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Por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, fue condenado a 4 años de cárcel

Mario Daniel Ruiz, un villamariense de 60 años, reconoció ante el Tribunal la autoría de al menos siete hechos delictivos en perjuicio de menores de 13 años

Un pensionado de Villa María de 60 años fue sentenciado este jueves a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo luego de haber reconocido ante la jueza Edith Lezama de Pereyra la autoría de un hecho de tenencia de pornografía infantil y siete episodios de distribución de imágenes de abuso sexual de menores de trece años continuada.

La confesión de Mario Daniel Ruiz, un vecino de esta ciudad que ante el Tribunal declaró no consumir drogas ni tener en su haber antecedentes penales, se dio en el marco de un juicio abreviado que se desarrolló ayer a la mañana en la Cámara del Crimen.

Los hechos que terminó confesando el imputado ocurrieron en Villa María entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022.

Ruiz había sido detenido el 25 de marzo en el marco de un allanamiento que ordenó la fiscal de Instrucción del Segundo Turno Juliana Companys y que se realizó en una vivienda de barrio Parque Norte, ubicada sobre calle Deán Funes al 1845.

Un reporte de la National Center of Missing and Exploted Childen (NCMEC) dio origen a la investigación, que llevaron adelante el área de Cibercrimen y la Fiscalía de Companys.

En la vivienda del condenado la Justicia encontró abundante cantidad de material probatorio en diferentes dispositivos tecnológicos, entre los que había un teléfono celular marca Motorola G20, artefacto utilizado para la portación y distribución de las imágenes de contenido sexual.

Durante la pesquisa, personal de la fuerza policial había hallado en la vivienda de Ruiz una gran cantidad de gallos de riña en evidente situación de maltrato animal y hacinados, LO que también llevó a la intervención de la Patrulla Ambiental.

La prueba que juntó la fiscal dejó sin escapatoria a Ruiz, que no tuvo otra opción que confesar la autoría de los hechos.

El condenado, defendido por el abogado local Alfonso José Martín, deberá realizar mientras se encuentre detenido un tratamiento psicológico acorde con la naturaleza de los delitos por los que le dictaron sentencia.