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Sólo nueve centros de salud de la región realizan IVE, el 90% restante deriva

Un informe de Católicas por el Derecho a Decidir expone la situación de Córdoba respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El 75,4% de los efectores de salud no atiende IVE. Además, hay falta de anticonceptivos, de personal y capacitaciones

Ayer fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En ese marco, durante la tarde del viernes, se presentó en Córdoba el informe “Acceso a la salud sexual y reproductiva. IVE/ILE en la Provincia de Córdoba”, realizado por la ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). De la actividad participaron Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, Belén Sueldo, secretaria de Violencia de la provincia de Córdoba, e integrantes de la Red de profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que contribuyeron a este relevamiento realizado en 2021.

Este trabajo se basó en la realización de un mapeo general de la condición en la que se encuentra el subsector de salud pública de la provincia de Córdoba en relación a: acceso a métodos anticonceptivos (MAC), atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y nivel de formación sobre esta temática de los equipos de salud locales.

Se logró encuestar un total de 721 efectores de salud de la provincia, lo que constituye el 89,4% del total (806), según un Mapa de Efectores de Salud Pública, publicado por el Ministerio de Salud de la Provincia, realizado en el año 2020.

El informe revela que “el gobierno provincial no se constituye en rector de la política sanitaria de la provincia en relación a los derechos sexuales y reproductivos, lo cual genera una desigualdad considerable en el acceso a la salud en el territorio provincial”.

Para profundizar en este trabajo, Puntal dialogó con Ana Morillo, coordinadora de salud de Católicas por el Derecho a Decidir.

-Uno de los puntos sobre los que hace foco el informe es la falta de capacitación del personal en derechos sexuales y reproductivos.

-Una cuestión importante es que quienes respondieron no fueron trabajadores simples, sino jefes de servicios, directores de hospitales o jefes comunales, que son quienes tendrían la responsabilidad de implementar las capacitaciones. Pero en términos generales, en salud no se capacita en estos temas. Se capacitan en cuestiones muy puntuales, re contra disciplinarias, pero no en los derechos sexuales y reproductivos, o la Ley de los Derechos del Paciente. Y mirá que hemos tenido avances en estos años como para que no haya capacitaciones. El responsable es el ministerio provincial. Yo le preguntaría ¿qué cartilla elaboró de capacitación? ¿qué línea de capacitación han hecho en el tema? No hay.

-La mitad (47,6%) dijo que no se capacita.

-Sí, además les preguntábamos si necesitaban capacitación y en qué temas. La Provincia tiene estos datos, que son muy certeros, queremos ayudarlos a armar un programa de capacitación, a hacer una línea de comunicación e información del Programa.

-Hay una crítica directa al Gobierno provincial porque no se constituye en rector de la política sanitaria en relación a derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué se evidencia?

-Exacto. Un dato que destacamos es que el 93% de los efectores pertenecen a gobiernos municipales y comunales. Hay un porcentaje de hospitales grandes de distintos niveles de complejidad, pero el programa de salud sexual y reproductiva corresponde más al primer nivel de atención, que casi todo es municipal y comunal. Si le interesara a la Provincia tendría líneas de trabajo, no solo desfinancia, porque se vio eso, sino que ni siquiera dice nada. Hay otras provincias, como Buenos Aires, Chubut o Neuquén, que tienen programas con un posicionamiento respecto del acceso a derechos sexuales y reproductivos.

-¿Hubo retrocesos?

-Algo puntual que nos pasó en San José de la Dormida: un solo médico atendiendo la IVE, pidió apoyo, que mandaran equipo y no recibió nada y se presentó como objetor porque solo no podía. Piióó ayuda al Ministerio y no le dieron ayuda. Un retroceso.

El Hospital de Río Cuarto. Ahora hace hasta las 14 semanas, y antes hacía después de las 15. De las dos médicas, una plantea que no estaba en condiciones de hacer posterior a la semana 14, entonces le exigen que se declare objetora de conciencia; otra tuvo un problema personal y no pudo seguir atendiendo, entonces empiezan a buscar un médico que atienda. Empieza a atender pero hasta las 14, y tienen un día a la semana. Los casos locales son derivados al centro de salud municipal.

Acceso a IVE/ILE

La Ley nacional N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada el 30 de diciembre del 2020, prevé un conjunto de obligaciones y responsabilidades de gobiernos, tanto nacional, provinciales, municipales y comunales, para su efectivo cumplimiento.

