Villa María | UNVM

La UNVM reclama previsibilidad en el envío de fondos

A través de su Consejo Superior, la institución volvió a pedir por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Además aprobó de manera unánime la emergencia presupuestaria – salarial

La UNVM se posicionó ante la crítica situación que atraviesan las universidades públicas.

 

La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) volvió a reclamar previsibilidad en el envío de fondos y exigió la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Lo hizo a través de su Consejo Superior, que en las últimas horas se posicionó fuertemente ante el crítico escenario que transita el sistema universitario público.

En su primera sesión ordinaria de 2026, el Consejo Superior aprobó por unanimidad la Declaración de emergencia presupuestaria, salarial y de funcionamiento.

A través de un documento, el cuerpo universitario advirtió sobre la insuficiencia de recursos para afrontar el ciclo lectivo y reclamó respuestas urgentes del Poder Ejecutivo ante el escenario de desfinanciamiento que atraviesan las universidades nacionales.

Emergencia de presupuesto en la UNVM

La declaración, formalizada como Resolución N° 24/2026, fue impulsada por los consejeros Nodocentes Elisa Riviera y Pablo Cuello.

El texto señala que el actual nivel de financiamiento universitario resulta “insuficiente” para garantizar el funcionamiento institucional, afectando programas académicos, investigación, extensión, bienestar estudiantil e infraestructura.

Desde la UNVM remarcaron que la situación compromete la continuidad académica y debilita la calidad educativa.

Además, alertaron que el sistema universitario público pierde capacidad estratégica para producir conocimiento y aportar al desarrollo regional y nacional en un contexto económico adverso.

Impacto salarial y económico

Uno de los puntos centrales del reclamo es la pérdida del poder adquisitivo de docentes y Nodocentes.

Según el documento, desde 2024 los trabajadores universitarios dejaron de inyectar aproximadamente $716 millones mensuales en la economía local y regional, generando un impacto directo en el circuito productivo de Villa María y su zona de influencia.

Es en esa línea que el Consejo Superior sostuvo que “la educación superior es una responsabilidad indelegable del Estado y un derecho social fundamental”.

Por ello, exigió “un financiamiento adecuado, oportuno y estable” que permita previsibilidad institucional y planificación a mediano plazo.

Por otro lado, la UNVM demandó la aplicación plena, inmediata y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por el Congreso el 2 de octubre de 2025 y cuya implementación permanece suspendida.

La institución advirtió que la normativa es clave para garantizar sostenibilidad y crecimiento progresivo de la inversión pública en universidades, ciencia y tecnología.

En sintonía con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo Superior solicitó la inmediata convocatoria a paritarias universitarias y la urgente recomposición salarial mediante mecanismos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

El pronunciamiento también cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar artículos centrales de la ley vinculados a partidas presupuestarias y recomposición salarial.

Según la UNVM, la iniciativa profundiza el ajuste al atar el financiamiento únicamente a la inflación pasada, sin contemplar la pérdida acumulada durante 2024.

Desde la universidad manifestaron además su rechazo a cualquier avance en materia de flexibilización laboral que afecte la estabilidad y los derechos adquiridos en el ámbito universitario. Consideran que esas medidas contradicen los principios de negociación colectiva y justicia social.

Finalmente, la UNVM convocó a toda la comunidad universitaria a sostener acciones institucionales, democráticas y colectivas en defensa de la educación superior pública, gratuita e inclusiva.

El documento enfatiza que no se trata solo de una discusión presupuestaria, sino de garantizar condiciones mínimas para actividades académicas y científicas estratégicas para el desarrollo del país.

El reclamo se suma a los posicionamientos nacionales del sistema universitario público, que advierte sobre el riesgo de deterioro estructural si no se garantiza un financiamiento universitario estable y previsible en el corto plazo.