El Senado sancionó el proyecto del Gobierno sobre inocencia fiscal II

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto de inocencia fiscal II, una iniciativa clave para el gobierno nacional, en busca de captar dólares que los contribuyentes mantienen aún fuera del circuito financiero.

La iniciativa fue aprobada por 44 a 23 votos que fueron aportados por La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, y bloques provinciales.

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa parlamentaria, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

El sancionado proyecto de ley de inocencia fiscal II implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Uno de los puntos clave es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias.

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

También redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo que Argentina y Rusia son los países con "más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro".

"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.

Destacó que "hemos incorporado los resguardos para los funcionarios públicos; van a poder utilizar el mecanismo de la simplificación, pero no los beneficios, pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes, y no podrán utilizar este mecanismo", agregó.

Desde el peronismo, el senador José Mayans aseguró que la reforma de inocencia fiscal es "un desastre", como fue la ley aprobada en diciembre, y "es un precio a los evasores y los narcotraficantes".

"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni, que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó.

Sin persecución

El debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien aseguró que con este proyecto se busca lograr que la ciudadanía tenga confianza en que "no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”.

"Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo", agregó.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción al régimen simplificado para "personas políticamente expuestas", una formulación que "es más amplia que funcionarios públicos, como dice ahora el proyecto".

La sesión se abrió a las 11.23 con quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y bloques provinciales.

Cuestiones de privilegio

Al comenzar la sesión, el peronismo recurrió a las cuestiones de privilegio para fustigar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas, mientras que desde el oficialismo se defendió al funcionario del BCRA.

Las acusaciones contra Bausili fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y fueron rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.

El radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendel, para que convoque al Congreso Pedagógico con el fin de buscar una solución a la situación de la educación, después del bajo rendimiento de los alumnos argentinos en las evaluaciones Pisa.