El mandatario sostuvo que las circunstancias que motivaron las iniciativas no cambiaron y defendió su contenido como medidas necesarias frente a la situación habitacional.
Entre las disposiciones figura la extensión hasta 2030 de la protección frente a desahucios para personas vulnerables, además de límites a determinadas actualizaciones de alquileres y cambios en la regulación de contratos temporarios y por habitaciones.
El paquete contempla también incentivos fiscales para arrendatarios y pequeños propietarios, modificaciones tributarias para viviendas turísticas y protegidas y mecanismos destinados a facilitar el acceso a la primera casa.
Los decretos regresan al Congreso
Uno de los textos incorpora préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para quienes busquen adquirir su primera vivienda. El Gobierno prevé destinar hasta 10.000 millones de euros a ese programa.
La otra disposición plantea una renovación automática de determinados contratos de alquiler habitual y establece una prórroga de dos años para acuerdos que finalicen antes de 2028, aunque su aplicación dependerá de la convalidación parlamentaria.
Las medidas originales habían sido rechazadas el viernes por 178 votos contra 172, en una derrota que involucró al Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro.
Con las Cortes disueltas, la discusión quedará ahora en manos de la Diputación Permanente, integrada por 68 legisladores y la presidenta del Congreso. La nueva composición podría modificar el escenario de apoyos para al menos uno de los textos.
El segundo decreto enfrenta mayores obstáculos por la oposición del Partido Nacionalista Vasco a la renovación automática de los contratos.
La vivienda entra en la campaña
La crisis habitacional se convirtió en uno de los ejes de la campaña electoral tras semanas de movilizaciones por el incremento de los alquileres y las dificultades para acceder a una propiedad.
Las protestas cobraron mayor fuerza después del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso provocó manifestaciones en distintas ciudades. El lunes, una movilización en Barcelona terminó con detenidos e integrantes de la Policía heridos.
La oposición cuestionó la decisión del Gobierno de insistir con las normas. Vox calificó la medida como una “cacicada”, mientras Sánchez afirmó que el Ejecutivo continuará tomando decisiones hasta las elecciones.