Sin embargo, según el trabajo realizado por Católicas por el Derecho a Decidir, del total de efectores de la Provincia, sólo 178 garantizan la IVE. El relevamiento señala que “el 75,4% no atiende, o realiza consejería y deriva con o sin turno programado”. Dentro de ese porcentaje se incluye a quienes no atienden, quienes realizan consejería y derivan sin articulación y quienes realizan consejería y derivan con turno.

En los cuatro departamentos del sur: Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca y Marcos Juárez, en total, hay 90 efectores de salud, de los cuales sólo nueve garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo vía medicamentosa. Están ubicados en Berrotarán, en Vicuña Mackenna, y tres en la ciudad de Río Cuarto. Al este, el Hospital de Laboulaye brinda atención médica y luego, al sur, en Huinca Renancó, Jovita y Pincen.

Al día de hoy, puede haber modificaciones en estos datos, que fueron relevados en la segunda mitad del año pasado. Por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto para realizarse una IVE hay que completar un formulario web y/o dirigirse al Centro de Salud, mientras que al Hospital llegan los casos derivados de la región. Por otro lado, como explicaba en un párrafo anterior Morillo, en la actualidad, si una persona tiene que realizar un aborto por causales (salud, violación o riesgo de vida) más allá de las 14 semanas, no hay más atención en el Hospital San Antonio de Padua y debe ser derivada a Córdoba, a la maternidad provincial.

-Hay departamentos como Juárez Celman, en los que no hay nadie que brinde acceso a IVE/ILE. ¿Quién tiene que exigir que se cumpla la ley?

-Para nosotras la vía siempre fue sensibilizar a los equipos de salud, porque no es verdad que son todos objetores: tienen miedo, no saben cómo hacerlo. Tienen que saber que la dirección del hospital o servicio donde estén, tiene que apoyar. No es fácil, pero hay que llegar con información y tienen que saber que es obligación del sistema público brindar la atención.

“Se observa que un servicio de salud con más de 50.000 habitantes tiene la misma cantidad de profesionales destinados a la atención de la salud sexual y reproductiva que uno de 2000 habitantes”. “Se observa que un servicio de salud con más de 50.000 habitantes tiene la misma cantidad de profesionales destinados a la atención de la salud sexual y reproductiva que uno de 2000 habitantes”.

-En cuanto a las dificultades que presentan las instituciones, consignadas en el informe, el mayor porcentaje se concentró en la falta de recursos humanos, en segundo lugar, se ubicó la falta de insumos seguidos por la infraestructura.

-Claro, falta de recursos humanos y formados en el tema. Notamos que hay mucho desconocimiento de que el aborto no es un legrado, es medicamentoso, por eso la necesidad de capacitación.

En las conclusiones del informe evidencian que “la implementación de la ley de IVE/ILE, en varios efectores depende de las decisiones personales de quienes conforman los equipos, por lo que la garantía del acceso al derecho depende de voluntades individuales y no institucionales”.

Por otro lado, ven que “es alarmante la falta de servicios de ginecología en hospitales provinciales y municipales que atiendan situaciones de aborto del segundo trimestre, ya que las escasas instituciones que sí la garantizan lo hacen por fuera de los estándares de calidad de atención”.

-Un dato que observan en el Informe es que a pesar del aumento de población a cargo, se mantiene entre uno y cinco los profesionales de SSyPR.

-Es terrible ese número. Crece en algunos casos con un hospital de tercer nivel, pero en general, los profesionales destinados a la tarea es de uno a cinco.

-En cuanto a la provisión de anticonceptivos, la encuesta mostró problemas para acceder: un 59,6% contestó “algunas veces” y un “25,9% siempre”. Y en relación a los implantes subdérmicos, en 20 de los 26 departamentos, más del 50% de los efectores de salud no los colocan.

-El implante ha sido un recurso escaso que la Provincia nunca compró, vienen de Nación, pero en cambio, de los DIU siempre hubo stock, pero no hay capacitación para su colocación, ni nada.

Respecto a la Ligadura Tubaria, continúan existiendo barreras. ¿A qué se debe?

-A mí me parece que es una cuestión ideológica, porque implica una decisión de por vida, de no maternar y hay un prejuicio enorme, entonces si bien en la pandemia puede haber habido problemas con los quirófanos, la accesibilidad a la ligadura se ha mantenido siempre así.