El llamado durará hasta el viernes 27 de febrero
El Congreso de la Nación arranca hoy con el período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. El llamado durará hasta el viernes 27 de febrero.
El motivo principal por el cual el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, mediante el Decreto 24/2026, fue la urgencia de tratar un paquete de reformas estructurales que el Gobierno considera fundamentales antes del inicio de las ordinarias. A diferencia del período común, en las extraordinarias el Congreso solo puede debatir los temas que el Presidente decide incluir en el temario.
Dentro del temario hay leyes clave, como la reforma laboral, una iniciativa impulsada por el oficialismo para generar empleo formal y "ordenar un sistema que está desbalanceado y genera incertidumbre". Sin embargo, los sindicatos advierten que la medida apunta a "quitar protección y debilitar a los trabajadores, mientras multiplica el poder de los patrones".
La iniciativa propone la implementación de un Fondo de Cese Laboral (similar al modelo de la construcción) que reemplace las indemnizaciones tradicionales por despido. También incluye la extensión de los períodos de prueba y la regulación de nuevas formas de remuneración, y permite legalmente el uso de activos digitales o beneficios no remunerativos como parte del salario.
Su aprobación implicaría un cambio importante en la relación empleador-empleado, que busca reducir la litigiosidad judicial y fomentar la contratación en el sector privado.
Otro proyecto importante es el de baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa establece un sistema de justicia especifico para menores con penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves y un enfoque en "justicia restaurativa" o sanciones no privativas de la libertad para casos de menor cuantía (penas menores a 10 años).
En la práctica, esto implica que adolescentes que hoy son considerados no punibles podrían enfrentar procesos penales y condenas efectivas. El Gobierno argumenta que esto responde a una necesidad de seguridad ante delitos violentos cometidos por menores, mientras que sectores de la oposición y organismos de derechos humanos cuestionan la eficacia de la medida sin un sistema de contención social previo.
