También se promueve una iniciativa para expulsar a los extranjeros que delinquen
Lo confirmó Bullrich, quien explicó que se procura que todos los que vengan al país lo hagan con ánimo de colaboración y no para robar
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que los extranjeros que ingresen al país deben aceptar las normativas vigentes y que el Gobierno intentará establecer una ley que permita la rápida expulsión de aquellos que cometan delitos.
"El objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich.
"Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación (Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros (el Ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", añadió a Radio Mitre.
La ministra detalló que, en el tema drogas ilegales, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por extranjeros y se llega al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas.
"Se construyó un listado de personas que están impedidas de estar en el país, porque están de manera ilegal o porque han cometido delitos. Esta es la primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento", sostuvo.
“Así que esto, que ya venía desde el decreto dictado por el Presidente de la Nación, pero que tuvo algunos impedimentos judiciales, se va a hacer con la legislación existente", añadió.
Listado de personas
Destacó también que desde su ministerio se están creando unidades especiales de búsqueda de las personas incluidas en el listado para ser expulsadas por haber cometido delitos en el país o por haber ingresado ilegalmente.
"En algunos casos, quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido", indicó.
El país más abierto
En el mismo sentido que Bullrich, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó que la Argentina es "el país más abierto de Latinoamérica" para recibir migrantes, aunque aclaró que el Gobierno no quiere "que sigan viviendo en el país" aquellos extranjeros que delinquen y "rompieron el contrato de confianza".
García precisó que "la ley migratoria dice que las personas condenadas no pueden permanecer en el país", por lo que una vez cumplido el proceso judicial en la Argentina se debe devolver al condenado a su país de origen.
Como sea, el funcionario reconoció que llevar a la práctica esas expulsiones presenta una cantidad de instancias y que éstas tienen como consecuencia que "no se cumplan en tiempo oportuno".
El funcionario consideró que "los que vienen a trabajar, producir y estudiar tienen las puertas abiertas, pero en cuanto a los que rompieron este contrato de confianza queremos que no sigan viviendo en la Argentina".
García detalló: "En tres años se han radicado 660.000 personas: es el país más abierto de Latinoamérica y se ofrece un sistema de atención generalizada a los derechos de los migrantes; por lo tanto, ese sistema tiene que complementarse con la asignación de responsabilidades y también con sanciones para quienes rompan el contrato de convivencia", resaltó.
Destacó luego que en cualquier caso es "una minoría" la que presenta condiciones de irregularidad: "Son 101 personas las que cometieron delitos y 254 son infractores a la ley migratoria", dijo, al anticipar: "Los vamos a individualizar, buscar y deportar".
También incluyó a "otras 600 personas a quienes hay que pedir su retención para expulsarlos" del país.
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"El objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich.
"Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación (Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros (el Ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", añadió a Radio Mitre.
La ministra detalló que, en el tema drogas ilegales, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por extranjeros y se llega al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas.
"Se construyó un listado de personas que están impedidas de estar en el país, porque están de manera ilegal o porque han cometido delitos. Esta es la primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento", sostuvo.
“Así que esto, que ya venía desde el decreto dictado por el Presidente de la Nación, pero que tuvo algunos impedimentos judiciales, se va a hacer con la legislación existente", añadió.
Listado de personas
Destacó también que desde su ministerio se están creando unidades especiales de búsqueda de las personas incluidas en el listado para ser expulsadas por haber cometido delitos en el país o por haber ingresado ilegalmente.
"En algunos casos, quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido", indicó.
El país más abierto
En el mismo sentido que Bullrich, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó que la Argentina es "el país más abierto de Latinoamérica" para recibir migrantes, aunque aclaró que el Gobierno no quiere "que sigan viviendo en el país" aquellos extranjeros que delinquen y "rompieron el contrato de confianza".
García precisó que "la ley migratoria dice que las personas condenadas no pueden permanecer en el país", por lo que una vez cumplido el proceso judicial en la Argentina se debe devolver al condenado a su país de origen.
Como sea, el funcionario reconoció que llevar a la práctica esas expulsiones presenta una cantidad de instancias y que éstas tienen como consecuencia que "no se cumplan en tiempo oportuno".
El funcionario consideró que "los que vienen a trabajar, producir y estudiar tienen las puertas abiertas, pero en cuanto a los que rompieron este contrato de confianza queremos que no sigan viviendo en la Argentina".
García detalló: "En tres años se han radicado 660.000 personas: es el país más abierto de Latinoamérica y se ofrece un sistema de atención generalizada a los derechos de los migrantes; por lo tanto, ese sistema tiene que complementarse con la asignación de responsabilidades y también con sanciones para quienes rompan el contrato de convivencia", resaltó.
Destacó luego que en cualquier caso es "una minoría" la que presenta condiciones de irregularidad: "Son 101 personas las que cometieron delitos y 254 son infractores a la ley migratoria", dijo, al anticipar: "Los vamos a individualizar, buscar y deportar".
También incluyó a "otras 600 personas a quienes hay que pedir su retención para expulsarlos" del país.