Mientras las organizaciones médicas de la provincia cuestionaron con dureza el criterio de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) que imputó a dos de los médicos que trabajaron en el foco de coronavirus declarado en Saldán, la repartición del Ministerio Público aseguró ayer mediante un comunicado que “de ninguna manera tiene vinculación con los equipos de salud que se desempeñan en el marco de la grave crisis sanitaria”.
Es que los médicos rápidamente señalaron que se trata de “un pésimo mensaje para todos los que a diario tienen que salir a ponerle el cuerpo a la situación, con las herramientas a disposición y que pueden terminar, no sólo enfermos, sino imputados”.
En ese marco y como consecuencia del malestar, hoy se organizarán distintas manifestaciones en la provincia. En el caso de Río Cuarto, la movilización comenzará desde el Centro Cívico a las 17 y después de recorrer los distintos centros de salud privados concluirá en la Plaza Roca. La modalidad será de “caravanas de autos y cumpliendo los protocolos”, anticiparon.
“Antes que salir a imputar médicos, que va en línea con algunas discriminaciones que sufren a diario los distintos profesionales de la salud por parte de algunos vecinos de edificios, deberían preocuparse porque los equipos de salud cuenten con todos los elementos necesarios para hacer frente a esta situación. Porque está claro que lo peor está por venir”, se quejó ayer uno de los organizadores de la movilización local.
Ante ese creciente malestar, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), a cargo de Andrés Godoy, emitió ayer un comunicado en el que explicaron las imputaciones a dos médicos del geriátrico Santa Lucía de Saldán por el brote de coronavirus. E insistieron con que las actuaciones están vinculadas “a dos profesionales médicos específicamente”.
Se trata del médico de piso Lucas Figueroa, imputado -a prima facie- por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor. El delito puede ser penado con prisión de 3 a 15 años. Y también fue imputado el director médico de la Residencia Geriátrica, Marcelo Santiago Lázaro, por considerar que habría incurrido en la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor.
“De ninguna manera tiene vinculación con los equipos de salud que se desempeñan en el marco de la grave crisis sanitaria”, remarcaron desde la Fiscalía.
Además, precisaron que recolectaron diverso material a partir de la denuncia formulada por el Ministerio de Salud provincial, el informe de epidemiología de esa cartera, los testimonios receptados al personal de los equipos de trabajo que desempeñaban tareas en la residencia, informes del Pami y “abundante prueba informativa y documental incorporada”.
En ese sentido, remarcaron que detectaron "graves y serios incumplimientos e irregularidades" por parte del personal médico.