El Consejo Superior avaló el paro docente de la próxima semana
Tras la asamblea extraordinaria, el gremio se presentó en la reunión del máximo órgano universitario para lograr el apoyo a la medida de fuerza. Piden por paritarias y que no se desfinancie el sistema educativo
El sindicato docente de la Universidad Nacional de Villa María, Adiuvim, logró que el Consejo Superior avale ayer el paro de 48 horas previsto para la próxima semana.
Primero se realizó una asamblea extraordinaria en el Campus Universitario, donde se leyó una nota sobre los motivos del paro; y luego se presentó esa nota ante el Consejo Superior, para lograr la adhesión a la medida de fuerza del lunes 6 y martes 7. Piden por paritarias y que no se desfinancie el sistema universitario.
El texto dice que “en el actual contexto inflacionario, con precios y tarifas que aumentan de manera persistente, el congelamiento de los salarios provoca una evidente caída del poder adquisitivo de los docentes. Esto pone en claro cuál es el ‘rumbo’ de la economía y quienes van a cargar la pesada mochila del ‘ajuste’”.
Agregan que el acuerdo salarial venció en febrero de este año y que en la última propuesta expresada en las reuniones paritarias el Estado nacional ofreció un 15 por ciento de aumento en cuatro cuotas y sin cláusula de actualización. “La propuesta era y es a todas luces inatendible. Por último y por decreto el Ejecutivo Nacional decidió ‘otorgar’ el 5% ‘a cuenta de futuros aumentos’…”.
“No solamente desde lo discursivo se desprecia la educación pública -afirman el gremio-, sino que el persistente silencio con relación a lo estrictamente salarial se encuadra en un complejo contexto de desinversión y subejecución presupuestaria que desfinancia a las universidades nacionales y al sistema científico y tecnológico del país. El anunciado congelamiento de las obras de infraestructura, los recortes en las becas del Conicet, la desfinanciación de los subsidios para las investigaciones, el ajuste contra el Invap, la falta de envío de las partidas presupuestarias destinadas al financiamiento de los gastos corrientes y finalmente la cancelación por decreto de los contratos de asistencia técnica del Estado Nacional con las universidades que van comprometiendo el funcionamiento normal del sistema y no permiten pensar en su crecimiento”.
Finalmente pidieron “entender a la educación como un derecho, lo que significa que el Estado debe garantizarlo ‘hasta el máximo de los recursos disponibles’, tal como lo sostienen numerosos tratados internacionales”.
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Primero se realizó una asamblea extraordinaria en el Campus Universitario, donde se leyó una nota sobre los motivos del paro; y luego se presentó esa nota ante el Consejo Superior, para lograr la adhesión a la medida de fuerza del lunes 6 y martes 7. Piden por paritarias y que no se desfinancie el sistema universitario.
El texto dice que “en el actual contexto inflacionario, con precios y tarifas que aumentan de manera persistente, el congelamiento de los salarios provoca una evidente caída del poder adquisitivo de los docentes. Esto pone en claro cuál es el ‘rumbo’ de la economía y quienes van a cargar la pesada mochila del ‘ajuste’”.
Agregan que el acuerdo salarial venció en febrero de este año y que en la última propuesta expresada en las reuniones paritarias el Estado nacional ofreció un 15 por ciento de aumento en cuatro cuotas y sin cláusula de actualización. “La propuesta era y es a todas luces inatendible. Por último y por decreto el Ejecutivo Nacional decidió ‘otorgar’ el 5% ‘a cuenta de futuros aumentos’…”.
“No solamente desde lo discursivo se desprecia la educación pública -afirman el gremio-, sino que el persistente silencio con relación a lo estrictamente salarial se encuadra en un complejo contexto de desinversión y subejecución presupuestaria que desfinancia a las universidades nacionales y al sistema científico y tecnológico del país. El anunciado congelamiento de las obras de infraestructura, los recortes en las becas del Conicet, la desfinanciación de los subsidios para las investigaciones, el ajuste contra el Invap, la falta de envío de las partidas presupuestarias destinadas al financiamiento de los gastos corrientes y finalmente la cancelación por decreto de los contratos de asistencia técnica del Estado Nacional con las universidades que van comprometiendo el funcionamiento normal del sistema y no permiten pensar en su crecimiento”.
Finalmente pidieron “entender a la educación como un derecho, lo que significa que el Estado debe garantizarlo ‘hasta el máximo de los recursos disponibles’, tal como lo sostienen numerosos tratados internacionales”.