En una multitudinaria asamblea de productores agropecuarios que se realizó ayer en el salón principal de la Sociedad Rural de Río Cuarto, encabezada por la mesa de enlace nacional, los dirigentes del campo lograron contener los planteos más duros que proponían iniciar acciones de protestas como paro de comercialización y manifestaciones en las rutas, al tiempo que confirmaron la continuidad del diálogo con el Gobierno nacional y ratificaron la continuidad del alerta y movilización que lanzaron tras la decisión de la Casa Rosada de modificar el porcentaje de los derechos de exportación para los granos.
Sin embargo en ese punto, los integrantes de las cuatro entidades del campo admitieron estar cerca de un límite. Jorge Chemes, presidente de CRA, dejó en claro ante la consulta de Puntal que “si el Gobiero avanza con los tres puntos adicionales en los derechos de exportación que tiene habilitados por la ley de emergencia económica, sin dudas será un quiebre y hablaremos de otro escenario”.
El titular de CRA remarcó, de todos modos, que “nos mantenemos en diálogo y creemos que esta gestión no es igual a la que gobernó hasta 2015. Creemos que tienen una diferencia y tenemos que trabajar para que esa brecha sea lo más grande posible”.
En el recinto hubo presencia de representantes de las cuatro entidades, de distintas provincias e incluso actores de actividades vinculadas al campo como consignatarios de hacienda, industriales de la maquinaria agrícola y representantes de insumos para el agro.
Las deliberaciones comenzaron poco después de las 19 y se extendieron durante tres horas, con una amplia y prolongada participación de productores que quisieron ofrecer su punto de vista ante los dirigentes. Muchos coincidieron en un puñado de puntos: pedirles a los representantes de CRA, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, que se mantengan en contacto con las bases y unidos más allá de las diferencias sectoriales; pero también les solicitaron que exijan compartir los esfuerzos con la clase política, bajando gastos supérfluos de esa actividad. “Es una mesa en la que siempre nos convocan a poner sólo a nosotros para que todos lleven. Acá tienen que venir a poner todos”, reclamó uno de los últimos oradores que llegó desde San Luis.
Lo escucharon desde el estrado Daniel Pelegrina, presidente de Sociedad Rural Argentina; Carlos Achetoni, de Federación Agraria; Jorge Chemes, de CRA; y Marcos Giraudo, consejero nacional de Coninagro, que reemplazó al presidente de esa entidad en Córdoba, Alejandro Buttiero que debió retirarse antes. El presidente nacional de los cooperativistas no participó del encuentro.
El comunicado
Al finalizar, la asamblea emitió un comunicado de nueve puntos que detalló:
1 – Se expresa el contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas golpean fuertemente a todo el sector agropecuario y en especial al interior productivo. Esto, sumado al desdoblamiento cambiario, sólo provocará una fuerte retracción en la producción, atentando contra el empleo y la generación de recursos, a la vez que impactará directamente en la sustentabilidad del sistema, fundamental para el equilibrio social, ambiental y económico.
2) El sector agropecuario estuvo siempre a la vanguardia de todo compromiso para ayudar a superar las distintas crisis que ha vivido nuestro país, pero no se puede seguir sacando del mismo bolsillo. Menos aun cuando la suba en los derechos de exportación se anuncia en plena campaña agrícola, de resultados inciertos por los factores climáticos, dejando a numerosos productores con rentabilidad nula o negativa. Los últimos informes indican que en el último trimestre volvió a aumentar considerablemente la participación del Estado en la renta agrícola, representando ya un 60,4 por ciento.
3) La transferencia del campo al Estado se estima en alrededor de 180 mil millones de dólares en los últimos 18 años, observándose que este enorme aporte no fue utilizado para morigerar los índices más sensibles para la sociedad como la pobreza, la indigencia y el desempleo, o para mejorar los niveles de educación y salud públicas.
4) La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, recientemente sancionada por el Congreso Nacional (delegando en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo), implica un drástico ajuste y “expropiación solidaria” que saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general.
5) Es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales.6) Es imperioso conocer cuáles son los lineamientos económicos del Gobierno Nacional en el mediano plazo para tener un marco de previsibilidad no sólo en la producción agropecuaria sino en los distintos sectores motorizadores de la economía.
7) La necesidad de contar con reglas claras tiene que estar acompañada con el cabal conocimiento de las actividades de las distintas ramas de la producción por parte de las autoridades. En ese sentido, sonaron desconcertantes las declaraciones de la más alta investidura gubernamental cuando dijo que la producción de leche no tenía insumos dolarizados. Es necesario aclarar que el productor tambero sólo se lleva el 30 por ciento de lo que el consumidor paga en el supermercado y se estima que el 78 por ciento de los costos de un tambo están dolarizados.
8) Se mantiene el estado de alerta permanente con el acompañamiento continuo a nuestros representados. Al mismo tiempo, se propende a agotar todas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones que vayan más allá de la coyuntura.
9) Se solicita a la Mesa de Enlace Nacional que esté presente en todas las instancias de diálogo y participación posibles.
