Los ediles del oficialismo y de la UCR votaron a favor de la medida; no así el concejal del Frente Cívico Vecinal.
Según se argumenta en la ordenanza, entre otros puntos, se pretende garantizar la prestación de los servicios, salvaguardar intereses y cubrir al Municipio de posibles embargos.
La ordenanza
En este sentido, la normativa puntualiza que “si bien a lo largo de los últimos años el Municipio ha logrado una gestión de los recursos saludable, adecuada y equilibrada desde el punto de vista económico y financiero, y se encuentra al día con los proveedores y empleados, prestando los servicios de manera regular y eficiente, por la situación actual del país en general, se han restringido los ingresos, y es una realidad que el Municipio se encuentra en dificultades económicas”.
“En tal contexto, se coloca en serio riesgo la continuidad de la prestación de servicios públicos y el normal funcionamiento administrativo”, se agregó.
La normativa consideró que “este año 2020, con una suba desmedida del dólar, trasladado al aumento de costos, a la inflación, la situación global del país determinó un cambio sustancial en las finanzas del municipio de Ucacha, debido a que las Ordenanzas de Tarifaria y Presupuesto vigente, habían sido elaborados con estimación de variables muy inferiores”. “De tal manera, se han debido postergar obras por tiempo indeterminado, y se han reacomodado las cuentas internas, para poder afrontar el pago de salarios y gastos corrientes e indispensables del Municipio”, manifestó.
Además, se explicitó “la demanda de modificaciones edilicias, de insumos específicos de alto costo, y la necesidad de contratar personal adicional, a nivel del Hospital Municipal provocada por la pandemia, sobre todo para preservar a los abuelos internados en la parte de geriatría”.
Se nombró también “la condena pecuniaria pendiente de ejecución en contra del municipio, en el juicio que lleva adelante TFIN S.A”.
Se advirtió que “una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales”.
Asimismo, se aclaró que “cuando por razones de necesidad, se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación alguna de la normativa vigente en general y no la hay tampoco en particular del Art. 17 de la Constitución Nacional; toda vez que se trata de una limitación temporal para superar o atenuar la crisis imperante y siempre en beneficio del bien común”.
A su vez, se insistió en que “la economía del Municipio se encuentra hoy comprometida, por la situación económica general del país, y también por una ilegítima deuda originada en el año 2013, que derivó en una causa judicial con resultado desfavorable para el municipio, por la cual se pretende ejecutar la sentencia por un monto imposible de afrontar, derivada del cobro de valores ilegítimamente percibidos o emitidos, hechos que comprometen las cuentas municipales en función de la exigibilidad de corto plazo de la deuda”.
Y se aclaró que “la sanción de la Emergencia no trata de sustituir las competencias legislativas, ni de excluir de las funciones de contralor y/o fiscalizador institucional, sino de brindar al Departamento Ejecutivo las herramientas que le permitan superar con mayor celeridad la situación extraordinaria planteada”.