Acusan a Vicentin de usar facturas apócrifas para cobrar reintegros
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) denunció penalmente a la empresa Vicentin y a sus responsables por presunta utilización de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones, según se informó ayer.
En un comunicado, el ente recaudador señaló que el perjuicio estimado al Estado es de por lo menos unos 110 millones de pesos.
De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de 100.000 millones de pesos, fue denunciada ahora "por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales", un delito que podría llevar a sus responsables a prisión.
"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la Afip sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", sostuvo el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, al tiempo que indicó que la denuncia penal fue presentada el pasado viernes ante el Juzgado Federal de Reconquista.
"El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas", subrayó.
En ese sentido, puntualizó que "las maniobras detectadas" consisten en "el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones".
De acuerdo con la presentación de la Afip, “la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".
Al respecto, aseguró que la fiscalización "constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019".
Al ampliar la información en relación con la denuncia presentada el viernes, la Afip aclaró ayer que “durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas “no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería", según apuntó el ente recaudador.
Destacó que "las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real",y añadió que "los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".
Asimismo, según publicaron medios locales, en la misma jornada ingresó también en el Juzgado Federal de Resistencia una demanda de un buffet internacional de abogados.
La empresa agroexportadora estuvo a punto de ser expropiada por el gobierno nacional hace escasos meses, en una decisión polémica que impactó notablemente sobre el clima político y terminó por perjudicar a la administración de Alberto Fernández.
La Justicia de Reconquista impidió que los interventores designados por el Poder Ejecutivo se hicieran cargo del grupo -aunque sí permitió su ingreso como veedores- y posteriormente las críticas y movilizaciones en contra de la medida obligaron al Presidente a dar marcha atrás con la iniciativa.
Entonces optó por respaldar una propuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe que de cualquier forma no prosperó ante la falta de acuerdo con los directivos de la firma.