“Siempre le preguntamos algo distinto al pasado porque éste es una cuestión de presente e indagamos en él a partir de lo que el presente nos interpela”, define la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Natalia Magrín, quien aborda la relación entre fotografía, archivo y memorias del pasado reciente en Argentina.
La investigación es realizada a partir de las imágenes producidas en el centro clandestino de detención del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Su trabajo analiza “el pasaje de este acervo de archivo policial a archivo de la memoria” a partir de sus “implicancias subjetivas, éticas y políticas”. Entre los distintos interrogantes, emergen cómo se articulan palabra e imagen y qué sentido adquieren las fotos con el correr del tiempo.
Este acervo fotográfico permaneció hasta 2005 dentro de la institución policial cuando el Juzgado Federal N° 3 ordenó el allanamiento a la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba. En ese procedimiento se encontraron 82 cajas con 136.242 negativos fotográficos de hombres, mujeres, niñas y niños fotografiados de frente y perfil, durante su detención en dependencias policiales, desde 1964 a 1986. La mayoría de estas imágenes fueron tomadas en la Central de Policía que funcionaba en el Cabildo y en tres casonas colindantes del D2, en la ciudad de Córdoba.
En agosto de 2010 la Justicia ordenó su transferencia al Archivo Provincial de la Memoria (APM) para su desclasificación y conservación. En esa tarea pudieron reconocer la existencia de aproximadamente 60 mil personas fotografiadas, entre las cuales se reconoce que 6 mil son de detenidos–desaparecidos y detenidas–desaparecidas por razones políticas durante el terrorismo de Estado.
Según la investigadora, la particularidad de este archivo es que las fotografías fueron “producidas en el campo por los operadores del campo y siguiendo determinadas lógicas de clasificación y conservación”. Otro rasgo que destacó es que “no sólo abarcan en la imagen al detenido–secuestrado o a la detenida–secuestrada, como fotografía prontuarial, sino también aquello que, en las nuevas condiciones de legibilidad histórica, permite producir sentidos sobre el campo como tecnología concentracionaria”.
En diálogo con PUNTAL VILLA MARÍA, precisó que “el tratamiento de las imágenes del durante la desaparición implica como punto de partida el uso de herramientas analíticas que permitan sortear la dicotomía entre el goce de mostrar o no mostrar, entre lo representable y lo irrepresentable, entre la destrucción del archivo o el mostrarlo todo; entre la ética de la ceguera y el show del horror; discusiones anudadas a la fotografía y su función icónica, que demandan a la imagen todo o nada”.
La investigación
Magrín tomó contacto con las fotografías en las muestras generadas por el APM luego de los debates acerca de qué hacer con el acervo.
Con el tiempo comenzó a dar “otra mirada” y a encontrar elementos del posestructuralismo, la semiología de la mirada y la estética filosófica para “descubrir la posibilidad de ir armando una constelación de conceptos que no lo piensan como algo rígido y estático, sino que permite conmover porque lo que se intenta trabajar es algo del orden de lo imposible” que “no puede ser todo dicho”.
Para la investigadora, abordar el horror del terror de Estado es “pensar en los mecanismos de ese poder concentracionario y el trabajo con la fotografía puede producir sentidos sobre esa tecnología que remite a una serie que va del secuestro a los campos de concentración, la tortura, el asesinato y el ocultamiento de los cuerpos”. Por lo tanto, definió a la fotografía como “el mientras tanto”.
En tal sentido, retomó las categorías de Ana Longoni y Luis García que hablan de las fotografías del durante la desaparición forzada. “No son del antes o del después, son del durante y eso implicó adentrarme en los debates sobre la representación, porque había una idea sostenida que es la de las ausencias de imágenes del horror en Argentina, porque no las hay como de los campos de concentración europeos, y durante muchos años lo pensamos desde esos marcos producidos desde la academia europea”, reflexionó. Ante ello se preguntó “qué sería la fotografía del horror” e inclusive “si sería deseable” que exista.
En su trabajo propone un tratamiento de las imágenes a partir de conceptos académicos y pensadas “como destellos o fragmentos que entregan lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina para hacer un tratamiento de la política de los restos como lógica de pensamiento”.
“Un lugar en la enunciación”
Al ser consultada sobre la importancia de investigar sobre estas temáticas, aseguró que quien investiga “tiene un lugar de enunciación del cual se hace responsable, ese indicar desde dónde enuncia y por qué significante está atravesado”. Asimismo, agregó: “La academia está sostenida por lo político y la política, en ese sentido se trabajó mucho sobre las fotografías del terror, yo trabajo este acervo particular y creo que es necesario porque nos permite seguir trabajando en los velos que se van corriendo en diferentes épocas y hacerle otras preguntas al pasado y considerar los marcos desde los cuales las hacemos”.
