La resolución surgió de un sumario iniciado a partir de una denuncia presentada por el gremio judicial, en el que se incorporaron testimonios y otros elementos vinculados con el comportamiento de la funcionaria judicial.
De acuerdo con lo establecido en el expediente, durante el período investigado se registraron episodios de gritos, destrato, exigencias desmedidas y situaciones que habrían generado un clima de temor entre trabajadores del ámbito judicial.
Uno de los elementos considerados por el máximo tribunal provincial fue que ocho empleados solicitaron ser trasladados durante el período analizado, situación que fue valorada junto con el resto de las pruebas reunidas.
Expresiones discriminatorias
El TSJ también consideró acreditadas expresiones calificadas como discriminatorias relacionadas con la raza, la orientación sexual y el aspecto físico.
El expediente incorporó además manifestaciones cuestionadas realizadas en el marco de determinadas investigaciones judiciales consideradas sensibles.
Frente a las acusaciones, Reyna negó los hechos y sostuvo que su forma de comunicarse era de carácter “directo”. También planteó que los testimonios en su contra podían responder a una supuesta traición o complot de parte de empleados que estaban bajo su dirección.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia consideró que las pruebas incorporadas durante el sumario resultaban “profusas” y “contundentes”, por lo que resolvió aplicar una sanción disciplinaria.
Una multa de $2,3 millones
La sanción impuesta a la fiscal consiste en una multa de 50 Jus, cuyo valor informado alcanza los $2.395.600.
Además de la penalidad económica, el TSJ recomendó que Reyna recurra a espacios profesionales destinados a trabajar aspectos relacionados con el trato interpersonal.
Al establecer la sanción, el tribunal tuvo en cuenta como elemento atenuante que la fiscal no contaba con antecedentes disciplinarios.
De esta manera, el máximo tribunal provincial concluyó que las conductas denunciadas habían sido acreditadas y aplicó una sanción económica, al tiempo que consideró la ausencia de antecedentes previos de la funcionaria.
La trayectoria de Isabel Reyna
Isabel Reyna se desempeña como fiscal de Bell Ville desde 2018, ciudad cabecera del departamento Unión.
La funcionaria tuvo además una importante exposición pública a partir de su intervención inicial en la investigación por la desaparición de Lian Flores, el niño de tres años que desapareció en Ballesteros Sud.
Durante las primeras semanas de aquella investigación, Reyna mantuvo un perfil reservado y las explicaciones públicas sobre las medidas adoptadas fueron brindadas principalmente por otros integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Con el avance del caso, la investigación pasó a contar con la participación de un equipo integrado por fiscales provinciales y federales, que continuaron trabajando sobre las distintas hipótesis vinculadas con la desaparición del niño.
La causa convirtió a Reyna en una figura de mayor exposición pública, más allá del ámbito judicial de Bell Ville y del departamento Unión.
