El Gobierno resolvió quitar la concesión de cinco corredores viales y estatizaría 3.374 kilómetros de rutas nacionales, hasta que se liciten nuevamente, según anticipó anoche diario Clarín.
Se trata de concesiones manejadas por operadores privados, que estaban vencidas desde hace dos años y el Gobierno las venía renovando con resoluciones que fueron impugnadas ante la Justicia.
El decreto de estatización se publicaría hoy en el Boletín Oficial.
Allí se establecería que la empresa estatal Corredores Viales se hará cargo de esas rutas, hasta que "se liciten nuevamente los corredores o con un plazo máximo de cinco años", aseguró a Clarín Ezequiel Christie, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional.
En los cinco corredores viales trabajan actualmente 978 empleados, que con esta decisión pasan a formar parte de la empresa estatal Corredores Viales, formada por el Ministerio de Transporte (51%) y Dirección Nacional de Vialidad (49%). O sea, se suman a la planta del Estado con su correspondiente antigüedad.
Las rutas
El Gobierno resolvió que la estatal Corredores Viales se haga cargo de las nuevas operaciones en las rutas 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36 y 188, ya que Vialidad Nacional no puede cobrar peajes ni incorporar los empleados que estaban en los 5 corredores concesionados. En total, las rutas atraviesan 11 provincias.
Las concesiones de los cinco corredores viales que ahora pasan al Estado se hicieron en 2010 y vencían originalmente en abril de 2016, con una única opción de prórroga por 12 meses, que le fue otorgada por el Gobierno.
Luego el entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel, las fue renovando sin concurso, con resoluciones "ad referéndum del Poder Ejecutivo", que primero estiraron las concesiones hasta abril 2018 y, después, "hasta que se asigne a otra concesion, pensando que se licitaba por el mecanismo de PPP", dijo una fuente oficial.
Esos proyectos PPP eran las obras que el Gobierno planeaba licitar en dos etapas. La primera se pudo adjudicar en junio del año pasado y contempla la construcción y mantenimiento de 2.559 kilómetros de rutas y autopistas, en seis corredores viales.
Pero los otros 3.374 kilómetros "no se pudieron licitar, porque el financiamiento era muy caro. Así que pospusimos esa licitación. Pero como los contratos estaban vencidos, decidimos su estatización temporal", dijo Ezequiel Christie, directivo de Vialidad.
Denuncia del sindicato
Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó una denuncia judicial en la que sostuvo que el Estado debía llamar a concurso, como establece la normativa vigente, en lugar de renovar las concesiones en forma directa.
Por esa denuncia, hace dos semanas el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, y al actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Iguacel y Dietrich
El juez federal Sebastián Casanello investiga a los funcionarios por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño en sus funciones y violación de los deberes de funcionario público.
En el Gobierno sostienen que ahora con el decreto del presidente Mauricio Macri "se están aceptando todas las prórrogas anteriores, así que ya no caminaría más esa denuncia contra Iguacel y Dietrich", afirmó una fuente oficial.
Iguacel dejó su cargo en junio del año pasado, para asumir como reemplazante de Juan José Aranguren, en el Ministerio de Energía -donde duró pocos meses-. Y fue reemplazado en Vialidad Nacional por Patricia Gutiérrez, quien tiene a su cargo 40.000 kilómetros de caminos en todo el país, de los cuales poco más de 9.000 formaban parte de la Red Vial Concesionada y ahora, como efecto de la estatización, se redujeron a 5.800 kilómetros.
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El decreto de estatización se publicaría hoy en el Boletín Oficial.
Allí se establecería que la empresa estatal Corredores Viales se hará cargo de esas rutas, hasta que "se liciten nuevamente los corredores o con un plazo máximo de cinco años", aseguró a Clarín Ezequiel Christie, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional.
En los cinco corredores viales trabajan actualmente 978 empleados, que con esta decisión pasan a formar parte de la empresa estatal Corredores Viales, formada por el Ministerio de Transporte (51%) y Dirección Nacional de Vialidad (49%). O sea, se suman a la planta del Estado con su correspondiente antigüedad.
Las rutas
El Gobierno resolvió que la estatal Corredores Viales se haga cargo de las nuevas operaciones en las rutas 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36 y 188, ya que Vialidad Nacional no puede cobrar peajes ni incorporar los empleados que estaban en los 5 corredores concesionados. En total, las rutas atraviesan 11 provincias.
Las concesiones de los cinco corredores viales que ahora pasan al Estado se hicieron en 2010 y vencían originalmente en abril de 2016, con una única opción de prórroga por 12 meses, que le fue otorgada por el Gobierno.
Luego el entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel, las fue renovando sin concurso, con resoluciones "ad referéndum del Poder Ejecutivo", que primero estiraron las concesiones hasta abril 2018 y, después, "hasta que se asigne a otra concesion, pensando que se licitaba por el mecanismo de PPP", dijo una fuente oficial.
Esos proyectos PPP eran las obras que el Gobierno planeaba licitar en dos etapas. La primera se pudo adjudicar en junio del año pasado y contempla la construcción y mantenimiento de 2.559 kilómetros de rutas y autopistas, en seis corredores viales.
Pero los otros 3.374 kilómetros "no se pudieron licitar, porque el financiamiento era muy caro. Así que pospusimos esa licitación. Pero como los contratos estaban vencidos, decidimos su estatización temporal", dijo Ezequiel Christie, directivo de Vialidad.
Denuncia del sindicato
Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó una denuncia judicial en la que sostuvo que el Estado debía llamar a concurso, como establece la normativa vigente, en lugar de renovar las concesiones en forma directa.
Por esa denuncia, hace dos semanas el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, y al actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Iguacel y Dietrich
El juez federal Sebastián Casanello investiga a los funcionarios por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño en sus funciones y violación de los deberes de funcionario público.
En el Gobierno sostienen que ahora con el decreto del presidente Mauricio Macri "se están aceptando todas las prórrogas anteriores, así que ya no caminaría más esa denuncia contra Iguacel y Dietrich", afirmó una fuente oficial.
Iguacel dejó su cargo en junio del año pasado, para asumir como reemplazante de Juan José Aranguren, en el Ministerio de Energía -donde duró pocos meses-. Y fue reemplazado en Vialidad Nacional por Patricia Gutiérrez, quien tiene a su cargo 40.000 kilómetros de caminos en todo el país, de los cuales poco más de 9.000 formaban parte de la Red Vial Concesionada y ahora, como efecto de la estatización, se redujeron a 5.800 kilómetros.