Reconocimiento por la 125
El paralelismo con la Resolución 125 de 2008 y el conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el campo sobrevoló en varios tramos de la asamblea. Pero en ese contexto hubo un reconocimiento de las actuales autoridades de la Mesa de Enlace a Carlos Garetto, el cordobés expresidente de Coninagro en aquel momento. “Fue una convocatoria muy importante y los productores tomaron conciencia de lo que están viviendo, de cuál es el rol que les toca desempeñar. Hay un escenario muy similar al de 2008, los actores son los mismos, y la obra teatral todavía no tiene título porque no hay un programa, un plan económico que nos permita saber dónde está colocada la producción. Hasta aquí está claro que sólo quieren recaudar de esa producción. Estos encuentros marcan lineamientos, valiéndonos de esa triste experiencia de 2008. Aprendieron los productores y ojalá el Gobierno haya terminado de aprender también”, dijo Garetto a este diario.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
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El titular de CRA remarcó, de todos modos, que “nos mantenemos en diálogo y creemos que esta gestión no es igual a la que gobernó hasta 2015. Creemos que tienen una diferencia y tenemos que trabajar para que esa brecha sea lo más grande posible”.
En el recinto hubo presencia de representantes de las cuatro entidades, de distintas provincias e incluso actores de actividades vinculadas al campo como consignatarios de hacienda, industriales de la maquinaria agrícola y representantes de insumos para el agro.
Las deliberaciones comenzaron poco después de las 19 y se extendieron durante tres horas, con una amplia y prolongada participación de productores que quisieron ofrecer su punto de vista ante los dirigentes. Muchos coincidieron en un puñado de puntos: pedirles a los representantes de CRA, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, que se mantengan en contacto con las bases y unidos más allá de las diferencias sectoriales; pero también les solicitaron que exijan compartir los esfuerzos con la clase política, bajando gastos supérfluos de esa actividad. “Es una mesa en la que siempre nos convocan a poner sólo a nosotros para que todos lleven. Acá tienen que venir a poner todos”, reclamó uno de los últimos oradores que llegó desde San Luis.
Lo escucharon desde el estrado Daniel Pelegrina, presidente de Sociedad Rural Argentina; Carlos Achetoni, de Federación Agraria; Jorge Chemes, de CRA; y Marcos Giraudo, consejero nacional de Coninagro, que reemplazó al presidente de esa entidad en Córdoba, Alejandro Buttiero que debió retirarse antes. El presidente nacional de los cooperativistas no participó del encuentro.
El comunicado
Al finalizar, la asamblea emitió un comunicado de nueve puntos que detalló:
1 – Se expresa el contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas golpean fuertemente a todo el sector agropecuario y en especial al interior productivo. Esto, sumado al desdoblamiento cambiario, sólo provocará una fuerte retracción en la producción, atentando contra el empleo y la generación de recursos, a la vez que impactará directamente en la sustentabilidad del sistema, fundamental para el equilibrio social, ambiental y económico.
2) El sector agropecuario estuvo siempre a la vanguardia de todo compromiso para ayudar a superar las distintas crisis que ha vivido nuestro país, pero no se puede seguir sacando del mismo bolsillo. Menos aun cuando la suba en los derechos de exportación se anuncia en plena campaña agrícola, de resultados inciertos por los factores climáticos, dejando a numerosos productores con rentabilidad nula o negativa. Los últimos informes indican que en el último trimestre volvió a aumentar considerablemente la participación del Estado en la renta agrícola, representando ya un 60,4 por ciento.
3) La transferencia del campo al Estado se estima en alrededor de 180 mil millones de dólares en los últimos 18 años, observándose que este enorme aporte no fue utilizado para morigerar los índices más sensibles para la sociedad como la pobreza, la indigencia y el desempleo, o para mejorar los niveles de educación y salud públicas.
4) La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, recientemente sancionada por el Congreso Nacional (delegando en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo), implica un drástico ajuste y “expropiación solidaria” que saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general.
5) Es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales.6) Es imperioso conocer cuáles son los lineamientos económicos del Gobierno Nacional en el mediano plazo para tener un marco de previsibilidad no sólo en la producción agropecuaria sino en los distintos sectores motorizadores de la economía.
7) La necesidad de contar con reglas claras tiene que estar acompañada con el cabal conocimiento de las actividades de las distintas ramas de la producción por parte de las autoridades. En ese sentido, sonaron desconcertantes las declaraciones de la más alta investidura gubernamental cuando dijo que la producción de leche no tenía insumos dolarizados. Es necesario aclarar que el productor tambero sólo se lleva el 30 por ciento de lo que el consumidor paga en el supermercado y se estima que el 78 por ciento de los costos de un tambo están dolarizados.
8) Se mantiene el estado de alerta permanente con el acompañamiento continuo a nuestros representados. Al mismo tiempo, se propende a agotar todas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones que vayan más allá de la coyuntura.
9) Se solicita a la Mesa de Enlace Nacional que esté presente en todas las instancias de diálogo y participación posibles.
Reconocimiento por la 125
El paralelismo con la Resolución 125 de 2008 y el conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el campo sobrevoló en varios tramos de la asamblea. Pero en ese contexto hubo un reconocimiento de las actuales autoridades de la Mesa de Enlace a Carlos Garetto, el cordobés expresidente de Coninagro en aquel momento. “Fue una convocatoria muy importante y los productores tomaron conciencia de lo que están viviendo, de cuál es el rol que les toca desempeñar. Hay un escenario muy similar al de 2008, los actores son los mismos, y la obra teatral todavía no tiene título porque no hay un programa, un plan económico que nos permita saber dónde está colocada la producción. Hasta aquí está claro que sólo quieren recaudar de esa producción. Estos encuentros marcan lineamientos, valiéndonos de esa triste experiencia de 2008. Aprendieron los productores y ojalá el Gobierno haya terminado de aprender también”, dijo Garetto a este diario.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal