Cristina Azocar, presidenta del Foro de Derecho del Trabajo, opinó que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del DNU 34/19 de emergencia pública en materia ocupacional “resulta un paliativo temporal tendiente a resguardar, en un mínimo porcentual (por 180 días), la fuente de trabajo, atento a que los despidos podrán, de igual manera, generarse con invocación de causa”.
“Sirve también para cumplir con otro objetivo anunciado por el gobierno nacional, que es la búsqueda de consenso y diálogo con todos los sectores, lo cual resulta imprescindible para poder avanzar en un proyecto superador y generador de políticas públicas que atiendan la problemática planteada en la exposición de motivos de la normativa recientemente publicada en el Boletín Oficial”, agregó la abogada en diálogo con Puntal.
“En este sentido, se observa que la doble indemnización fijada en los casos de despido sin causa respecto a aquellas relaciones laborales existentes antes de la entrada en vigencia del decreto no resulta suficiente a los fines de avanzar sobre los objetivos propuestos, por lo que el desafío será encontrar soluciones de fondo, a corto y largo plazo, respecto al alto índice de desocupación, a la problemática relacionada con el trabajo informal y a la necesidad de generar empleo genuino”, continuó.
“La finalidad del DNU está claramente establecida en su exposición de motivos: ‘detener el creciente deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina’ y ‘atender la situación de vulnerabilidad de los trabajadores’, todo lo cual resulta un objetivo ambicioso que necesita de políticas públicas integrales para poder ser cumplido”, finalizó la especialista.
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“En este sentido, se observa que la doble indemnización fijada en los casos de despido sin causa respecto a aquellas relaciones laborales existentes antes de la entrada en vigencia del decreto no resulta suficiente a los fines de avanzar sobre los objetivos propuestos, por lo que el desafío será encontrar soluciones de fondo, a corto y largo plazo, respecto al alto índice de desocupación, a la problemática relacionada con el trabajo informal y a la necesidad de generar empleo genuino”, continuó.
“La finalidad del DNU está claramente establecida en su exposición de motivos: ‘detener el creciente deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina’ y ‘atender la situación de vulnerabilidad de los trabajadores’, todo lo cual resulta un objetivo ambicioso que necesita de políticas públicas integrales para poder ser cumplido”, finalizó la especialista.