Los miembros de las fuerzas de seguridad podrán utilizar desde ahora pistolas eléctricas
Bullrich las considera útiles para hacer frente a situaciones de seguridad complicadas
El Ministerio de Seguridad reglamentó el uso de armas electrónicas no letales por parte de miembros de fuerzas policiales y de seguridad federales.
La medida fue dispuesta través de la resolución 395/2019, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich, y llega luego de que en enero pasado desde la cartera anunciaran la compra de pistolas Taser para utilizar -en un principio- en estaciones de trenes y aeropuertos.
En ese marco, se instruyó a los titulares de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica para el empleo de armas electrónicas no letales".
En los considerandos de la disposición se remarca que la incorporación de esas armas "permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes".
Asimismo, se destaca que "la normativa y la doctrina internacional dan cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades, donde se concluye que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas".
Cuándo se usarán
En tanto, en el anexo de la resolución del Ministerio de Seguridad se determina que se hará uso de las armas electrónicas no letales en los siguientes casos: "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública".
Asimismo, en otro de los puntos de la reglamentación del gobierno nacional se deja claro que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".
Dudas sobre el impacto en la salud y la capacitación
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las pistolas de descarga eléctrica, el gobierno nacional avanzó con la regulación del uso de las “armas electrónicas de uso no letales”, que los defensores de los derechos humanos denominaron “neopicanas”.
Las principales preocupaciones que rodean a las armas “incapacitantes” son los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes.
Las ANL que los ministerios de Seguridad de la Nación y la ciudad de Buenos Aires pretenden adquirir no sólo son las Taser X26. Dentro de la definición del primer párrafo también se podrían incluir bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
Advertencia
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec) alertó por las potenciales consecuencias físicas y cognitivas de las armas menos letales, que incluyen lesiones y, eventualmente, la muerte.
Aunque el trabajo de la ONU citó un estudio de 2008 del National Institute of Justice que demostró una disminución de casi 60% en las probabilidades de generar una lesión en un sospechoso, la Unlirec remarcó que el “grueso” de las preocupaciones se vincula a las lesiones que pueden generar en ciudadanos “inocentes” y en circunstancias en donde los individuos no puedan defenderse.
En China, uno de los mayores exportadores de elementos de tortura del mundo, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI), se equipa a los policías con bastones de descarta eléctrica con púas.
En América Latina no existen estudios oficiales que documenten la letalidad de este tipo de dispositivos.
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La medida fue dispuesta través de la resolución 395/2019, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich, y llega luego de que en enero pasado desde la cartera anunciaran la compra de pistolas Taser para utilizar -en un principio- en estaciones de trenes y aeropuertos.
En ese marco, se instruyó a los titulares de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica para el empleo de armas electrónicas no letales".
En los considerandos de la disposición se remarca que la incorporación de esas armas "permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes".
Asimismo, se destaca que "la normativa y la doctrina internacional dan cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades, donde se concluye que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas".
Cuándo se usarán
En tanto, en el anexo de la resolución del Ministerio de Seguridad se determina que se hará uso de las armas electrónicas no letales en los siguientes casos: "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública".
Asimismo, en otro de los puntos de la reglamentación del gobierno nacional se deja claro que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".
Dudas sobre el impacto en la salud y la capacitación
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las pistolas de descarga eléctrica, el gobierno nacional avanzó con la regulación del uso de las “armas electrónicas de uso no letales”, que los defensores de los derechos humanos denominaron “neopicanas”.
Las principales preocupaciones que rodean a las armas “incapacitantes” son los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes.
Las ANL que los ministerios de Seguridad de la Nación y la ciudad de Buenos Aires pretenden adquirir no sólo son las Taser X26. Dentro de la definición del primer párrafo también se podrían incluir bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
Advertencia
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec) alertó por las potenciales consecuencias físicas y cognitivas de las armas menos letales, que incluyen lesiones y, eventualmente, la muerte.
Aunque el trabajo de la ONU citó un estudio de 2008 del National Institute of Justice que demostró una disminución de casi 60% en las probabilidades de generar una lesión en un sospechoso, la Unlirec remarcó que el “grueso” de las preocupaciones se vincula a las lesiones que pueden generar en ciudadanos “inocentes” y en circunstancias en donde los individuos no puedan defenderse.
En China, uno de los mayores exportadores de elementos de tortura del mundo, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI), se equipa a los policías con bastones de descarta eléctrica con púas.
En América Latina no existen estudios oficiales que documenten la letalidad de este tipo de dispositivos.