pública estatal” y se “promovió una identidad en las luchas de los pueblos indígenas y demandas comunes sobre el territorio”.
“La población indígena en la Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del país. Durante la época de la colonización, y especialmente con la serie de campañas militares llevadas a cabo, se produjo el exterminio de una gran parte de los pueblos indígenas”, reflexionaron desde la ONG.
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Por lo tanto, insistieron con la prórroga de la ley 26.160, de emergencia territorial hasta noviembre de 2021, con el apoyo de las comunidades de todo el país y organizaciones de derechos humanos.
“La mayoría de las comunidades indígenas del país no cuentan con un ‘reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional’ y esto se debe a la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras que se encuentran en manos de estancieros, empresas agropecuarias, petroleras y mineras o de la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas”, sostuvieron desde Amnistía, mientras que señalaron: “Estos hechos reproducen situaciones de represión, violencia y criminalización”.
En un sitio web creado específicamente para dar visibilidad a esta problemática, Amnistía Internacional presenta en www.territorioindigena.com.ar un relevamiento sobre los casos emblemáticos de conflictos en todo el país, un marco normativo y espacios tanto para incorporar nuevos hechos o para adherir al reclamo de las comunidades de pueblos originarios.
Provincias del norte argentino son las que más situaciones conflictivas presentan, en especial Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. Sin bien Córdoba no es de las que más casos se han relevado, hay tres en especial que se visibilizan:
- La comunidad indígena Tulián
- Disputa con un privado por el territorio, donde se acusa a la comunidad de “usurpación” de su propio territorio y denuncian como trasfondo la especulación inmobiliaria para loteos, en el sector de San Marcos Sierra.
- La comunidad comechingón de Ticas
- En Bialet Massé, departamento de Punilla, donde una topadora ingresó al territorio indígena y destruyó una parte protegida de bosque nativo. Además, alambraron parte del territorio indígena y colocaron carteles con la insignia: “No pasar, propiedad privada”. Pretenden constuir un barrio privado y cuestionan que el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no interviene.
- La comunidad Lic-Sin
- En el paraje Cerro San Lorenzo, a 12 kilómetros de Río los Sauces y a 30 kilómetros de la localidad de Berrotarán. Allí se denunció un intento de desalojo por parte de privados.
El relevamiento da cuenta, hasta el momento, de 200 casos referidos a los conflictos presentes en Argentina en los que hay comunidades indígenas, una cifra referida a los que exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.
“Todos los casos relevados han sido difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan”, sostienen desde Amnistía Internacional, y asegura: “La información compartida es pública y propone ser un punto de partida para visibilizar los muchos casos que existen en el país. El mapa es una herramienta colaborativa de diversas organizaciones, abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran”.
Emergencia
Según información oficial del Estado, hay 1.532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, esto es, apenas un 49% del total.
De ese parcial total (759), sólo 459 comunidades cuentan “con resolución”, que el Inai identifica como relevamientos “culminados”, y en relación a los cuales, “en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública”. Pese a estar concluidos en la práctica, si bien se elabora una “carpeta” con todo el material, no sólo no se avanza en la titulación ni entrega de títulos, sino que muchas veces ni siquiera se conoce el destino de esas carpetas.
Desde Amnistía Internacional señalaron que ya el año pasado, la ONU alertó al país sobre la falta de un “mecanismo para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas” y recomendó la urgente concesión de títulos de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas.
Además, indican que el organismo internacional destacó la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y ambientales, entre ellos los pueblos indígenas, que incluya acciones para prevenir ataques contra ellos.
En este marco es que valoran la normativa de emergencia territorial, legislación que fue sancionada a fines del 2006 “con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha contraído al reconocer los derechos de los pueblos originarios”, consideraron desde la ONG.
Explicaron que la ley 26.160 suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Inai.
En tanto, consideraron que es una normativa sumamente importante porque “establece un nuevo reconocimiento de la obligación del Estado de generar procesos participativos con la finalidad de reconocer la propiedad de territorios a las comunidades indígenas en Argentina”, y porque “constituye un paso previo para que se pueda determinar la ubicación geográfica de las comunidades indígenas, delimitar el territorio que ocupan y narrar la historia del uso y ocupación de ese territorio”.
Del mismo modo, consideraron que “es necesaria para que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación, titulación comunitaria de sus territorios”, y que “va en la dirección correcta para brindar seguridad jurídica a las comunidades”.
Finalmente, establecieron que mantener vigente esta legislación “brinda una herramienta de resistencia a las comunidades indígenas para frenar desalojos injustos de los territorios hasta tanto se culmine el relevamiento.
Desde Amnistía consideran que con este marco legislativo se “permite reforzar la necesidad de incorporar esta agenda en la política pública estatal” y se “promovió una identidad en las luchas de los pueblos indígenas y demandas comunes sobre el territorio”.
“La población indígena en la Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del país. Durante la época de la colonización, y especialmente con la serie de campañas militares llevadas a cabo, se produjo el exterminio de una gran parte de los pueblos indígenas”, reflexionaron desde la ONG.