Videovigilancia: aseguran que la ciudadanía “cedió su intimidad”
El investigador Adrián Romero considera que las personas “perdieron el valor político que tenía la privacidad”. Plantea como necesario “saber quién administra los registros”. Indaga sobre los mecanismos de control social
La instalación de cámaras de videovigilancia como medida gubernamental en busca de la consolidación de una política de seguridad en el espacio público despierta diferentes debates. Si bien existe una coincidencia en gran parte de los sectores políticos sobre su utilización para “prevenir el delito”, aún prevalece la ausencia de datos oficiales sobre su eficiencia en la reducción de las tasas de criminalidad. Además, en los últimos años se realizaron estudios académicos en los que aparecen otras preocupaciones relacionadas con el empleo como elemento de control de esos registros.
“Existe un problema y es saber quién administra esos datos, si es el sector público o privado, más allá de que las personas cedieron su privacidad, por lo tanto las cámaras son un complemento, aparece la sospecha lógica sobre la utilización que se haga y no es garantía de mayor seguridad que los ciudadanos desconozcan quién los está grabando”, explicó a PUNTAL VILLA MARÍA el docente e investigador de la UNVM Adrián Romero.
Para analizar la videovigilancia recuperó un conjunto de factores relacionados con una política de seguridad enmarcada en postulados más amplios que se exhibe como “la más eficaz” y “reemplaza a una anterior” que se sostenía en mayor cantidad de patrulleros y de policías en las calles. “No quiere decir que no se siga recurriendo a ello, pero para mostrar que los gobiernos locales hacen algo en materia de seguridad la colocación de cámaras es el modelo de la política pública por excelencia desde hace diez años”, afirmó.
La aceptación de la que goza esta política se explica en “un proceso más largo en el cual los ciudadanos perdieron el valor político que tenía la privacidad”. Al ser consultado por este medio, Romero argumentó: “Si en algún momento la privacidad era un valor que aseguraba la libertad de las personas, sus vidas, sus recorridos; hoy no solamente se pierde con la instalación de cámaras, porque se viene perdiendo desde la implementación de procesos de digitalización de los registros burocráticos que van dejando nuestras marcas en una sesión progresiva de los datos personales que son administrados generalmente por los gobiernos y siempre se sospecha sobre lo que pueda hacer el mercado sobre eso”. Sobre esto recordó que en Europa hay avances de controles ciudadanos a los monitoreos para que se puedan ver esos registros y saber el destino que tienen, situación que consideró “no prosperará” en Argentina por diversos factores.
En la última campaña electoral quedó evidenciado que en la provincia hay una decisión de promover la instalación de centrales de monitoreo y una asociación con los municipios para potenciarla. “Siempre se articuló y es un tema que trasciende las diferencias partidarias”, precisó.
Una mirada académica
El proyecto de investigación que dirige Romero indaga interdisciplinariamente sobre los dispositivos de control social a través de la categoría seguridad/inseguridad. “En el estudio nos fijamos cómo contribuye a la aceptabilidad de que el Estado vigile, controle y disponga de información privada de los sujetos”, relató. Asimismo, postuló que “las nuevas subjetividades se constituyen como tales en redes donde son visibles”.
Qué hacen las personas, con quién lo hacen y adónde son elementos que están presentes permanentemente. “Los ciudadanos no solamente tienen ganas de ser filmados, sino que también quieren ver filmaciones y lo primero que les surge ante un acontecimiento es filmar, somos todos productores audiovisuales y las capturas en fragancias aparecen como un atractivo, una voluntad del registro, y eso también constituye un ámbito que habilita una política de seguridad donde las cámaras son la estrella y queda relegada del Estado la dimensión social”, enfatizó.
Romero también se planteó por qué se insiste con ser la ciudad que más cámaras de videovigilancia tiene por habitante.
“¿Cuál es el valor de la ciudad más videovigilada, eso quiere decir que había altos niveles de delito que no se conocían, que otras ciudades son más inseguras porque tienen menos cámaras?”, interrogó.
Por otra parte, dijo que en épocas de campaña se acentúan algunas enunciaciones sin distinciones partidarias. “Una característica de los últimos 50 años es que se provocan pánicos morales, la creación de unos demonios. En esa línea aparece la idea de que el delito siempre está progresando y las amenazas son nuevas, el enemigo está al acecho y eso implica grandes inversiones cámaras y en armas para contenerlo”, ejemplificó.
En este aspecto reflexionó sobre la idea de que las cámaras funcionan con eficacia solo por su presencia.
“Se crea la idea de un sujeto delincuente racional que hace un cálculo de costo y beneficio, y eso no sucede pero sirve para justificar la política”, añadió. Por otra parte, concluyó que existe “una constitución como peligrosa de una categoría de personas, de acuerdo a color de piel, hábitos o actitudes, y si antes aparecía el merodeo como figura de contravención ahora aparece pero monitoreada y vigilada”.
En tal sentido, indicó que la idea de la tolerancia cero que Argentina importó de Estados Unidos hace que las cámaras “tengan como objetivo detectar desde el comienzo pequeñas inseguridades, desde la rotura de un cesto a un grafiti, o la música alta; que se supone son el germen de grandes delitos en el futuro”. Ante ello, según el investigador, “si el electorado se ha corrido hacia el pedido de castigo y la persecución, los candidatos van a recurrir a ese discurso porque nadie pide evaluaciones”.