Con relación a lo estudios sobre el pasado, la investigadora consideró que “es necesario seguir trabajando en las memorias del terrorismo de Estado porque permiten pensar en el presente, sobre todo en este contexto nacional que es un imperativo ético y político pensar en las memorias, los legados y las herencias de esa experiencia política de los 70 y continuar visibilizando los mecanismos del terror de Estado que es una tarea del porvenir, no del pasado”.
Rodrigo Duarte. Redacción Puntal Villa María
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Este acervo fotográfico permaneció hasta 2005 dentro de la institución policial cuando el Juzgado Federal N° 3 ordenó el allanamiento a la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba. En ese procedimiento se encontraron 82 cajas con 136.242 negativos fotográficos de hombres, mujeres, niñas y niños fotografiados de frente y perfil, durante su detención en dependencias policiales, desde 1964 a 1986. La mayoría de estas imágenes fueron tomadas en la Central de Policía que funcionaba en el Cabildo y en tres casonas colindantes del D2, en la ciudad de Córdoba.
En agosto de 2010 la Justicia ordenó su transferencia al Archivo Provincial de la Memoria (APM) para su desclasificación y conservación. En esa tarea pudieron reconocer la existencia de aproximadamente 60 mil personas fotografiadas, entre las cuales se reconoce que 6 mil son de detenidos–desaparecidos y detenidas–desaparecidas por razones políticas durante el terrorismo de Estado.
Según la investigadora, la particularidad de este archivo es que las fotografías fueron “producidas en el campo por los operadores del campo y siguiendo determinadas lógicas de clasificación y conservación”. Otro rasgo que destacó es que “no sólo abarcan en la imagen al detenido–secuestrado o a la detenida–secuestrada, como fotografía prontuarial, sino también aquello que, en las nuevas condiciones de legibilidad histórica, permite producir sentidos sobre el campo como tecnología concentracionaria”.
En diálogo con PUNTAL VILLA MARÍA, precisó que “el tratamiento de las imágenes del durante la desaparición implica como punto de partida el uso de herramientas analíticas que permitan sortear la dicotomía entre el goce de mostrar o no mostrar, entre lo representable y lo irrepresentable, entre la destrucción del archivo o el mostrarlo todo; entre la ética de la ceguera y el show del horror; discusiones anudadas a la fotografía y su función icónica, que demandan a la imagen todo o nada”.
La investigación
Magrín tomó contacto con las fotografías en las muestras generadas por el APM luego de los debates acerca de qué hacer con el acervo.
Con el tiempo comenzó a dar “otra mirada” y a encontrar elementos del posestructuralismo, la semiología de la mirada y la estética filosófica para “descubrir la posibilidad de ir armando una constelación de conceptos que no lo piensan como algo rígido y estático, sino que permite conmover porque lo que se intenta trabajar es algo del orden de lo imposible” que “no puede ser todo dicho”.
Para la investigadora, abordar el horror del terror de Estado es “pensar en los mecanismos de ese poder concentracionario y el trabajo con la fotografía puede producir sentidos sobre esa tecnología que remite a una serie que va del secuestro a los campos de concentración, la tortura, el asesinato y el ocultamiento de los cuerpos”. Por lo tanto, definió a la fotografía como “el mientras tanto”.
En tal sentido, retomó las categorías de Ana Longoni y Luis García que hablan de las fotografías del durante la desaparición forzada. “No son del antes o del después, son del durante y eso implicó adentrarme en los debates sobre la representación, porque había una idea sostenida que es la de las ausencias de imágenes del horror en Argentina, porque no las hay como de los campos de concentración europeos, y durante muchos años lo pensamos desde esos marcos producidos desde la academia europea”, reflexionó. Ante ello se preguntó “qué sería la fotografía del horror” e inclusive “si sería deseable” que exista.
En su trabajo propone un tratamiento de las imágenes a partir de conceptos académicos y pensadas “como destellos o fragmentos que entregan lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina para hacer un tratamiento de la política de los restos como lógica de pensamiento”.
“Un lugar en la enunciación”
Al ser consultada sobre la importancia de investigar sobre estas temáticas, aseguró que quien investiga “tiene un lugar de enunciación del cual se hace responsable, ese indicar desde dónde enuncia y por qué significante está atravesado”. Asimismo, agregó: “La academia está sostenida por lo político y la política, en ese sentido se trabajó mucho sobre las fotografías del terror, yo trabajo este acervo particular y creo que es necesario porque nos permite seguir trabajando en los velos que se van corriendo en diferentes épocas y hacerle otras preguntas al pasado y considerar los marcos desde los cuales las hacemos”.
Con relación a lo estudios sobre el pasado, la investigadora consideró que “es necesario seguir trabajando en las memorias del terrorismo de Estado porque permiten pensar en el presente, sobre todo en este contexto nacional que es un imperativo ético y político pensar en las memorias, los legados y las herencias de esa experiencia política de los 70 y continuar visibilizando los mecanismos del terror de Estado que es una tarea del porvenir, no del pasado”.
Rodrigo Duarte. Redacción Puntal Villa María

