El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) necesita que al menos el 32,7% de las inversiones sea adicional para que la recaudación generada compense los impuestos que el Estado resigna, según un informe elaborado por la consultora EcoGo.
El análisis contempla 23 proyectos aprobados, con inversiones anunciadas por US$39.429 millones y un capital computable de US$33.837 millones. Para ese conjunto, el estudio estimó un gasto tributario a valor presente de US$8.493 millones, frente a una recaudación proyectada de US$17.499 millones.
La consultora aclaró que el gasto tributario no equivale al costo fiscal neto, porque los proyectos que se concretan por el régimen también generan ingresos para el Estado. Bajo los supuestos del informe, la recaudación obtenida más que duplica los recursos resignados.
Diferencias entre Nación y provincias
El impacto no se distribuye de la misma manera entre las jurisdicciones. De los US$8.493 millones de impuestos resignados en los proyectos aprobados, US$6.231 millones corresponden a la Nación, principalmente por derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque.
Las provincias donde se radican las inversiones mantienen las regalías y tributos locales, además de recibir recursos mediante la coparticipación. Por eso, necesitan un nivel de adicionalidad del 17,7% para alcanzar el equilibrio fiscal y recuperan 4,6 veces lo que resignan.
En las provincias sin proyectos, el umbral asciende al 32,1%, con una recaudación equivalente a 2,1 veces los recursos cedidos. Para la Nación, en cambio, se requiere un 38,5% de adicionalidad, ya que recupera 1,6 veces lo resignado.
El estudio también amplió el análisis a 39 proyectos, con US$87.409 millones anunciados. En ese escenario, el costo tributario alcanzaría US$24.175 millones y la recaudación esperada llegaría a US$50.542 millones.
La adicionalidad consolidada se ubicaría en 32,4%, aunque el umbral para la Nación subiría al 44,4% y el de las provincias receptoras bajaría al 13,7%. EcoGo atribuyó esa diferencia al mayor peso de los proyectos hidrocarburíferos, que concentran la renuncia impositiva en tributos nacionales mientras generan regalías para las jurisdicciones productoras.
La consultora sostuvo que el desafío del régimen no consiste solamente en incrementar el volumen de inversiones anunciadas, sino en maximizar la inversión adicional y ampliar el impacto sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad económica.