La Universidad Nacional de Villa María tendrá dos jornadas de paro el 27 y 28 de agosto
La medida de fuerza se realizará durante 48 horas en reclamo de una recomposición salarial y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta alcanzará las actividades docentes y no docentes
La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) tendrá dos jornadas consecutivas de paro los próximos jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco del plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios en defensa de la educación pública.
La medida de fuerza alcanzará al personal docente y no docente de la casa de altos estudios y tendrá impacto tanto en el dictado de clases como en distintas actividades que habitualmente se desarrollan en la institución.
El paro se enmarca en el reclamo por una recomposición salarial, mejores condiciones laborales y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una mayor asignación de recursos para las universidades nacionales.
La protesta tendrá una duración de 48 horas y será sin concurrencia a los lugares de trabajo, como parte de la continuidad del plan de lucha impulsado por el sector universitario.
Entre los principales reclamos se encuentra el cumplimiento de una normativa que, según plantean los gremios, permanece sin aplicación efectiva desde hace 300 días. La comunidad universitaria sostiene que la situación presupuestaria y salarial afecta el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
La medida también expresa el rechazo a la situación que atraviesan los trabajadores de las universidades nacionales y busca visibilizar la necesidad de garantizar recursos para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de investigación.
De esta manera, durante el jueves y viernes se verá afectado el funcionamiento habitual de la UNVM, en una nueva instancia del conflicto que mantienen los trabajadores universitarios con el Gobierno nacional.
Los gremios sostienen que la defensa del sistema universitario público requiere garantizar tanto el salario y los derechos laborales de sus trabajadores como el financiamiento necesario para sostener la educación superior.