Romero también mencionó el estudio de Gabriel Kessler que observa que en las encuestas los ancianos y las mujeres aparecen como los sectores más vulnerables, pero contrastado con los datos reales no son quienes sufren mayor inseguridad. “El tema es que las personas mayores están más expuestas al discurso televisivo en donde aparece la información de inseguridad que lo penetra todo y, generalmente, sienten temores por cosas que ocurren lejos de ellos”, especificó.
Rodrigo Duarte. Redacción Puntal Villa María
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“Existe un problema y es saber quién administra esos datos, si es el sector público o privado, más allá de que las personas cedieron su privacidad, por lo tanto las cámaras son un complemento, aparece la sospecha lógica sobre la utilización que se haga y no es garantía de mayor seguridad que los ciudadanos desconozcan quién los está grabando”, explicó a PUNTAL VILLA MARÍA el docente e investigador de la UNVM Adrián Romero.
Para analizar la videovigilancia recuperó un conjunto de factores relacionados con una política de seguridad enmarcada en postulados más amplios que se exhibe como “la más eficaz” y “reemplaza a una anterior” que se sostenía en mayor cantidad de patrulleros y de policías en las calles. “No quiere decir que no se siga recurriendo a ello, pero para mostrar que los gobiernos locales hacen algo en materia de seguridad la colocación de cámaras es el modelo de la política pública por excelencia desde hace diez años”, afirmó.
La aceptación de la que goza esta política se explica en “un proceso más largo en el cual los ciudadanos perdieron el valor político que tenía la privacidad”. Al ser consultado por este medio, Romero argumentó: “Si en algún momento la privacidad era un valor que aseguraba la libertad de las personas, sus vidas, sus recorridos; hoy no solamente se pierde con la instalación de cámaras, porque se viene perdiendo desde la implementación de procesos de digitalización de los registros burocráticos que van dejando nuestras marcas en una sesión progresiva de los datos personales que son administrados generalmente por los gobiernos y siempre se sospecha sobre lo que pueda hacer el mercado sobre eso”. Sobre esto recordó que en Europa hay avances de controles ciudadanos a los monitoreos para que se puedan ver esos registros y saber el destino que tienen, situación que consideró “no prosperará” en Argentina por diversos factores.
En la última campaña electoral quedó evidenciado que en la provincia hay una decisión de promover la instalación de centrales de monitoreo y una asociación con los municipios para potenciarla. “Siempre se articuló y es un tema que trasciende las diferencias partidarias”, precisó.
Una mirada académica
El proyecto de investigación que dirige Romero indaga interdisciplinariamente sobre los dispositivos de control social a través de la categoría seguridad/inseguridad. “En el estudio nos fijamos cómo contribuye a la aceptabilidad de que el Estado vigile, controle y disponga de información privada de los sujetos”, relató. Asimismo, postuló que “las nuevas subjetividades se constituyen como tales en redes donde son visibles”.
Qué hacen las personas, con quién lo hacen y adónde son elementos que están presentes permanentemente. “Los ciudadanos no solamente tienen ganas de ser filmados, sino que también quieren ver filmaciones y lo primero que les surge ante un acontecimiento es filmar, somos todos productores audiovisuales y las capturas en fragancias aparecen como un atractivo, una voluntad del registro, y eso también constituye un ámbito que habilita una política de seguridad donde las cámaras son la estrella y queda relegada del Estado la dimensión social”, enfatizó.
Romero también se planteó por qué se insiste con ser la ciudad que más cámaras de videovigilancia tiene por habitante.
“¿Cuál es el valor de la ciudad más videovigilada, eso quiere decir que había altos niveles de delito que no se conocían, que otras ciudades son más inseguras porque tienen menos cámaras?”, interrogó.
Por otra parte, dijo que en épocas de campaña se acentúan algunas enunciaciones sin distinciones partidarias. “Una característica de los últimos 50 años es que se provocan pánicos morales, la creación de unos demonios. En esa línea aparece la idea de que el delito siempre está progresando y las amenazas son nuevas, el enemigo está al acecho y eso implica grandes inversiones cámaras y en armas para contenerlo”, ejemplificó.
En este aspecto reflexionó sobre la idea de que las cámaras funcionan con eficacia solo por su presencia.
“Se crea la idea de un sujeto delincuente racional que hace un cálculo de costo y beneficio, y eso no sucede pero sirve para justificar la política”, añadió. Por otra parte, concluyó que existe “una constitución como peligrosa de una categoría de personas, de acuerdo a color de piel, hábitos o actitudes, y si antes aparecía el merodeo como figura de contravención ahora aparece pero monitoreada y vigilada”.
En tal sentido, indicó que la idea de la tolerancia cero que Argentina importó de Estados Unidos hace que las cámaras “tengan como objetivo detectar desde el comienzo pequeñas inseguridades, desde la rotura de un cesto a un grafiti, o la música alta; que se supone son el germen de grandes delitos en el futuro”. Ante ello, según el investigador, “si el electorado se ha corrido hacia el pedido de castigo y la persecución, los candidatos van a recurrir a ese discurso porque nadie pide evaluaciones”.
Romero también mencionó el estudio de Gabriel Kessler que observa que en las encuestas los ancianos y las mujeres aparecen como los sectores más vulnerables, pero contrastado con los datos reales no son quienes sufren mayor inseguridad. “El tema es que las personas mayores están más expuestas al discurso televisivo en donde aparece la información de inseguridad que lo penetra todo y, generalmente, sienten temores por cosas que ocurren lejos de ellos”, especificó.
Rodrigo Duarte. Redacción Puntal Villa María