El Senado aprobó la ley que limita las “jubilaciones de privilegio”
Es para el régimen de jueces, fiscales y diplomáticos. Hubo 41 votos a favor y 21 en contra. Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo estaban en cuarentena por el coronavirus
En una sesión atravesada por el coronavirus, el oficialismo aprobó ayer en el Senado la ley que reforma el régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, mientras que la oposición votó en contra.
El proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el esquema de las llamadas "jubilaciones de privilegio", que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados, fue convertido en ley con 41 votos a favor y 21 en contra correspondientes a Juntos por el Cambio, que, sin embargo, tuvo varias ausencias de senadores que no quisieron rechazar la iniciativa.
La aprobación se dio en medio de una sesión atípica, con dos senadores aislados por el coronavirus -Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá- y la decisión de la Cámara Alta de suspender todos los "eventos previstos para el mes de marzo", con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio.
Durante el debate, el Frente de Todos defendió la iniciativa al señalar que se busca "corregir el régimen" especial de magistrados y diplomáticos y "eliminar en forma progresiva" la "inequidad" del sistema.
En tanto, Juntos por el Cambio machacó sobre la idea de que el objetivo del proyecto es "remover jueces" a través de un eventual retiro masivo de magistrados que ya están en condiciones de jubilarse pero continúan en el cargo, al tiempo que criticó presuntas inconsistencias en lo que hace a la cuestión financiera.
El miembro informante del Frente de Todos, Daniel Lovera, señaló durante el debate que "el proyecto hay que analizarlo de manera integral y teniendo en cuenta que el Gobierno ha hecho de la solidaridad un concepto político transversal a todos los abordajes del Estado".
"A partir de los niveles de equilibrio que había hasta 2014, el déficit del sistema previsional aumentó significativamente en los 5 años posteriores. Actualmente marca que hay una gigantesca asimetría entre el régimen general y los regímenes especiales", agregó.
El cordobés Carlos Caserio señaló que "a todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año" y resaltó que "cobrar el 82% del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen".
Uno de los más críticos en cuanto al aspecto financiero en Juntos por el Cambio fue Martín Lousteau, quien apuntó contra la modificación del régimen especial sólo de jueces y fiscales y no contra la totalidad de este tipo de jubilaciones. "Estamos hablando del 3,5% del total de beneficiarios de los regímenes especiales", y agregó: "A 200 mil y pico de jubilados, no sólo de estos dos regímenes, sino de otros 5 regímenes especiales, los tratamos mejor que a los 6 millones de jubilados rasos".
Puntos principales
- Se elevan del 11 al 18% los aportes adicionales al régimen general (aumento del 7%).
- Se mantiene, en el caso de los funcionarios judiciales, el 82% móvil pero sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en el cálculo del haber inicial y no sobre el último sueldo.
- Se mantiene la exigencia de 30 años de servicio en uno o más regímenes, pero en simultáneo se exige un desempeño mínimo de 10 años continuos en el Poder Judicial o 15 años discontinuos.
- A diferencia del sistema actual, en el que los jueces pueden acceder a la jubilación pero dejarla en suspenso hasta los 75 años, quien solicite el retiro deberá cesar en sus funciones.
- En el caso de los hombres, se eleva la edad jubilatoria, que pasa de 60 a 65 años pero en base a una escala gradual que se completará en 2025.
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El proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el esquema de las llamadas "jubilaciones de privilegio", que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados, fue convertido en ley con 41 votos a favor y 21 en contra correspondientes a Juntos por el Cambio, que, sin embargo, tuvo varias ausencias de senadores que no quisieron rechazar la iniciativa.
La aprobación se dio en medio de una sesión atípica, con dos senadores aislados por el coronavirus -Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá- y la decisión de la Cámara Alta de suspender todos los "eventos previstos para el mes de marzo", con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio.
Durante el debate, el Frente de Todos defendió la iniciativa al señalar que se busca "corregir el régimen" especial de magistrados y diplomáticos y "eliminar en forma progresiva" la "inequidad" del sistema.
En tanto, Juntos por el Cambio machacó sobre la idea de que el objetivo del proyecto es "remover jueces" a través de un eventual retiro masivo de magistrados que ya están en condiciones de jubilarse pero continúan en el cargo, al tiempo que criticó presuntas inconsistencias en lo que hace a la cuestión financiera.
El miembro informante del Frente de Todos, Daniel Lovera, señaló durante el debate que "el proyecto hay que analizarlo de manera integral y teniendo en cuenta que el Gobierno ha hecho de la solidaridad un concepto político transversal a todos los abordajes del Estado".
"A partir de los niveles de equilibrio que había hasta 2014, el déficit del sistema previsional aumentó significativamente en los 5 años posteriores. Actualmente marca que hay una gigantesca asimetría entre el régimen general y los regímenes especiales", agregó.
El cordobés Carlos Caserio señaló que "a todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año" y resaltó que "cobrar el 82% del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen".
Uno de los más críticos en cuanto al aspecto financiero en Juntos por el Cambio fue Martín Lousteau, quien apuntó contra la modificación del régimen especial sólo de jueces y fiscales y no contra la totalidad de este tipo de jubilaciones. "Estamos hablando del 3,5% del total de beneficiarios de los regímenes especiales", y agregó: "A 200 mil y pico de jubilados, no sólo de estos dos regímenes, sino de otros 5 regímenes especiales, los tratamos mejor que a los 6 millones de jubilados rasos".
Puntos principales
- Se elevan del 11 al 18% los aportes adicionales al régimen general (aumento del 7%).
- Se mantiene, en el caso de los funcionarios judiciales, el 82% móvil pero sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en el cálculo del haber inicial y no sobre el último sueldo.
- Se mantiene la exigencia de 30 años de servicio en uno o más regímenes, pero en simultáneo se exige un desempeño mínimo de 10 años continuos en el Poder Judicial o 15 años discontinuos.
- A diferencia del sistema actual, en el que los jueces pueden acceder a la jubilación pero dejarla en suspenso hasta los 75 años, quien solicite el retiro deberá cesar en sus funciones.
- En el caso de los hombres, se eleva la edad jubilatoria, que pasa de 60 a 65 años pero en base a una escala gradual que se completará en 2025.